Por Abelardo de la Torrente

Una vez levantado el Estado de Emergencia debido a la pandemia del COVID-19 en Guatemala, se registró una nueva caravana de migrantes hondureños conformada por tres mil personas, que pretendía entrar al país el uno de octubre por la frontera de El Corinto, en el departamento de Izabal y la de San Pedro Sula, en Honduras.

De hecho, la caravana se conformó en esta importante ciudad del norte de Honduras y pretendía movilizarse por el norte de Guatemala hacia el departamento de Petén y pasar por el punto fronterizo de El Ceibal con México sobre el río Usumacinta, un sitio poco vigilado por las autoridades debido a su situación geográfica, un territorio selvático

Sin embargo, la reacción de los gobiernos, tanto guatemalteco como el mexicano, mostró su claro desprecio a la clase trabajadora hondureña y centroamericana, agobiada por la violencia y la pobreza; y su disposición a ceder ante las presiones del imperialismo estadunidense. Como es sabido, en la retórica racista de Trump, necesita cerrar el paso a la migración procedente del sur del Rio Bravo.

Pero que también responde a los intereses de la burguesía gringa de controlar la cantidad de mano de obra que entra a ese país. En ese sentido, Trump firmó el acuerdo de tercer país seguro con el anterior gobierno de Morales, acerca el cual Giammattei aseguró que iba a ser revisado, pero en los hechos continúa la tarea impuesta por Washington.

Similar caso es con el gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador, que, pese a no firmar ningún acuerdo en ese sentido, de igual manera en los hechos usa la recién creada Guardia Nacional (GN), un cuerpo militarizado de seguridad pública para perseguir y actuar como barrera sur de Estados Unidos.

López Obrador, una vez asumió el cargo, dijo que su gobierno permitiría el libre tránsito por el territorio de mexicano; sin embargo, debido las presiones y negociaciones en torno a ese tema y otros como el Tratado de Libre Comercio, AMLO terminó bajándole la cabeza al racista Trump.  Así, pese a hacerse de la vista gorda con la entrada de las primeras caravanas, la última previa al inicio de la cuarentena por la pandemia en enero de este año fue reprimida violentamente por la GN, en el punto fronterizo entre Ciudad Hidalgo en México y Tecún Umán en Guatemala.

Con respecto a esta nueva caravana, la actuación del gobierno guatemalteco fue congruente con su política represiva. En Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo 18-2020, imponiendo un Estado de Prevención en los departamentos de Izabal, Peten, Chiquimula, Zacapa y El Progreso situados en la ruta de entrada de la caravana, usando como excusa que eran un peligro sanitario. Estas medidas son instrumentos que limitan las libertades y los derechos básicos; en lo que va de su corto gobierno, Alejandro Giammattei ya emitió varios, lo que deja ver el sello de esta administración y el papel que la burguesía y el imperialismo le asignan, en función de la crisis capitalista mundial.

Esta Crisis golpea en Centroamérica fuertemente, siendo los gobiernos de la región incapaces de atender las necesidades básicas de su población. Mientras que, a las clases dominantes, incapaces de generar proyectos de nación, les queda ser apéndices de las potencias mundiales y de ser elites parásitas, totalmente incompetentes para generar inversión productiva. De ahí que emerjan y se agudicen problemáticas como la migración forzada por motivos económicos y sociales, así como las pandillas, la pobreza, etc.

Las acciones de los gobiernos centroamericanos contra la migración pasan por alto el tratado de libre movilidad CA-4, firmado por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que realmente ha sido lo único funcional de los procesos de integración. Además, pone en entre dicho toda la institucionalidad centroamericana que poco ha coadyuvando al avance del proceso de integración, a excepción de la unión aduanera que es de interés para las burguesías, aunque su avance es lento.

Al final la caravana fue disuelta y la mayor parte de migrantes obligados a regresar a Honduras. Nosotros los Socialistas Centroamericanos, que le apostamos a la unificación socialista centroamericana, reivindicamos la libre movilidad de todas y todos los centroamericanos sin restricción, por el territorio de la región. Exigimos a estos gobiernos no limitar ese derecho. Así mismo reclamamos el derecho de las y los trabajadores de la región a migrar hacia el norte, sin los graves riesgos que afrontan en el territorio mexicano, cuyo gobierno actúa como perro guardián de los gringos, y rechazamos el trato brutal que reciben de las policías fronterizas en Estados Unidos.