Por Joseph Manuel A. Herrera

Muchos estudiantes ignoran lo que pasa en la USAC estos días; no conocen las marufias que están llevando a cabo en los pasillos de la Rectoría los que dicen administrar la única universidad pública del país. Por esto me dedicaré a explicar: ¿Qué es la Privatización? ¿Con qué se come? ¿Qué engaños usan para que el estudiantado y otros sectores que serán afectados por ellas, la acepten e incluso la apoyen? ¿Quiénes la promueven? ¿Qué ganaran los que hoy están mutilando la única universidad estatal del país? Y terminaré dando algunas líneas que pueden servir al estudiante en esta lucha: ¿Con qué herramientas cuenta el estudiantado para vencer a los privatizadores? ¿Qué es lo que se está defendiendo? Para esto usaré tres artículos, que saldrán consecutivamente.

1.- ¿Qué es la Privatización?

La privatización es un modelo de mercado derivado de la escuela económica de Chicago, bajo los preceptos del neoliberalismo económico, que busca reducir el llamado Estado de bienestar, atacando los servicios públicos y sociales que brindan los diferentes Estados nacionales en beneficio de las amplias mayorías del pueblo. Esto quiere decir que el neoliberalismo, en contraposición al Estado de bienestar (keynesianismo), busca reducir el Estado y sus servicios a la población. Por ejemplo, desde finales de los 80s e inicios de los 90s y con la finalización de las guerras civiles en Centroamérica –derrota pírrica de la revolución centroamericana–, se abre una etapa de desmembramiento de estos servicios públicos, bienes de toda la población. De esta época data la privatización de la empresa aérea nacional (AVIATECA) que nos servirá de ejemplo entre otras, para ver la ideología político-económica de los agentes del neoliberalismo, del cual el actual rector Murphy y su camarilla son solo sus últimos representantes.

a) La Privatización de los bienes del Estado

Debido a la descapitalización promovida por el saqueo continuado de los diferentes gobiernos, AVIATECA se vio obligada a vender una parte de sus activos al capital privado del entonces consorcio salvadoreño: Transportes Aéreos del Continente Americano S.A. (Grupo TACA), ahora Avianca. Esto durante el gobierno de la Democracia Cristiana (DC) de Vinicio Cerezo (1986 - 1991), –recordado por los abuelos y los padres, como la gran decepción–. Hacia inicios de 1990 ya no existía una aerolínea estatal en Guatemala. Con la retórica vacía de una empresa que solo busca “eficiencia económica” haciendo crecer sus réditos o su equivalente público-estatal: el aparente “crecimiento económico” de las arcas públicas, se inició el vaciamiento de los activos del Estado de Guatemala en beneficio del ensanchamiento y crecimiento de las cuentas corrientes de los ministros, que pasaban a ser gerentes y miembros de juntas directivas de las empresas públicas privatizadas, volviéndose millonarios de la noche a la mañana. Esto es algo así como, provocar la enfermedad y dar la cura, un ganar, ganar.

b) El Mantra Neoliberal, una ideología del saqueo

El mantra neoliberal es sui generis en Centroamérica, a diferencia del sur de continente, donde fueron las dictaduras militares de corte derechista las que promovieron la venta de los bienes del Estado –es el caso de Brasil, Chile, la Argentina y Uruguay–, en beneficio de los empresarios que sostuvieron materialmente sus continuados golpes de Estado.

En Centroamérica son los gobiernos civiles, ya en el régimen democrático, los que profundizan esta práctica de saqueo y rapiña de lo público en favor de lo privado. Todo esto tiene un marcado carácter ideológico y bélico, pues las operaciones de las diferentes guerrillas en el istmo centroamericano imposibilitaban la inversión del capital privado nacional y extranjero, al ser inversiones riesgosas en un escenario de guerra. Es con los Acuerdos de Esquipulas I y II promovidos por el reaccionario Grupo de Contadora (México, Colombia, Panamá y Venezuela), de los que se llena la boca hoy en día el senil Vinicio Cerezo y su fundación de cartón, Esquipulas, cuando se consigue la necesaria paz en el campo y la ciudad, para asegurar la buena marcha de los negocios y el rédito creciente de las inversiones. Como cantaba el trovador anarquista español: “Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud”. Y lo demostraré en estas líneas.

Durante el tiempo de Cerezo el mantra de la privatización se llamaba desincorporación de los bienes del Estado. Fue durante el gobierno oligárquico-empresarial de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), que este mantra se volvió un credo con fisonomía ideológica. Se puede recordar la paráfrasis que Arzú hacía del mismo: «Solo los empresarios gestionan bien y no roban porque ya son ricos». A la luz del tiempo trascurrido y el peso de la historia, se comprueba la perversa mentira que se esconde detrás de este postulado, pues la familia Arzú es una de las que no solo han vendido lo público cuando esto es más rentable para ellos, que su ya natural instrumentalización de las corporaciones municipales para ensanchar su fortuna (1986- 1990) y (2004-2018), licitando bienes y servicios millonarios que requiere la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, en favor de las empresas familiares bajo prestanombres. Esto es a lo que le llaman hipócritamente los tecnócratas del neoliberalismo: “democratización del capital”, que no es más que la defensa alevosa del saqueo de los bienes públicos en favor del interés particular, sectario y mezquino.

