Por Armando Tezucún

El 2 de septiembre, el ministro de finanzas, Álvaro González, hizo entrega a la presidencia del Congreso de la República del proyecto de presupuesto General de la Nación para el próximo año 2021. El proyecto se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Finanzas del legislativo, y el pleno de diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo o improbarlo.

El monto total asciende a Q 99.7 millardos, el mayor que ha tenido el país en los últimos años, si no tomamos en cuenta las ampliaciones que se hicieron a presupuesto de 2020 por la pandemia, con lo cual ascendió a Q 107.7 millardos.

Lo primero que salta a la vista en el plan de gastos es que casi una tercera parte, Q 32 mil 647 millones, será financiada con deuda interna y externa. La orientación general del proyecto es la recuperación de la economía de los efectos de la pandemia del Covid-19, lo cual es correcto, sobre todo ahora que habrá que agregar la recuperación del desastre causado por la tormenta Eta. Pero el gobierno plantea implementar esta reactivación con una recaudación fiscal esperada de Q 61,426 millones, inferior a la que se espera para 2020, de Q 63,468 millones. Este absurdo pone en peligro a los trabajadores y el pueblo, pues en un futuro el gobierno podría recurrir a planes de ajuste para pagar la deuda, incrementando impuestos y recortando salarios y beneficios a los empleados estatales.

A finales de 2020 la deuda pública total será de Q 194,416.7 millones, un 33.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) esperado. Para 2021, si el proyecto de presupuesto es aprobado, ascenderá a Q 222,971.9 millones, el 36.3% del PIB (datos: Asociación El Observador). Hay que hacer notar que el 62.9% del total de esta deuda es interna, es decir consiste en bonos emitidos por el Estado, que son adquiridos por los bancos y entidades privadas de la oligarquía, y esta compra de bonos es uno de los principales negocios de estas entidades financieras. La Superintendencia de Administración Tributaria planea mejorar la recaudación de impuestos perfeccionando los trámites administrativos, lo cual es totalmente inefectivo cuando se sabe, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que existe una enorme evasión del Impuesto Sobre el Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta que en 2018 llegó a Q 40 mil millones. Esta evasión no es producto del contrabando y la economía informal, como hacen creer las asociaciones empresariales, sino que es sistemáticamente perpetrada por las empresas que hacen parte de los consorcios y grupos corporativos de los mismos bancos y financieras que compran los bonos del Estado; un negocio redondo.

En cuanto a la estructura del proyecto de presupuesto, se destina el 63% (Q 62,875.6 millones) a gastos de funcionamiento, un 22% (Q 20,597.1 millones) a inversión y el 16% (Q 16,227.3 millones) al pago de la deuda. El monto de inversión incluye Q 4,560.8 millones destinados específicamente a la reactivación económica; de ello, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Miciv) recibirá el 63%, destinado a cinco obras de infraestructura. Otros ministerios e instituciones estatales que manejan planes de apoyo directo a la población tienen destinado porcentajes mucho más pequeños: el Ministerio de Desarrollo Social un 11% (solo un 7% para programas de transferencias monetarias a los hogares), un 9% para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 4% para el Ministerio de Salud y 3% para el Ministerio de Educación.

Esto evidencia que la prioridad del gasto de reactivación va dirigido a la construcción de carreteras e infraestructura que interesan a los grandes grupos empresariales, que siempre identifican el desarrollo económico con el crecimiento de sus negocios. Los gastos en desarrollo social, salud, educación, vivienda, y apoyo directo a las familias y las y los trabajadores quedan en un segundo plano. Estas obras son: el Anillo Regional C-50, la Transversal del Sur, la Ruta Express Metropolitana, la construcción del Puente de Belice II, y el Muelle del Puerto El Arenal.

De esta manera, el ministerio con más incremento en su gasto es el Miciv, con un 69.2% de crecimiento en su presupuesto. Esto resulta sumamente preocupante si tomamos en cuenta los reiterados casos de corrupción que involucran a funcionarios de este ministerio. Por otro lado, ya hay denuncias de que el gobierno ha estado negociando favores a cambio de obras y prebendas en el presupuesto 2021, para la elección de nueva Junta Directiva del Congreso.

Como vemos, el proyecto de gastos 2021 está elaborado a la medida de los intereses de los grupos oligárquicos, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades del pueblo trabajador. Su discusión debe darse no con los diputados corruptos, sino con las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, y comunidades que reflejan lo que realmente el país necesita.