Por Ricardo Patzán

El problema del transporte público en la ciudad de Guatemala ha sido un tema explosivo por largos años. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 el Área Metropolitana de la capital (que incluye ocho municipios) contaba con 5,103,685 habitantes, para los cuales los distintos gobiernos municipales, en manos de partidos de extrema derecha, no han logrado solucionar la problemática. En septiembre de 1985 el alza en el pasaje de los buses urbanos provocó una gran oleada de protestas en los barrios populares, que adquirió por momentos un carácter semi insurreccional.

En la actualidad la ciudad cuenta con tres tipos de líneas de líneas de transporte colectivo. El Transmetro, administrado por la municipalidad de Guatemala, inaugurado en 2007; cuenta con unidades modernas, paradas propias con andenes resguardados, seguridad y el pasaje tiene un costo subsidiado de Q 1.00. El Transurbano, línea creada en 2010 con empresarios que decidieron mejorar el servicio prestado en acuerdo con el gobierno; el cobro opera mediante tarjetas inteligentes prepago (que no siempre descuenta la misma cantidad a los usuarios), ofrece seguridad y paradas propias. Los buses rojos, son la línea más antigua, que gozó de subsidio estatal durante décadas hasta 2015, sin entregar cuentas claras del uso de los fondos; cuenta con las unidades en peor estado, pésimo servicio a los pasajeros, cambian la tarifa a capricho, sus buses son víctima de gran número de asaltos a diario y del pago de extorsiones semanales por parte de las pandillas y maras.

A partir de marzo el gobierno suspendió el transporte público debido a la emergencia sanitaria. A pesar de la reactivación de actividades económicas a partir de julio y la suspensión del Estado de Calamidad en septiembre, el transporte público urbano aún no circula regularmente. La excepción es la línea del Transmetro, que ya habilitó sus rutas implementando medidas sanitarias adecuadas y manteniendo el cobro de Q 1. Las empresas privadas de transporte no se ponen de acuerdo con las autoridades; después de siete meses sin operar, deben invertir en la adopción de medidas higiénicas como toma de temperatura y aplicación de alcohol en gel a los pasajeros, desinfección de las unidades, etc., lo que implica un gasto que pretenden cubrir con el aumento del pasaje.

La línea del Transurbano ya realizó pruebas en algunas de sus rutas, cumpliendo con las medidas de seguridad, pero cobró a los pasajeros Q 5, en vez de los Q 2.5 que estaba previsto, sin autorización de las autoridades municipales. En el caso de los buses rojos, la Procuraduría de Derechos Humanos realizó visitas a tres predios de la capital, para verificar el estado de las unidades, constatando que una gran cantidad de buses, de los cerca de dos mil que deberían empezar a circular, no están en condiciones de prestar el servicio. Todavía no hay fecha para que reanuden el servicio, pues los transportistas deben garantizar eficiencia, medidas de bioseguridad, instalación de GPS y sistema prepago, pero los empresarios no tienen los recursos para reacondicionar las unidades. El principal obstáculo es la determinación del precio del pasaje, pues los costos de operación subirán y la Municipalidad no quiere autorizar un incremento. El otorgamiento de una subvención tendría que ser presentado al Congreso mediante una iniciativa de ley, pero todavía no se ha definido una ruta para presentarla.

Otro problema es la falta de personal y recursos de las autoridades municipales para controlar que en efecto las unidades de transporte cumplan con las medidas sanitarias, la cantidad permitida de pasajeros y que no cobren más del precio autorizado; la forma irregular y caprichosa en que han operado los buses rojos durante años obligan a que la supervisión sea necesaria, de lo contrario se correría el riesgo de que sean fuente de contagio.

Los pequeños y medianos empresarios del transporte colectivo necesitan urgentemente una solución, de lo contrario irán a la quiebra y la población trabajadora será afectada. Una de las soluciones viables sería que los pasajeros reciban un subsidio para pagar un incremento del pasaje que permita a los transportistas implementar las medidas sanitarias exigidas, en vista del mal manejo del subsidio entregado a los transportistas en el pasado. Sin embargo, el desempeño satisfactorio de la línea del Transmetro es muestra de que el servicio funcionaría mejor si fuera una inversión y administración estatal. Esta solución debe ir acompañada de la supervisión y control por parte de los trabajadores involucrados, así como de las organizaciones sindicales, campesinas y populares; esto para evitar que se den los usuales malos manejos, negocios, sobrevaloraciones y estafas que acostumbran hacer los empresarios y los funcionarios públicos.