Por Leonardo Ixim

Recientemente la bancada del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) citó a los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) con respecto al ajuste que ésta le hizo al Valor Agregado de Distribución, fórmula que determina el precio para los consumidores.

El VAD es el costo que implica al consumidor el consumo de energía eléctrica y es un precio que si bien lo determina la CNEE, corre en beneficio de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Según la Ley General de Electricidad y su reglamento, es el costo medio de capital y la operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área determinada por la densidad de carga.

En otras palabras, se usa como justificación elementos tales como el costo asociado a los usuarios sin importar su consumo, las pérdidas de distribución lo cual es responsabilidad de las empresas y el costo de capital, operación y mantenimiento asociado a la distribución; las distribuidoras eléctricas ENERGUATE, DEOCSA y DEORSA que se distribuyen este negocio por regiones en el país,  le recargan al consumidor tanto los costos y las pérdidas del proceso mismo de compra y venta de energía eléctrica, así como el ajuste en el precio para mantener ganancias.

Carlos Barreda, de la bancada mencionada, anunció que denunciará penalmente a la CNEE por anomalías en el cobro de esta tarifa y que el incremento viola la misma legislación pues esta solo se puede modificar cada cinco años. Así, dice que “con esto benefician con más de Q35 millones a las distribuidoras y encima de eso el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) va tener que pagar más (....) violando la Ley General de Electricidad y a parte que no publicaron ese acuerdo en el Diario Oficial” (Por  Diario La Hora 3 de diciembre de 2019).

Recordemos que hace unos meses hubo cambios en la directiva de la CNEE porque los que la conformaban se negaron hacer tal ajuste.

En un boletín de prensa la CNEE argumenta que el ajuste se debe a los costos del uso de fuentes fósiles para la generación eléctrica, debido a la reducción de generación hídrica producto de eventos meteorológicos y climáticos. Esto ha llevado a incrementos en el spot de energía del marcado mayorista en un 46 %, mostrando la dependencia al uso de esas fuentes de por sí contaminantes.

Como sea, la afectada es la población y aunque se mantiene la tarifa social -hasta 300 kilovatios hora- de parte del estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a partir del subsidio que éste otorga, que según la CNEE abarca 2.8 millones de  familias y de esas 1.7 millones son beneficiadas con un mayor descuento de la factura, la variación de precios ha sido de un  2.2 %. La tarifa sufrió una modificación cuando se limitó su aplicación para casi doscientos mil usuarios cuyo consumo sigue siendo menor a 300kw hora. Además se agrega otro grupo de usuarios de ingresos medios que sobre pasan ese limite,  pero que el costo de la energía es un duro golpe a sus bolsillos.

Esta situación que afecta a las familias de clase trabajadora tanto de ingresos bajos como medios, se debe a la privatización eufemísticamente denominada desmonopolización en el gobierno de Álvaro Arzú en 1996. El proceso de cuatro fases, generación, transporte, comercialización y distribución, pasó de manos estatales a particulares.

Se creó el mercado mayorista donde las distintas etapas están en manos privadas nacionales y transnacionales, mientras el INDE sigue participando como un actor más. Pese a justificar que con esto se desmonopoliza según la ley, una misma empresa  puede participar en cualquiera de estos procesos bajo otro nombre. Además este mercado mayorista administrado por una junta de representantes de las empresas que son parte, negocia bajo precios monopólicos con el CNEE -a su vez conformado por un representante de estos, otro de los rectores de las universidades y otro del Ministerio de Energía y Minas- el spot de energía que se moviliza bajo parámetros mercantiles, importando y exportando además a nivel mesoamericano en un mecanismo similar, denominado Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central.

Por otro lado, en la etapa de transporte existe solo una empresa (TRECSA) y en la de distribución solo tres con áreas determinadas en el país; en la comercialización y generación, sobre todo la última, las empresas son parte de los grandes conglomerados empresariales; por tanto lo que hay es un oligopolio que vende y compra energía manteniendo sus ganancias.

Como han manifestado organizaciones como CODECA y anteriormente el FNL, consideramos que solo nacionalizando todo el proceso y utilizando fuentes de energía como eólica, solar -donde usuarios podrían vender al sistema-, hidroeléctricas comunitarias y municipales y otras, se puede determinar un precio justo para el consumidor según sus capacidades, necesidades y consumo.