Por Juan P. Castel

Se ha dado el banderazo de salida para la campaña electoral anticipada, la lucha política formal en Guatemala es una lucha que representa el enfrentamiento entre fracciones de la burguesía nacional, tanto la tradicional y oligárquica como los sectores de las nuevas burguesías, representadas por las agrupaciones de militares cuya acumulación primitiva del capital, tiene su origen en la guerra civil de los años 1954-1996. Así como el aparecimiento de partidos pequeñoburgueses como Semilla y campesinos como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Las elecciones generales del año 2019 estarán marcadas claramente por el enfrentamiento político y la polarización social emanada de la lucha contra la intervención extranjera que busca oxigenar el demacrado régimen de reacción democrática de 1985 bajo la bandera del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y su versión política emanada de los órganos paragubernamentales del imperialismo. Este enfrentamiento ha consolidado ya dos posiciones marcadas claramente, no solo en los discursos, sino en la lucha dentro y fuera del Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo y el Judicial, así como sus repercusiones exteriores, en la palestra de la política internacional en lugares tan comunes como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Es así como el precedente cocinado por la lucha entre la oligarquía nacional y sus diferentes cámaras gremiales organizadas en el CACIF, respaldando en último momento la ofensiva presidencial contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), demuestran una escalada en la controversia con respecto al mandato de la comisión, controversia marcada como la frontera que dividirá a los partidos de cara a la carrera electoral, y demostrado una vez más la carencia programática de las organizaciones políticas de la burguesía, mas entregadas al mitin y a las proclamas vacías que a buscar resolver los problemas esenciales que sufren las masas populares en Guatemala.

Los partidos que representan a los sectores más tradicionales de la burguesía nacional, que han cerrado filas detrás del gobierno al tener algunas de sus personalidades enjuiciadas por financiamiento electoral ilícito, por la inyección de dinero no declarado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la pasada contienda a favor del partido de gobierno. El enfrentamiento ha ido consolidado por un lado, de cara a  favor y en contra del trabajo de la CICIG.

Los partidos de la derecha que representan los intereses de la burguesía tradicional oligárquica, así como de los sectores de la nueva burguesía, han ya colocado algunos a sus precandidatos a la presidencia, recordado que Guatemala es un país altamente presidencialista, donde la figura del abanderado a la primera magistratura del Estado, tiene peso sobre elecciones menores, como las de la legislatura y las corporaciones municipales.

La lucha de frentes

Toda lucha en el ámbito político de la estructura del régimen, es la manifestación de una lucha en la base de la sociedad. Por esto es claro que, la participación de 27 partidos políticos para las elecciones generales del año 2019, representan una atomización de la base social, de sus proyectos y de las demandas de los grupos, capas y clases que en ella tienen cabida.

En una democracia burguesa joven como la guatemalteca, donde la longevidad partidaria es de 10 años y donde ningún partido que haya hecho gobierno logra sobrevivir a la dispersión de una burguesía carente de ideología práctica y de consignas que agrupen orgánicamente a su clase, no se puede hablar de partidos tradicionales. Hay expresiones ejemplares, como la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), una suerte de partido con discurso social-patronal que representa a sectores de la burguesía excluida del control del Estado y que vuelve a proclamar a la ex primera dama del país, Sandra Torres, para disputar la presidencia.

Pero la lucha de los frentes que se organizan de palabra alrededor de la polémica generada por la CICIG, ha hecho emerger grupos y partidos que representan a la clase media urbana y a la pequeña burguesía tecnócrata desesperada con la administración que la burguesía ha hecho del Estado desde 1985, directamente o por medio de sus operadores políticos.

La lucha se va definiendo a través de posiciones que serán cambiadas con el rápido avance de los días que nos separan del domingo electoral, conformándose claramente dos frentes políticos, que no son dos frentes ideológicos de izquierda y derecha, como falsamente nos han querido vender en los medios masivos de prensa de la burguesía, sino frentes de la vieja lucha entre liberales y conservadores; los primeros afines al plan de oxigenación del imperialismo que busca salvar el régimen de reacción democrática instaurado en 1985 y los segundos de cara a preservar la distorsión de ese mismo régimen que les beneficia por medio de la corrupción estatal, sus privilegios como clase ante el pueblo de Guatemala.