Por Oliverio Mejía

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Publico detuvo a 12 militares y policías responsables de graves crímenes a los derechos humanos durante la guerra interna sufrida en Guatemala, en base a hechos acaecidos entre 1983 y 1985. Los delitos imputados a los capturados figuran en el denominado Diario Militar, poniendo a la orden del día la exigencia de justica para los perseguidos por el Estado.

El Diario Militar o “Dossier de la Muerte” es un documento revelado en 1999 por medio de la organización estadunidense Archivo Nacional de Seguridad y la experta en archivos Kate Doyle. Este documento evidencia cómo una estructura de inteligencia del ejército de Guatemala conocida como El Archivo, adscrita al desarticulado en 2003 Estado Mayor Presidencial (EMP), controló, infiltró, siguió, torturó, violó sexualmente, desapareció y asesinó a opositores políticos. El documento registra cómo 183 personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas

Estas estructuras militares desarticularon redes de organizaciones insurgentes y clandestinas de izquierda, quienes habían conformado en 1982 la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Según investigadores, en el Diario Militar se detalla los mecanismos usados contra militantes de estas organizaciones, centradas sobre todo en dos: el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Pero también contra organizaciones sociales, con algún vinculo con estas organizaciones clandestinas.

Entre los detenidos por estos delitos figuran el general retirado Marco Antonio González Taracena, quien dirigió en ese momento El Archivo; así como sus ex subalternos y especialistas del EMP, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourt y Rony Rene Lara. Otros de los detenidos fueron los agentes de la Dirección de Inteligencia militar, José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza y el excomandante de la zona militar del departamento de Chimaltenango en ese momento, Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

También fueron detenidos el primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) Gustavo Adolfo Oliva Blanco y el primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía, Juan Francisco Cifuentes Cano, ambos integrantes de la extinta Policía Nacional (PN), eliminada con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, y Jacobo Salán Sánchez, quien ya está siendo procesado por una millonaria defraudación al Ministerio de Defensa en 2001. La PN fue intervenida por el ejército previo a 1996, como parte de las operaciones contrainsurgentes, concebidas dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por el imperialismo estadunidense, en las disputas en la guerra fría; situación que los ejércitos dentro de la órbita gringa usaron para afianzar su poder político.

Tales acciones represivas llevadas a cabo por el ejército, fueron contenidas en el Plan Nacional de Seguridad en Democracia (PNSD), tras el golpe de estado de marzo de 1982, el cual contó con varios planes de campaña bajo la tónica de la militarización de la sociedad, divididos en los siguientes: Plan Victoria 1982, Plan Firmeza 1983, Plan Rencuentro Institucional 1984 y Plan Estabilidad Nacional 1985.

El PNSD fue la respuesta gubernamental ante el avance de las fuerzas revolucionarias a finales de los años setenta e inicios de los ochenta; un remozamiento del régimen político militar que estaba debilitado por el empuje de la lucha de clases, con la directriz de desarticular toda oposición, considerada el enemigo interno, como todos las y los héroes contenidos en el Dossier de la Muerte y militarizar las regiones donde operaba la guerrilla. Para darle paso a la Constitución Política actual en lo que Moreno denomina, reacción democrática.

En el año 2005, familiares aglutinados en la Asociación de Familiares y Desaparecidos Detenidos de Guatemala (Famdegua), ante la negación de justicia, interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En diciembre de 2012 la Corte IDH, dicta sentencia en torno a exigirle al Estado medidas de garantía para la no repetición, la investigación de los hechos, la verdad de lo sucedido y la responsabilidad de posibles señalados.

Nos sumamos a las muestras de solidaridad con los familiares de detenidos y desparecidos por el Estado de Guatemala, al que exigimos que haga cumplir con la justicia, para lograr que los altos personeros ex militares, paguen por los crímenes cometidos contra el pueblo.