Por Leonardo Ixim

El pasado jueves cinco de marzo el gobernante Alejandro Giammatei decretó estado de calamidad pública por 30 días, argumentando el peligro de que el virus COVID-19 o Coronavirus entre en el territorio guatemalteco, pese a no existir ningún caso registrado en el país, siendo los más cercanos uno en Costa Rica y otros en México los cuales están siendo observados por las autoridades de esos países.

Dicha medida, para renovarse, tiene que ser aprobada en el Congreso de la República. Este instrumento forma parte de la represiva Ley de Orden Público que data del gobierno militar de Enrique Peralta Azurdia  que fue parte de los regímenes militares de seguridad nacional y que ni siquiera con la entrada de la denominada era “democrática” ha sido derogada. Posteriormente a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 los distintos gobiernos han usado este y otros instrumentos contenidos en esa ley para limitar los derechos políticos de comunidades y conglomerados sociales en diversos momentos.

No es motivo de hablar de este virus, que tiene una capacidad de reproducción viral impresionante aunque una baja mortandad, afectando sobre todo a personas vulnerables (tercera edad, niñez y con defensas bajas), ya que esto se debe afrontar asegurando el derecho a la salud, socializando la medicina y garantizando condiciones salubres al personal sanitario. Así como afrontar la psicosis que se esta generando en torno a esto y ciertos fenómenos económicos especulativos, al grado que en un pais donde no se ha registrado ningún caso aún, como Guatemala, ya hay escasez de mascarillas para las vías respiratorias por ejemplo.

Lo que se quiere resaltar es que este acuerdo es parte del arsenal de medidas que este gobierno recién iniciado viene realizando en contra de las libertades políticas, aduciendo distintos pretextos como la lucha contra la delincuencia, la gobernabilidad y ahora contra el COVID-19. Sin embargo esta es una tendencia característica de por lo menos los últimos tres gobiernos, de ir revirtiendo los mínimos espacios abiertos tras la firma de la paz.

El acuerdo afecta en su artículo cuatro titulado derechos restringidos, los artículos 5 (Libertad de Acción), 26 (Libertad de locomoción), 33 (Derecho de reunión y manifestación) y el 116 (Regulación de la huelga para trabajadores del Estado) de la Constitución Política (Soy 502 “Limitaciones que Causa el Estado de Calamidad por el Coronavirus). Se limita la libertad de locomoción obligando a capricho del Estado el cambio o no de residencia, el establecimiento de cordones sanitarios. Además que se suspenden toda concentración y espectáculos públicos.

Como se observa, son derechos fundamentales para que la población y la clase trabajadora puedan garantizar sus libertades civiles y políticas básicas, vital para aprovechar eso en función de las luchas del proletariado.

Es pues, una tendencia cada vez mas evidente dentro del régimen político de parte de sus principales actores de poder y de sectores de las clases dominantes el ir cerrando estos espacios, endureciendo este régimen -guardando las formas democráticas- y usando una especie de populismo punitivista, así como personalidades impulsivas como la del actual presidente, bajo un discurso que trata de identificarse con el sentir de la población aquejada con la delincuencia.

De allí que aprovechando esto, se ha presentado diversas leyes como la de declarar a las maras terroristas, una ley de gatillo fácil, las reformas a la ley de ongs cuya entrada en vigencia suspendió la Corte de Constitucionalidad y otras. Así como la constante criminalización de defensores de los derechos humanos, por ejemplo el asesinato reciente contra una militante de CODECA, Dominga Ramos,  esposa de otro miembro que es del staff de asesores de la bancada del Movimiento de Liberación de los Pueblos, brazo político de esta organización campesina en el Congreso.

Por otro lado, el Acuerdo Gubernativo hace referencia a la centralización de funciones de las instancias públicas en áreas delimitadas que no existen, el control de ingresos en puertos, aeropuertos y fronteras, el establecimiento de cuarentena para personas que se les detecte este virus y el establecimiento de precios mínimos y máximos para artículos, bienes, suministros y servicios en relación a la atención del virus.

Ahora es el Coronavirus pero antes fue la delincuencia y las maras, mañana puede ser otra cosa que se acomode a la ansiedad punitiva de la población que lastimosamente es moldeada por los intereses de la burguesía para ir cercenando sus derechos. Por tanto urge nuevamente que las organizaciones sociales y partidos de izquierda coordinen acciones y medidas para detener esta ola represiva contra el pueblo guatemalteco.