Por Leonardo Ixim y Armando Tezucún

Después de finalizar el proceso electoral se vislumbra el nuevo mapa político, aunque tomando en cuenta las características del sistema de partidos políticos, al ir finalizando este periodo existen muchas probabilidades que este panorama cambie.

Uno de los aspectos más relevantes es el proceso de cancelación abierto contra 14 partidos políticos que participaron en el proceso electoral. Por violar normas de financiamiento electoral están el gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (Viva) y Compromiso Renovación y Orden (CREO). Por haber obtenido en la elección menos del 5% de los votos válidos están: Unidos, Partido Productividad y Fuerza (PPT), Avanza, Libre, Convergencia, Encuentro por Guatemala y Fuerza. Finalmente, por perder la organización partidaria legalmente requerida (50 municipios y 12 departamentos), Partido Liberal de Guatemala (PLG) y Mi País, los cuales no lograron participar en los comicios por esa razón.

¿Será cancelada la UNE?

El caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es especial porque se convirtió, pese su derrota en la segunda vuelta, en la fuerza con más Consejos Municipales, 108 alcaldías en total, además de 52 diputados; durante mucho tiempo ningún partido había conseguido esos resultados a nivel del Organismo Legislativo. Este capital político acumulado sin duda obedeció no solamente a la imagen de la candidata presidencial Sandra Torres, sino sobre  todo al despliegue y organización territorial con que la UNE cuenta, articulándose con una serie de liderazgos y caudillos locales, pero también con organizaciones comunitarias y paradójicamente muchas afines a las ideas y proyectos democráticos y algunos con cierta participación de la izquierda, por lo menos a nivel local.

Todo esto le posibilita desplegar una serie de políticas asistencialistas y clientelares y conforma a la UNE como el partido mejor organizado. Y en un sistema de partidos tan fragmentado, donde éstos tienen corta duración, conformándose como maquinarias electorales tal como el partido de actual de gobierno el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y el próximo partido de gobierno VAMOS, la UNE se asemeja a lo que se entiende como partido político con cuadros organizados, persistente y sostenible en el tiempo, es decir institucionalmente conformado; y con una identidad ideológica -presumiblemente- socialdemócrata aunque más cercano a posturas social-liberales, miembro de la Internacional Socialista.

Sandra Torres arrestada

Pero terminado el proceso electoral lo esperado cayó sobre la UNE, sobre todo sobre la ex candidata Sandra Torres Casanova, su principal figura. La Fiscalía Contra la Impunidad solicitó el arresto de Torres por varios delitos relacionados al financiamiento ilícito en la campaña de 2015, arresto efectuado el 2 de septiembre. De tal forma que se detectó un esquema conformado por varias empresas que donaron dinero y recursos materiales a la campaña electoral de ese año, sin identificar el origen de esos fondos ni registrarlos en las cuentas bancarias del partido, según lo manda la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una suma que asciende a Q 26.7 millones.

Entre los involucrados está Gustavo Alejos, financista de la Une y ex secretario privado de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom. Además está Mario Leal, ex candidato a vice-presidente en 2015 ahora prófugo y con orden de captura internacional por ser uno de los que montaron este esquema de financiamiento ilícito; pero además este  ex funcionario del gobierno de Otto Pérez Molina, pertenece a un núcleo de la oligarquía -quizás el único que ha apoyado a la UNE- relacionado a la agro-industria azucarera con el Ingenio Pantaleón y a una serie de proyectos de construcción como el centro comercial Cayalá y otros. Además, este núcleo es uno de los interesados en la construcción del Corredor Interoceánico que unirá el departamento de Izabal en el Atlántico con el de Jutiapa en el Pacífico como parte de la conversión de Centroamérica en un gran puente para las mercancías a nivel mundial, entre otros proyectos similares en los demás países del istmo.

La UNE en la cuerda floja

Pero además del procedimiento penal que se lleva en los tribunales, la UNE tiene otro peligro que le acecha. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su Registro de Ciudadanos deberán resolver el proceso de cancelación de este partido. Esto, que es una posibilidad porque legalmente lo amerita, sería un golpe a los intentos de estabilización del sistema político, pretensión de algunos actores del imperialismo gringo porque implicaría la cancelación del partido más grande en la actualidad.

