Por Armando Tezucún

En el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19, las lacras del capitalismo se han revelado en su máxima expresión. Mientras las clases trabajadoras y el pueblo se ven afectadas por el desempleo, las faltas de oportunidades y el incremento de la miseria, empresarios voraces y hambrientos de ganancias aprovechan para lucrar con cualquier oportunidad de negocios, sin importarles si con ello afectan a la población.

Esto es lo que ha estado sucediendo con los precios de los medicamentos, recurso vital e indispensable en la presente emergencia sanitaria. Para los productores y distribuidores de medicinas, éstas no representan otra cosa que una mercancía cuya venta les proporcionará buenas ganancias. Expertos en temas de salud pública reconocen que en Guatemala los proveedores de fármacos tienen prácticas oligopólicas y se ponen de acuerdo entre ellos para elevar los precios. Históricamente los costos de estos productos han sido hasta tres o cuatro veces más altos en que en otros países.

En la última década el país ha sido testigo de un proceso de crecimiento desmedido de dos o tres cadenas de farmacias, que han absorbido a los pequeños negocios del ramo, como las farmacias Galeno, Klee o Cruz Verde, que año tras año incrementan sus precios. Estos grandes consorcios ya fueron sancionados hace unos años por publicitar falsos descuentos para atraer a los consumidores incautos. El viceministro de hospitales del Ministerio de Salud, Francisco Coma denunció que, en las últimas semanas, el sistema de salud se vio afectado por súbitos desabastecimientos de algunas medicinas, y al momento en que el ministerio lanzaba licitaciones para adquirirlos, los precios resultaban sumamente altos (Prensa Libre, 4/09/2020).

Por algunas de estas razones, el Ministerio de Economía (MINECO) publicó el acuerdo gubernativo 130-2020, que entró en vigencia el 1 de septiembre y será efectivo mientras dure el estado de calamidad decretado por el gobierno por la emergencia sanitaria. Las razones del ministerio para emitir la resolución son evitar los precios excesivos y el acaparamiento. El acuerdo establece precios máximos de venta al consumidor para ciertos medicamentos que han adquirido relevancia durante la pandemia. Establece que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberá velar por el cumplimiento del mismo, y sancionar a quienes violen sus disposiciones, pudiendo presentar denuncias penales si alguna acción u omisión pueda ser constitutiva de delito (Prensa Libre 1/09/2020).

Naturalmente, los mercaderes que lucran con la salud del pueblo saltaron protestando. El infaltable Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), divulgó un comunicado al respecto. En él afirma que el establecer precios tope provocará desabastecimiento de medicinas, “Fijar precio tope no es la solución, debido a que esto limita la calidad de los productos, provoca desabastecimiento, carestía y mercado negro…” … “La única forma de lograr precios competitivos es … fomentar la competencia y mejorar los procedimientos … limitan el libre mercado en Guatemala” (La Hora 1/09/2020).

Al igual que en otras ocasiones, los embaucadores del CACIF pretenden culpar de todos los males a las leyes ciegas del mercado, que automáticamente provocarán desabastecimiento y mercado negro, cuando en realidad los causantes de estas desgracias son los propios empresarios de carne y hueso, quienes conscientemente retendrán en bodega sus productos esperando a que suban los precios. El CACIF habla hipócritamente de fomentar la competencia, cuando sabe perfectamente de la existencia acuerdos entre las empresas de producción y distribución de medicinas, que sin duda se encuentran entre sus propios asociados.

La salud es un derecho inalienable de la población, que el Estado tiene obligación de proteger y fomentar. Por ello, la producción, importación y distribución de medicamentos tiene que estar bajo el control del Estado, para garantizar al pueblo el acceso a los mismos idealmente sin costo alguno, o a precios totalmente accesibles, situación que debe ser supervisada por las organizaciones sindicales, de salud en primer lugar, y populares. En la actual coyuntura, creemos que las medidas del gobierno de control de los precios de los fármacos son insuficientes; para prevenir el acaparamiento y la escasez debe darse una intervención estatal de las empresas distribuidoras, importadoras y productoras. Para garantizar la transparencia y efectividad de esta intervención las organizaciones sindicales y populares tendrán un papel vital de supervisión y control.