Por Armando Tezucún

El acuerdo de “Tercer País Seguro” o “Acuerdo de Cooperación de Asilo” (ACA) firmado en julio del año pasado entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, supuestamente permitirá a migrantes no guatemaltecos tramitar sus solicitudes de asilo al país norteamericano desde el  territorio chapín, donde residirían temporalmente con comodidades básicas.

Sin embargo, a medida que se ha desarrollado la implementación del acuerdo, éste se ha revelado como un fiasco y una burla para los trabajadores migrantes salvadoreños y hondureños, evidenciando su carácter disuasivo destinado a desalentar la migración. Claro, el complemento para desalentar el flujo migratorio son las medidas represivas implementadas por el gobierno mexicano en la frontera con Guatemala, resultado de un acuerdo con el gobierno de Trump, acuerdo firmado bajo amenazas, al igual que la firma del ACA; y así mismo el endurecimiento de la represión en la frontera mexicano-estadounidense.

La primera persona que arribó a territorio guatemalteco enviado por las autoridades gringas bajo el ACA fue un hondureño, que llegó el 21 de noviembre de 2018, quien decidió regresar a su país. Hacia mediados de enero del presente año, 143 salvadoreños y hondureños habían sido enviados a Guatemala, a muchos de ellos ni siquiera se les informó de su destino, y solamente cinco decidieron quedarse y hacer el trámite de asilo. La decisión de regresar a las duras condiciones de violencia, desempleo y miseria de Honduras y El Salvador es motivada también por el total abandono e irresponsabilidad con que los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos han tratado a los migrantes trasladados al territorio guatemalteco.

El 15 de agosto de 2018 Mauricio Claver-Carone, asesor del gobierno de Trump para Asuntos Hemisféricos aseguró que para Guatemala recibir a los migrantes “no le significaría ningún costo”, que su gobierno “están comprometidos a ayudar a Guatemala bilateralmente” y habló de “organismos internacionales para cubrir los costos de este proceso y para crear la capacidad necesaria” (La Hora 8/01/2020). El ahora exministro de Gobernación Enrique Degenhart, firmante del acuerdo, aseguró varias veces que el convenio no le costaría a Guatemala ninguna erogación; el 7 de enero, en entrevista a Emisoras Unidas, explicó las razones por las cuales el gobierno de Guatemala no se hace cargo de los solicitantes de asilo diciendo: “Como Ministerio de Gobernación o como Estado no podemos hacer ningún tipo de erogación presupuestaria para darles es tipo de servicios colaterales o servicios de atención” (Idem).

Ante tal actitud criminal de ambos gobiernos, que se desentienden del cuidado de los migrantes, algunas organizaciones humanitarias se han hecho cargo. Al llegar al aeropuerto, el Instituto Guatemalteco de Migración les da 72 horas para que decidan si regresan a su país o se quedan en Guatemala a tramitar la solicitud de asilo. Luego son trasladados a la Casa del Migrante en la capital guatemalteca, a cargo de la Iglesia Católica a través de la Pastoral de Movilidad Humana, donde reciben alimentos, ropa, atención médica y psicosocial, y albergue; la asociación Refugio de la Niñez ha cooperado también en la atención a los migrantes. Ninguna de las dos recibe fondos del Estado para esa labor. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han colaborado también para el traslado de los migrantes a sus países de origen, y esta última apoya financieramente a los religiosos a cargo de la Casa del Migrante. Pero ambas organizaciones internacionales han dejado claro que no hacen parte del ACA y desconocen los anexos del mismo. Su intervención ha sido por razones humanitarias.

Exigimos al nuevo gobierno de Alejandro Giammattei la derogación de ese vergonzoso acuerdo, firmado bajo amenazas de represalias por parte del nefasto Donald Trump, que garantice el libre tránsito de centroamericanos migrantes y la expulsión de los agentes gringos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Para los migrantes el ACA es un fracaso y no deja otra opción que hacer el intento de llegar a los USA una y otra vez. El 14 de enero una nueva caravana con rumbo a Estados Unidos partió de San Pedro Sula en Honduras. El 15 llegaron en grupos a la frontera con Guatemala, donde hubo incidentes con la policía guatemalteca y agentes del ICE. Para el sábado 18 se calculaba en unos 4 mil migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que se dirigían en grupos a los puntos fronterizos con México. Mientras López Obrador les prometía cuatro mil empleos en México, la Guardia Nacional mexicana los contenía por la fuerza en el puente de la frontera Rodolfo Robles y capturaba a los que intentaban cruzar por los ríos fronterizos.