Por María Armas

El 2019, un año electoral para Guatemala, trajo entre sus múltiples y ya conocidos vaivenes del Congreso de la República, la inconformidad e incapacidad del mismo para poder aprobar un presupuesto que cumpliera con las necesidades de las y los guatemaltecos, basado en los resultados y operatividad de cada uno de los ministerios y dependencias del Estado.

En septiembre del año en curso se hizo una propuesta de presupuesto, por Q 89 mil 773 millones, la cual fue cuestionada por algunos sectores de los movimientos sociales, en especial por los recortes a los ministerios de Educación, Salud Cultura y Deportes. Este último tendría una reducción económica de Q. 62,659,000.00 en comparación al techo presupuestario del presente, razón por la cual colectivos de artistas tomaron la calle frente al Congreso de la República para manifestar la inconformidad y falta de atención que presta el Estado para incentivar el desarrollo integral de la población.

Así mismo otros sectores como el de educación solicitaban la aprobación de este presupuesto por el incremento directo al cual se le había hecho una probación de Q. 17,771,500.000 para el año 2020, estando Q. 1,248,913.575 por encima del presupuesto actual. Sin embargo, del presupuesto total para educación tan solo Q. 232,000,000 serían utilizados para la inversión física, lo cual deja muy poco margen para la construcción de nuevas escuelas y equipamiento de las mismas, sabiendo que Guatemala tiene el 12.31% de analfabetismo entre la población y una de las mayores deserciones a nivel latinoamericano, lo cual da como resultado que solamente 3 de cada 10 niños y niñas logran terminar la primaria. En muchos casos esto se debe a la inaccesibilidad y largas distancias que deben recorrer las y los menores para poder estudiar. Según la propuesta Q. 14,377,800,000 del presupuesto de educación serían utilizados para el Desarrollo Humano, cubriendo así pactos colectivos y garantían laborales para las y los maestros, pero en equidad con la extensión necesaria para lograr mayor alcance y mejorar la calidad educativa de la población guatemalteca. También fue cuestionado el presupuesto que sería asignado a la Universidad de San Carlos, ya que no representa el 5%, el cual según el artículo 84 de la Constitución debe ser tomado de la totalidad de los ingresos ordinarios del Estado, sin las reducciones que han sido aplicadas desde el año 1998, luego de la firma de los acuerdos de paz como una de las primeras acciones para cortar el desarrollo académico e intelectual del país. 

En la propuesta había un incremento al Ministerio de Defensa con Q. 125,401,000 en relación al año en curso, del cual el 77% será ejecutado para el gasto de Administración en la compra de armamento, en un país que no está en guerra. Otro ministerio que era beneficiado es el Ministerio de Energía y Minas con un incremento de Q. 10,908,000, del cual el 90% de su presupuesto será utilizado en gastos administrativos; al parecer el nuevo gobierno tendrá ojos puestos en las inversiones a estos ministerios, en continuidad a las acciones del gobierno de Jimmy Morales, el cual utilizó los recursos del Ministerio de Defensa para poner el estado de sitio en municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz, en los cuales existe extracción minera. SE hizo una reducción del 20% al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, en un país con problemas viales y carreteras en mal estado; conjuntamente a esta propuesta se han hecho carreteras privadas, incrementando el costo de vida de la población, que al no tener una carretera digna que brinde el Estado, se ve obligada a pagar por el uso de carreteras privadas. Sin inversión en este ministerio se abre la puerta a la concesión de carreteras.

Los operadores políticos del presidente electo empezaron a cabildear una nueva propuesta que ascendía a Q 91 mil 700 millones, pero sin alcanzar consensos entre los diputados. El 28 de noviembre la Junta Directiva del Congreso, en vista de que no se logró acuerdos para la aprobación del presupuesto 2020, decidió suspender las sesiones plenarias, venciéndose el plazo el 30 del mismo mes. Por tanto, el gobierno de Alejandro Giammattei deberá trabajar con el presupuesto de 2019, Q. 87,715,064,000, sin contemplar un ajuste inflacionario, el cual, a noviembre, presenta una variabilidad de 3.4%, el mismo del año anterior, por lo que el nuevo gobierno tendrá que hacer las modificaciones y extensiones para poder operar su agenda y continuar un proyecto político desde la visión militar que por tercera vez regresa al poder.

Tocará a las organizaciones sindicales y populares dar la lucha en las calles para que el próximo gobierno asigne el gasto suficiente y necesario en salud, educación y demás necesidades esenciales de la población.