Por Leonardo Ixim

Después de ocho días de movilización desde la cabecera departamental de Quetzaltenango, el pasado 8 de mayo llegó al centro de la ciudad capital la Marcha por la Dignidad, la Vida y la Justicia, promovida por la Asamblea Social y Popular.

Esta marcha, que inició el primero de mayo, se movilizó por toda la carretera interamericana durante doscientos kilómetros hasta llegar a la capital. Si bien no fue tan numerosa como otras marchas campesinas similares, demostró el carácter combativo de los pueblos indígenas y de sectores populares que la acompañaron, al rescatar y mantener una tradición de las comunidades situadas en lugares lejanos al centro neurálgico del poder político y económico, y hacer presente en éste el repudio al régimen político y al modelo económico neocolonial, extractivista y dependiente vigente.

La ASP, cuya mayor organización es la histórica organización Comité de Unidad Campesina, y que es acompañada por otros sectores sindicales, populares, de mujeres, jóvenes, de la sexo-diversidad y otras, repudió a los partidos políticos derechistas, que son la mayoría en esta contienda electoral,  por ser portadores del mismo modelo social y correas de transmisión de las facciones de la burguesía y de la súper cúpula oligarca.

Una de las demandas mas sentidas fue la denuncia contra actos de criminalización, intimidación y judicialización contra mas de 600 luchadores sociales o defensores de derechos relacionados a la tierra y el territorio y la persecución contra los derechos laborales y sindicales; a eso se suman el asesinato y persecución política a integrantes de diversas organizaciones campesinas como el CUC, el Comité Campesino del Altiplano, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, el Comité de Defensa Campesina, así como organizaciones comunitarias de base y territoriales en todo el país.

Otras de las demandas que levantaron fue el rechazo contra leyes que pretenden impulsar los legisladores de bancadas de partidos conservadores en el Congreso de la República, como la iniciativa 5272 que aumentará las penas para las niñas y mujeres que aborten y prohibirá la educación sexual en los centros educativos del país; las reformas al Código Penal que otorgarían libertad a presos mayores de setenta años (Prensa Comunitaria 03-0505-19); esta pieza en especial tiene una dedicatoria a favor distintos personajes como el ex presidente Otto Pérez Molina y otros, procesados penalmente por casos de corrupción.

Además, también plantearon, aunque vagamente, una posición con respecto al proceso electoral que está en marcha. Su postura es similar a la de la ASP en 2015, que fue el voto nulo, solo que en esta ocasión se planteó veladamente; nosotros desde el Partido Socialista Centroamericano consideramos que es más pertinente llamar a realizar un voto crítico y por las candidaturas populares de los cuatro partidos que se definen de izquierda, es decir Convergencia, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, URNG-MAIZ y WINAQ.

Pese a eso, consideramos que es oportuna la movilización popular en una época electoral, para repudiar a los partidos burgueses y en contra de la clase dominante que sostiene el modelo; todas las movilizaciones como esta son importantes para propagandizar contra los enemigos de clase, si bien sus demandas son democráticas y no estructurales, como el tema de la reforma agraria, el derecho a la tierra y la defensa del territorio una demanda sentida del campesinado y de las comunidades rurales.

Por otro lado, en ciernes está la iniciativa de Infraestructura Vial en el Congreso de la República, que profundiza el modelo neoliberal. En el último Encuentro Nacional de Empresarios promovido por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, ligado a diversos núcleos oligarcas, se planteó un proceso de privatización de las vías, justificando su falta de mantenimiento y extensión. Por medio de la creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial acompañada de un fondo alimentado con más endeudamiento y los impuestos al petróleo que pagan los consumidores, donde las empresas constructoras serán juez y parte; así como la concesión de peajes a estas empresas para que administren las carreteras. Esto ya fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructuras y Vivienda.

Todos los partidos de derecha y centro pretenden impulsar este y otros proyectos neoliberales. Desde las organizaciones populares debemos hacer frente común contra estas iniciativas que el próximo gobierno pretende imponer, rescatando los instrumentos unitarios como fue la Central de Organización Campesinas (CNOC) junto al existente Movimiento Sindical Autónomo de Guatemala y otras expresiones articuladoras.