A lo cual se le suma, el hecho de que 52 diputados más una gran cantidad de alcaldes, síndicos y concejales quedarían sin partido. En el caso de los primeros las reformas electorales de 2016 prohíben que se sumen a una bancada -aunque podrían crear una independiente- y que asuman puestos de dirección en la Junta Directiva y en las comisiones de trabajo en el Congreso; esto podría generar un caos que beneficiaría a las fuerzas más conservadoras del denominado por la prensa Pacto de Corruptos. Sumándose el hecho de que esto fortalecería el gobierno de Giammatei, cuya bancada tan solo logró 17 diputados.

El turno del FCN-Nación

El 4 de noviembre el director del Registro de Ciudadanos del TSE anunció que el FCN-Nación, que llevó al gobierno al actual presidente Jimmy Morales, fue cancelado por infringir las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas.

El proceso de cancelación del partido oficialista inició hace 17 meses, a solicitud del Ministerio Público, por no reportar fondos por un poco más de Q 8 millones, utilizados en la campaña electoral de 2015, que fueron utilizados para pagar fiscales de mesas, publicidad y capacitaciones. Varios empresarios, miembros prominentes de la oligarquía, reconocieron públicamente su involucramiento en estos hechos ilícitos, y se solicitó suspensión de la inmunidad del presidente Morales para que enfrentara la ley, pero fue protegido por sus aliados en el Congreso, quienes votaron en contra de la suspensión. El año pasado el FCN-Nación presentó varios amparos para detener su proceso de cancelación, logrando que el 18 de octubre la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo le otorgara un amparo provisional. El caso fue suspendido el 18 de enero del presente año, al ser convocadas las elecciones generales, pues en ese período la ley prohíbe la suspensión o cancelación de partidos políticos; pero fue retomado el 1 de noviembre, al finalizar oficialmente el proceso electoral.

En el año 2017 el Registro de Ciudadanos ya había amenazado al FCN-Nación con la cancelación, por no haber reportado cerca de Q 7 millones en financiamiento, pero fue sancionado con una multa de US$ 60 mil, que el partido pagó. En este contexto se dio el primer antejuicio contra el presidente Morales, pero fue salvado por sus secuaces en el legislativo.

La resolución del TSE es apelable, teniendo éste un plazo de 14 días para resolver una acción en este sentido de parte del oficialismo. El partido tiene 3 días para presentar su apelación, el TSE tiene 3 días para evacuar audiencia, y 8 para resolver. Si la resolución del Tribunal continuara siendo negativa, el partido podrá presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, el 8 de noviembre el FCN presentó una acción de amparo ante el TSE, por lo que se espera que el caso lleve un proceso prolongado.

Dos escenarios para el FCN-Nación

Para los diputados oficialistas se abren dos posibilidades. Si se produce una cancelación del partido antes de que finalice la actual legislatura, el 14 de enero de 2020, el FCN-Nación perderá la presidencia de 10 comisiones legislativas y los tres puestos que tiene en la Junta Directiva del Congreso. Pero si el proceso se extiende más allá de enero, serán los 8 diputados electos para la próxima legislatura los que sufrirán las consecuencias, de acuerdo a las reformas de 2016, quedando como diputados independientes sin derecho a presidir comisiones ni a ser parte de la JD, entre otras prerrogativas. Los miembros del partido oficialista perderían también el derecho a recibir la deuda política, que asciende a US$ 2 por cada voto válido recibido, calculado en Q 2,785,561.04 según los resultados electorales del FCN-Nación.

Es muy probable que el proceso de cancelación del partido oficial se prolongue más allá de la actual legislatura. Si es cancelado, los afectados serán sus 8 futuros diputados. Sin embargo, esto no afectaría al nuevo balance de fuerzas en el Congreso que se instalará a partir de enero. El bloque más grande será el de la UNE, seguido por los 17 diputados de Vamos. Una eventual cancelación de la UNE sí afectaría grandemente la relación de fuerzas, fragmentando los bloques; una posible alianza entre los diputados del nuevo partido oficial y el resto de partidos de derecha en el congreso sumaría al menos 65 diputados, inclinando la balanza hacia las fuerzas más reaccionarias. Esto frente a escasos 8 diputados que obtuvieron los 3 partidos de izquierda, más 7 si agregamos a los progresistas de Semilla: 15 diputados para contrarrestar los proyectos de la derecha en el Congreso.

Por ello la verdadera oposición popular estará en las calles. Para ello urge la conformación de un frente unitario de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y populares junto a los partidos de izquierda, que de la batalla contra las medidas reaccionarias de gobierno y el Congreso que asumirán en enero de 2020.