Por Armando Tezucún

El 11 de febrero 83 diputados de extrema derecha aprobaron reformas a la Ley de Ongs, que implican un endurecimiento del control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la investigación social, a la fiscalización del desempeño de funcionarios y entidades estatales, a la defensa de derechos humanos y que incluye sindicatos y organizaciones campesinas. Las vicisitudes pasadas por las reformas desde el 11 de febrero reflejan muy bien las características del actual gobierno derechista de Alejandro Giammattei.

Lo primero que hay que tener claro es que el decreto 4-2020 fue aprobado por el bloque de bancadas que apoyó la candidatura del actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez, miembro del partido de Giammattei, Vamos. El partido del presidente votó, entonces, a favor de las reformas.

Inmediatamente de que se aprobó el decreto 4-2020, organizaciones de la sociedad civil interpusieron ocho recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar su entrada en vigencia. El decreto fue publicado el 28 de febrero y entraría en vigencia el 7 de marzo. Mientras la CC se tomaba su tiempo, numerosos representantes de gobiernos, instituciones, partidos y parlamentarios extranjeros, solicitaron al presidente Giammattei que no diera su aval a las reformas a la Ley de Ongs.

El 27 de febrero el mandatario guatemalteco anunció que decidió sancionar las reformas aprobadas en el Congreso. Expresó que realizó un análisis asistido por expertos constitucionalistas, y se encontró que no hay inconstitucionalidades en el decreto. Agregó que se han dado irregularidades en el manejo de fondos provenientes del Estado y del extranjero, de parte de algunas de estas organizaciones.

Finalmente el 2 de marzo la CC decidió dejar sin efecto las reformas a la Ley de ONGs, por considerar que “pueden causar grave afectación a derechos humanos o provocar inobservancia de estándares de carácter internacional”, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros (El Periódico 3/03/2020). Como ha sucedido en otras ocasiones, de los cinco magistrados de la CC, solo Dina Ochoa, conocida por su afinidad con el expresidente Morales y otros políticos cuestionados, estuvo en desacuerdo con la decisión.

Sin embargo, Giammattei anunció que no acataría la decisión de la CC, esgrimiendo el retorcido argumento de que “el momento por el cual fue amparado, fue un momento que prescribió y yo ya sancioné la Ley, sobre el momento de la sanción de la Ley no hay ningún amparo la Ley entra en vigor a partir del viernes…” (La Hora 4/03/2020), revelando su vocación de dictadorzuelo.

Al recibir un recurso de aclaración de parte del Congreso, la CC puntualizó que su decisión dejó en suspenso temporalmente la sanción, promulgación, publicación en el diario oficial y adquisición de vigencia del Decreto 4-2020, es decir, todo el proceso. En teoría, se regresaría al estado de cosas antes del 11 de febrero, es decir, la aprobación de las reformas en segunda lectura, por lo que el bloque de derecha podría de nuevo plantear su aprobación en tercera lectura. Finalmente Giammattei dio su brazo a torcer, emitiendo un comunicado oficial el 6 de marzo en el que expresa que pese a no estar de acuerdo con la decisión de la CC, respetará la resolución.

Sabemos que el actual gobierno está dando continuidad al endurecimiento del régimen político impulsado por la alianza entre los grupos tradicionales de la oligarquía y los grupos emergentes representados por militares activos y exmilitares convertidos en políticos y empresarios, con la comparsa de los grupos religiosos fundamentalistas. Esta alianza ha tenido su mayor éxito con la expulsión de la Cicig del país y el asilo de la ex fiscal general Thelma Aldana en Estados Unidos. Giammattei inició su gestión con medidas chapuceras, para ganarse el apoyo de la población hastiada de la violencia de las pandillas con inútiles Estados de Prevención y un represivo Estado de Calamidad. Su apoyo al decreto 4-2020, del cual decidió recular, puede ser visto como una bravuconada, de la cual decidió dar marcha atrás posiblemente por la presión extranjera, o posiblemente no quiso quedar en evidencia como un transgresor del orden constitucional desconociendo la decisión de la CC.

En todo caso esta es una primera escaramuza, por lo que no hay que descartar que en el futuro el flamante presidente decida pasar por encima de las decisiones de la CC o imponer más leyes represivas. Por eso las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y populares debemos estar preparados para enfrentar la ofensiva de la extrema derecha, forjando una coordinación unitaria por la defensa de nuestros derechos y conquistas.