Por Leonardo Ixim

Oficialmente la campaña electoral inició el 20 marzo, según las últimas reformas electorales, que dividen el proceso electoral en tres fases; el de la campaña es el segundo y dura ahora tres meses. La característica central de esta segunda fase es la presentación de propuestas de gobierno y la promoción de las candidaturas, los rostros y los nombres de quienes disputarán esos cargos. Por ende las calles y carreteras del país, aunque en menor medida que en otros procesos electorales -debido a los controles más estrictos sobre el financiamiento de los partidos y la reducción de techo de campaña- estarán abarrotadas de publicidad,  contaminando visualmente.

Una novedad es que las candidatas punteras son mujeres y lo demuestran las encuestas; éstas, mas allá de la validez como método preciso de medición y su capacidad de influir en los resultados a partir de posicionar imágenes en el público, miden cierta opinión de grupos muestrales en momentos precisos.

De las tres últimas encuestas publicadas, dos de Cid-Gallup (la primera del 24 de enero al 6 de febrero y la segunda del 16 al 25 de febrero) y una de Consulta Mitosfsky del 8 al 11 de febrero, las primeras muestran a Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como puntera con 17 por ciento la primera y 17.7 % en la segunda, pero siendo la candidata que muestra mas anti-voto. La de Mitofsky muestra a Thelma Aldana del Movimiento Semilla como puntera con 28.1 %. Zury Ríos, del partido VALOR, en las de  Cid Gallup se muestra tercera y en la de Mitofsky segunda.

Los otros 20 binomios que participan -entre ellos cuatro de izquierda- no rebasan el uno por ciento. De los que logran rebasar el mejor ubicado es Alejandro Giammatei del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), ubicándose en las tres encuestas en cuarto lugar; por otra parte, Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana (PC) en quinto lugar y Roberto Arzú por la alianza Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, la única la alianza para elección presidencial,  en sexto lugar respectivamente, aunque solo mencionados por las encuestas de Cid Gallup.

Para esta contienda están inscritos 27 partidos políticos; de esos participan 23 binomios presidenciales. De los partidos participantes, el Partido Liberal Guatemalteco no logró presentar candidaturas, pues un importante sector se opuso a nominar al ultra derechista Ricardo Méndez Ruiz a candidato a presidente y otro partido Bienestar Nacional, apoyado por el ex presidente Alfonso Portillo solo participará nominando candidatos a Corporaciones Municipales y diputados.

A excepción de los cuatro partidos de izquierda reformista, la mayoría de agrupaciones son de ideología derechista o centro derecha  -aunque lo escondan- y dos son de centro izquierda,  Semilla y Libre. Podríamos decir que todos o representan fracciones del capital o camarillas financiadas por éstas; Libre posiblemente no representaría eso, mientras Semilla apoya una candidata cercana a ciertos intereses imperialistas.

Política judicializada

Una de las características de este proceso es la denominada judicialización de la campaña electoral. Esto se refiere a que la disputa de los votos y la eliminación de los caudales de votos a favor en contra de alguna candidata pasan por procesos judiciales, que no muchos consideran que así se termina de desprestigiar la política, la figura de los partidos políticos y por ende de toda la democracia representativa que se conforma a partir del sistema electoral.

Primero Zury Ríos, hija del ex golpista Efraín Ríos Montt va acompañada por el candidato a la vice-presidencia Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y afín a los intereses más reaccionarios del capital.

Originalmente el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó  a inscribirla porque la Constitución Política menciona que los hijos de los caudillos golpistas no pueden participar. La Corte de Constitucionalidad (CC) ya había amparado al TSE, que pese a inscribirla tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde le obligaba a hacerlo, apeló el  fallo ante la CC. Ésta a su vez adujo que “las circunstancias no hacen aconsejable el amparo otorgado por la CSJ a Ríos“; sin embargo, después de dimes y diretes en las cortes,  entre estas y el TSE, recién la CSJ amparó definitivamente a Ríos Sosa para inscribirse como candidata presidencial. Este binomio representa élites de ex militares anti-comunistas y contra-insurgentes y es apoyada por los sectores más conservadores del imperialismo gringo.

El caso de la UNE

Por su parte, la  ex primera dama Sandra Torres irá acompañada de Carlos Morales, ex canciller en los gobiernos de Pérez, Maldonado y Morales, para la vice-presidencia, siendo éste alguien que está en sintonía con la política exterior gringa. El gobierno de la UNE aplicó programas de carácter asistencialista, además de representar sectores emergentes del capital en la producción textilera y farmacéutica y algunos tradicionales como la agro-exportación.