Pero el neoliberal salvaje que esperamos nunca descanse en paz, Álvaro Arzú, profundizó el saqueo de los bienes del Estado. En su período se finiquitarían las arremetidas para la privatización de las bandas de telefonía, iniciada en tiempo de Cerezo; que derivó en la privatización de toda la industria de telecomunicaciones estatal (GUATEL). En esos días que siguieron a la privatización: COMCEL, ahora TIGO, del único milmillonario que tiene Guatemala y también evasor de impuestos Mario López Estrada, que hizo su fortuna de la noche a la mañana, saltando de la administración pública a la administración de lo público privatizado: “Aunque antes de convertirse en un potentado de la telefonía privada, [Mario] López se desempeñó como gerente de la empresa estatal de telecomunicaciones y como viceministro de Comunicaciones de la administración que tomó la decisión de privatizar el sector [una rareza, que comprueba nuestra posición], según su perfil en Forbes sólo empezó a comprar acciones de COMCEL en 1993, cuando ya había abandonado el gobierno”.  (BBC Mundo, del 19 de octubre del 2017). Con los años también se licenció a precio de quemazón a CLARO, para utilizar la banda telefónica nacional, que forma parte del monopolio latinoamericano de telefonía del multibillonario Carlos Slim, un reconocido defraudador de impuestos en México y demandado en más de una docena de países por violación de derechos laborales. Este es el desarrollo que se promete, un iluminismo que en realidad solo es una ilusión óptica, que encubre el verdadero interés por desintegrar las empresas estatales.

Otro caso es el de la explotación minera, que era hasta entonces monopolio del Estado; la producción, distribución y venta de energía eléctrica, negocio “amiguetes” que terminó vendiendo bienes públicos a precios de remate, que al igual que el de las telecomunicaciones benefició directamente, y que misteriosamente quedaron en manos de todos los allegados al entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen. Así como a parientes de tercer y cuarto grado de los nuevos ricos nacionales, nacidos a la sombra de los negocios espurios con el Estado, durante la guerra y después de ella. Como dice la gloriosa Chalana, que debería ser himno nacional:

“Patria, palabrota añeja

por los largos explotada;

hoy la patria es una vieja

que está desacreditada.

No vale ni cuatro reales (¡cabales!)

en este país de traidores;

la venden los liberales

como los conservadores.”

c) Los saqueadores causan la enfermedad y compran la cura

La venta después de la artificial quiebra de la empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), a la canadiense Railroad Development Corporation (RDC), decimos artificial quiebra, porque esto es un método de los agentes de la privatización, desfinanciar, saquear y volver ineficiente los servicios públicos, para después recetar la cura por medio de la venta de lo público a lo privado, de lo que ellos también se benefician directamente comprando o recibiendo casi regalados los derechos sobre los bienes de todos. Por ejemplo en las coimas, regalos y demás dinero que los empresarios dan para las aguas y ahora conocido en los últimos días a la luz de los últimos casos de corrupción (La Red TIGO-Baldetti) en la negociación de la “ley de telefonía” como: champurradas; que no es otra cosa que el dinero que se les da a los diputados y ministros del Estado, para que aprueben una ley que beneficia a este o aquel sector empresarial; o en el caso de los ministros, recibir dinero debajo del agua, para aprobar una licitación de obra pública, el caso del fugado Alejandro Sinibaldi (ex ministro de comunicaciones del gobierno del PP) que junto con la bancada del extinto partido LIDER (“la oposición”) negociaron la obra pública de carreteras a la multinacional Odebrecht, intervenida y perseguida legalmente en más de 20 países de Latinoamérica, por fraude. Por obras que los diferentes gobiernos pagaron casi en su totalidad y que nunca se entregaron –ni se entregarán–. Aquí está ese mantra de la privatización, bajo la radiografía que solo puede conceder la historia.

La empresa nacional de correos. Se deja morir el correo nacional desfinanciándolo, para promover las empresas de envíos privadas trasnacionales. La obra pública de gran envergadura, el usufructo de tramos de carretera en manos privadas, la exploración y la explotación petrolífera, a precio de remate pasó a manos del sector privado organizado nacional (CACIF) y de un puñado de inversores, agentes del capital trasnacional. Ejemplos del paisanaje hay muchos, ahí donde el Estado debe llevar servicios a la población, es remplazado por el interés privado; son los finqueros, los plantadores de palma, los ganaderos extranjeros, los que se benefician de las carreteras y demás infraestructura vial. Ahí donde los dos propietarios del cartel de la telefonía (TIGO y Claro) requieren sacar adelante beneficios y fortalecer su mercado, tienen a su servicio toda la institucionalidad publica, dándose el caso de aprobar leyes que violentan el código de trabajo, para poder pagar menos del mínimo a vendedores de paquetes telefónicos, menos aún, a los proletarios rurales que hacen su vida en las fincas y palmeras. La patria no es de todos, pues la finca es de unos pocos. 

¡Ahí está la maravilla, ahí está la eficiencia de lo privado! Un saqueo a la luz del día sin parangón, sin pistolas; no lo ejecuta un pobre con hambre de esta o aquella barriada de las zonas peligrosas de la ciudad. El saqueo lo llevan adelante los “llamados honorables de la patria”, en sus carros de alta gama, pagado con el dinero robado de los bienes del Estado. Esos cuellos blancos, que se hacen de la noche a la mañana millonarios y por cosa rara, después de haber participado de la administración pública, se dedican a cuidar sus caudales mal habidos. Ahí está el progreso que le prometen a desclasados y demás creyentes ingenuos, el progreso de sus cuentas bancarias.