Por Armando Tezucún

La crisis económica causada por las medidas sanitarias necesarias para enfrentar la pandemia del Covid-19 ha obligado a muchos países a recurrir al endeudamiento para solventar los gastos y reactivar la economía.

Guatemala no es la excepción. Pero, en relación al endeudamiento, nuestro país tiene el problema de que es la nación de América Latina con más bajos ingresos tributarios, resultado de una resistencia histórica de la oligarquía a pagar impuestos; el efecto colateral es la permanente desatención por parte del Estado a las necesidades de la población en aspectos básicos como educación, salud, infraestructura, vivienda, justicia, etc. El déficit fiscal resultante ha sido compensado por sucesivos gobiernos con un endeudamiento creciente, aunque moderado, manejado de tal forma que el país no ha incumplido con los compromisos adquiridos; esto le ha valido la calificación de un país con estabilidad macroeconómica.

Esta estabilidad está peligrando a raíz de las medidas tomadas por la administración Giammattei. Entre marzo y abril el Congreso de la República aprobó tres ampliaciones al presupuesto 2020 por cerca de Q 20 mil millones, financiado con endeudamiento. De esta manera, entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, la deuda del Estado se incrementó en un 18 por ciento; entre 2010 y 2019 el aumento anual fue de un 8% (El Periódico 21/10/2020).

El proyecto de presupuesto 2021 presentado por el gobierno para su aprobación por el Congreso lleva el mismo rumbo. La propuesta incluye nuevos préstamos por Q 32 mil millones. Si el proyecto es aprobado, a finales de 2021 la deuda pública aumentaría un 16% con respecto a agosto de 2020, y en sus dos primeros años de gobierno, Giammattei habría endeudado al país un 37% más de lo que estaba en 2019 (Idem). Esta irresponsable acción ha sido justificada por las autoridades en materia económica y fiscal con el argumento de que Guatemala es uno de los países latinoamericanos con menos endeudamiento, en relación al Producto Interno Bruto. Lo que oculta el gobierno es que la capacidad de pago del Estado, que se mide por los ingresos fiscales, está por los suelos.

En relación con el total de impuestos recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria, la deuda pública aumentó del 251% en 2019, al 325% en 2020, y llegará al 351% en 2021 si el Congreso da el visto bueno al proyecto de presupuesto. Esto quiere decir que, si en 2019 se necesitaba el total de los impuestos recaudados en dos años y medio para pagar la deuda, en 2021 se necesitará los de tres años y medio.

Por otro lado, el cierre parcial de actividades económicas durante cinco meses ha tenido como uno de sus efectos una baja en la recaudación de impuestos. La proyección para el presente año era de Q 64 mil millones, y se espera que al final del año se alcance unos Q 58.3 millardos, con una caída del 6.6% al mes de septiembre con respecto a lo recaudado en 2019 (El Periódico, 17/10/2020). Para el próximo año, con la recuperación económica que se espera en un rango de entre 2.5% y 4.5%, la recaudación tributaria esperada es de Q 63.5 millardos, menor a la que inicialmente se esperaba para 2020 (Idem). Es decir, el gobierno espera enfrentar un aumento del endeudamiento de un 37% en dos años, con una recaudación tributaria que viene en descenso.

Aquí cabe mencionar que el destino de los miles de millones de quetzales adquiridos como deuda está en manos de un gobierno ineficiente y corrupto. Los fondos destinados a atender la emergencia sanitaria ascendían a cerca de Q 14.5 millardos, distribuidos para su ejecución entre 10 ministerios, secretarías y otras entidades públicas. Según el Sistema de Contabilidad Integrada, ocho de estos ministerios tienen una ejecución de estos fondos menor al 50%, entre ellos el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Gobernación, y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Prensa Libre 17/10/2020).

La deuda del Estado es pagada con los impuestos que aporta el pueblo trabajador. El mayor porcentaje de los tributos recaudados está constituido por el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuestos directos que recaen sobre las y los trabajadores. Cuando el gobierno irresponsable de Giammattei se vea en la incapacidad de pagar la deuda, recurrirá a medidas que caerán también sobre las espaldas de los trabajadores, como recortes a la inversión pública (ya de por sí raquítica), aumento al IVA y al ISR, despidos de empleados públicos, recortes de salarios y beneficios a los trabajadores estatales y otras disposiciones que gobiernos oligárquicos están tomando ya en países como Costa Rica. Las organizaciones sindicales y populares debemos prever está situación y estar listos para enfrentarla y dar la batalla.