Por Leonado Ixim

Como cada cuatro años, acudimos a un nuevo proceso de nominación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, por medio de dos Comisiones de Postulación que proponen, 26 candidatos para la primera y 90 propietarios y 60 suplentes para la segunda,  para que el Congreso seleccione finalmente.

Este año el proceso coincidió con las elecciones generales, generado una combinación de intereses entre los grupos de presión que participan regularmente en las postuladoras, los partidos políticos y los núcleos de las distintas fracciones de la burguesía que tienen relación o no con estos grupos.

Estos grupos de presión se conforman a partir de su participación en estas comisiones, es decir   jueces, el gremio de abogados y de las universidades, situación instituida con las reformas constitucionales de 1994 y regulada con una ley especial hasta 2009.

En 2017 la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), con el acompañamiento del Ministerio Público, dirigido en ese entonces por Thelma Aldana y en un primero momento con el apoyo del gobierno de Jimmy Morales, presentaron al Congreso un cambio en el proceso de designación de las cortes, por medio de una reforma constitucional.

Como forma de canalizar y desviar por medio de reformas superestructurales, las exigencias  aparecidas al calor de las movilizaciones de 2015, se buscaba aprobar tales reformas y  previamente con  Mario Taracena de la UNE  como presidente de la Junta Directiva del Congreso se reformó la Ley de la Carrera Judicial, otorgando nuevas funciones al  Consejo de la Carrera Judicial,  instancia que se limitaba a la promoción a nivel de jueces de primera instancia y a examinar denuncias al interior del sistema judicial. En 2017 la CICIG introdujo al Congreso la iniciativa de  reforma constitucional durante la presidencia de Oscar Chinchilla del partido CREO; al final como sabemos se estancó y al interior del Congreso las fuerzas conservadores lograron el control.

Actualmente la Comisión de Postulación para elegir nuevos magistrados de la CSJ está presidida por Félix Serrano, rector de la privada Universidad Mesoamericana. Mientras que la comisión para elegir magistrados de Cortes de Apelaciones está presidida por Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos, señalado de distintos casos de corrupción.

La primera comisión se conforma por un representante de todos los rectores quien la preside, los decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de todas las universidades, por un número equivalente de representantes electos por la  Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de Cortes de Apelaciones y demás tribunales que constituyen el Organismo Judicial. Esta última elección la realiza un instituto conformado por los mismos magistrados, procedimiento que acaba de ser cuestionado.

La postuladora para elegir magistrados de apelaciones, está conformada por un representante de los rectores de las universidades del país quien la preside, por los decanos de tales facultades, por un número equivalente de representantes electos en asamblea del CANG y un número equivalente de  miembros electos de magistrados de la CSJ.

Ahora se evidenció el vicio del proceso, tras un fallo favorable de la Corte de Constitucionalidad  sobre dos amparos. Uno promovido por el abogado Noé Ventura que cuestionó el procedimiento para elegir los representantes de los magistrados de apelaciones  y el otro por la Fundación Mirna Mack, específicamente porque el Consejo de la Carrera Judicial no cuenta con un reglamento aun y además en este proceso, presentó una nómina sin un adecuado instrumento de evaluación de los jueces y magistrados que quieren ser promovidos. 

Recapitulando, lo que se tiene es un procedimiento mixto, por un lado corporativo establecido, ya que es manipulado por sectores conservadores y por otro de selección interna -de carrera judicial- que no termina de nacer por la negativa de estos sectores; aunque el segundo tampoco garantiza la tan cacareada libertad judicial que las democracias burguesas  pregonan.

Consideramos que la forma más democrática de elegir a jueces de paz, de instancia, magistrados de apelaciones y supremos, es su elección directa por la población, entre especialistas en la aplicación de justicia. Esto porque tanto el sistema actual de postuladoras por su carácter corporativista representa sectores particulares, como porque el de la carrera judicial establece una instancia que, aunque independiente de algunos sectores, se convierte en un poder propio cuya función en última instancia es defender el estatus quo.