Recientemente la Fiscalía de Delitos Electorales responsabilizó a Torres y a varios diputados por el delito de financiamiento ilícito y anónimo, por donaciones anónimas de 40 millones de Quetzales;  presentando pruebas y buscando la apertura de un proceso penal contra Torres y el retiro de su inmunidad por ser candidata, pero el pleno de la CSJ la exoneró de estos delitos.

Se rumora que si Ríos es sacada de la jugada y otros candidatos cercanos al capital tradicional no repuntan, Torres seria su candidata preferida ante el miedo que le tienen a Thelma Aldana. Torres por su parte ha trabajado constantemente para que eso sea así.

Thelma Aldana

Por su parte Aldana, ex fiscal del Ministerio Público, quien trabajó de la mano con la Cicig en varios casos de corrupción que afectaron a varios actores de la casta politiquera del país -el denominado Pacto de Corruptos-, sería apoyada por los sectores liberales del imperialismo, sobre todo los que promocionan la línea de defensa de los derechos humanos. Va acompañada por Jonathan Menkos para la vice-presidencia, un economista keynesiano, ex director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales con proyección en toda Centroamérica y una línea progresiva en materia fiscal,  propuesto por Semilla (este partido fue formado por ex funcionarios del gobierno de la UNE, intelectuales socialdemócratas y profesionales que emergieron tras las movilizaciones de 2015). La dupla Aldana-Menkos estaría apoyada por el sector mas modernizado del capital, el de Bosh-Gutiérrez, sobre todo Dionisio Gutiérrez, aunque éste apoya otras opciones como la de Encuentro por Guatemala.

En los últimos días los sectores mas inmovilistas del estatus quo han buscado entorpecer su candidatura, logrando una orden de captura emitida al mismo tiempo en que el RC autorizaba su candidatura, al momento que Aldana se encuentra en El Salvador. Esto sería por los delitos de peculado, sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria por la autorización de  una plazas fantasma en el MP al actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, quien cobró Q20 mil mensuales por cursos de capacitación a personal del MP pero que, según las pesquisas, no se presentó a laborar.

Ademas tiene otros dos señalamientos; el  primero es por supuestas anomalías en la compra, en 2017, de un edificio para el MP que costó Q35 millones y que estaría sobrevalorado; y el segundo presentado por la Contraloría General de Cuentas, se trata de la existencia de otra plaza fantasma que se le adjudicó a José Carlos Marroquín cuya familia es dueña del vespertino La Hora y financista de Aldana, quien cobró Q1 millón, pese a estar asilado en EE. UU.

Otros candidatos con problemas para participar son Edwin Escobar por Prosperidad Ciudadana, actual alcalde de Villa Nueva, quien va acompañado de Blanca Odilia Alfaro ex alcaldesa de Masagua para la vice-presidencia. Aquí la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó un antejuicio contra Escobar ante un juez pesquisidor por anomalías en la suscripción de un contrato para la administración de la cuenta corriente del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Igualmente Mauricio Radford, postulado por el partido Fuerza, que tiene un proceso seguido por la Fiscalía de Delitos Electorales por alterar y cambiar un acta en una actividad de ese partido en 2015.

Por una política de la clase proletaria

Desde el marxismo revolucionario sabemos que las elecciones son la arena donde las distintas fracciones de la clase dominante se disputan los espacios de poder dentro del Estado, mientras que para las fuerzas representativas de las clases populares y proletarias, las elecciones deben ser el espacio de denuncia, bloqueo de iniciativas de la burguesía, pero también de aprovechar para movilizarse contra el sistema capitalista.

Tanto Aldana, Ríos y Torres, representan fracciones del capital, si bien las ultimas dos estarían mas cercanas al denominado Pacto de Corruptos, representantes de la vieja política. En el caso de Aldana, con todo su discurso de ataque a la corrupción -sin duda un síntoma de la política burguesa- y la afectación por los procesos penales contra algunos actores que con su acciones afectan los intereses estadounidenses, sería la renovación del régimen político, portavoz de una nueva política.

Pero lo que muestra este fenómeno de la  judicialización electoral, es que se necesita una otra política desde abajo, parafraseando al zapatismo. Y como han mencionado algunos dirigentes y candidatos de los partidos de izquierda, una política que sin caer en la ilusión del parlamentarismo burgués utilice la arena electoral para defender los derechos de la clase trabajadora y cuestione al sistema.