Por Leonardo Ixim

Nuevamente el gobierno de Alejandro Giammatei Falla ha aprobado un estado de prevención, ahora en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, fronterizo con México, según el Decreto Oficial 2-21, por quince días.

Pese a que en el decreto se justificó esta medida por el problema del contrabando de productos procedentes de México, hecho que aduce perturba la paz y la gobernabilidad, diversas fuentes entre medios de información y el mismo ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Alberto Pimentel Mata, mencionaron que la causa fue porque, un grupo de personas iba a tomar carreteras y aduanas del país en protesta por el servicio de energía eléctrica (Prensa Libre 04/03/2021).

Ademas, se justificó con el hecho de que a mediados de febrero un grupo de pobladores ocupó la subestación del INDE en Malacatán en cinco ocasiones, pero en dos de ellas la manipulación que hicieron de las líneas de salida causó que varias comunidades se quedaran sin servicio de energía. Según las autoridades, se esperaban cinco mil personas quienes iban a protestar y ocupar las fronteras de Tecun Umán y El Carmen (Ídem).

La Ley de Orden Público es una figura que data de los gobiernos militares e inspirada en la concepción del enemigo interno. Por su parte, el estado de prevención es una forma de restricción de derechos que implica limitar toda manifestación y celebración al aire libre, disolver las manifestaciones públicas que se lleven a cabo sin autorización, disolver manifestaciones que impidan la libre locomoción y la prohibición de la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares que afecten la seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos

En ese sentido, elementos del Ejército de Guatemala por parte de la Brigada de Operaciones de Montaña y de la Policía Nacional Civil, por medio de la dirección de protección a la naturaleza, de control de puertos y aeropuertos, de la Subdirección de Información Anti-narcótica y de Fuerzas Especiales (para control de protestas), se desplegaron en las comunidades Cinco de Mayo, San Isidro, Las Brisas, Orzaba, 20 de Octubre y Trinidad (Agencia Guatemalteca de Noticias, 05/03/2021).

Es decir, como vemos, es una clara maniobra de control poblacional que a su vez genera zozobra sobre ésta. Pero, además, con la intención de evitar toda protesta de la población, la cual manifestó su cansancio por los cobros excesivos de la luz eléctrica en algunos casos y en otros, porque ni siquiera están conectados al sistema de energía, pese a que el INDE (estatal) es la institución que se encarga de velar por esta situación y genera algunos kilovatios, la mayoría son generadoras privados.

Además con el caso de los costos a los usuarios, las empresas proveedoras del servicio funcionan como un duopolio. Está Energuate, por medio dos distribuidoras, la Distribuidora de Electricidad de Occidente, que distribuye en San Marcos, la Distribuidora de Electricidad de Oriente; y por aparte la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA), en los departamentos centrales. Todas estas de capital privado, recargan sobre el consumidor el costo, para generar mayores ganancias a partir de una tarifa por distribución

Energuate es propiedad del fondo de inversión estadounidense Squared Capital; mientras EEGSA es un consorcio cuyo capital mayoritario es la Empresa Pública de Medellín de capital mixto colombiano, la española Iberdrola Energía, S.A. y la Distribuidora Eléctrica de Centroamérica. En el caso de Pimentel, es el dueño de otra empresa llamada FERSA.

FERSA ha tenido a su cargo la construcción desde 2017, de la expansión del tendido eléctrico, de 600 kilómetros y un costo de US$258 millones. El tendido eléctrico es propiedad de Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA), propiedad del conglomerado privado, Grupo Energía Bogotá.

Nuevamente el actual gobierno muestra su abuso contra los pobladores, quienes se manifiestan ante la falta de energía eléctrica, pues la extensión de la red de distribución está en función de conectar a las generadoras privadas y de otros grandes emprendimientos privados como la minería, mostrando que este gran negocio, supuestamente regido por la libre competencia, está conformado por grandes monopolios; por ende nos sumamos a la propuesta de estatización de todo el sistema eléctrico en Guatemala.

En otro orden, hacemos el llamado a luchar contra este nuevo estado de prevención y contra estas medidas del actual gobierno, que defiende los intereses de los grupos empresariales de la burguesía. Por medio de la organización, la autodefensa y la denuncia de estos intereses y contra este gobierno autoritario.