Por Leonardo Ixim

Para la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados en diciembre de 1996, se generó una serie de instancias estatales para democratizar el Estado burgués. Estas instituciones, en su devenir, lograron implementar algunos programas sobre todo en temas de la distribución agraria sin cuestionar el modelo. Pero las fuerzas conservadoras se dedicaron a torpedear este proceso, además de que no fue acompañado por ningún tipo de movilización social para por lo menos cumplir estas reformas mínimas.

En ese sentido, por presión de la sociedad civil, se buscó que Naciones Unidas implementara una instancia internacional que, junto al Ministerio Público (MP), se dedicara a desmantelar los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), estructuras enquistadas dentro del Estado para actividades ilegales. De tal forma se conformó en 2006 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual tendría que trabajar con una unidad especial para desmantelar los CIACS del MP, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La CICIG fue apoyada financiera, organizacional y logísticamente por las potencias imperialistas, sobre todo Estados Unidos, vinculándose con la agenda gringa de combatir la corrupción y crímenes trasnacionales. En un primer momento parecía que solo iba a atacar a sectores molestos para las fracciones oligarcas de la burguesía, pero en el proceso de fortalecimiento de los CIACS, estos como los catalogó la misma CICIG, se conformaron en redes políticas de aprovechamiento de los recursos públicos, borrando con esto las fronteras entre las actividades de estas distintas fracciones.

De ahí que, en la dirección imprimida, Iván Velázquez al frente de la CICIG y el actual jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, atacaran actos ilícitos de personajes provenientes de las familias de la burguesía local. Esto adquirió fuerza desde 2015 y a raíz de esa situación, los grupos del capital más poderoso junto a organizaciones ultraderechistas como Guatemala Inmortal y la Fundación Contra el Terrorismo, se dedicaron a desprestigiar las acciones de Velázquez y Sandoval y a montar una patética campaña de nacionalismo anti-gringo reaccionario.

Durante el gobierno de Jimmy Morales dirigió por breve tiempo la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente encargado de recolectar impuestos, entre algunas cosas más, Juan Francisco Foppa. Él venia de trabajar en el MP y coordinar con la FECI algunas acciones contra los corruptos y tenía el aval estadounidense; además tiene parentesco con figuras de la izquierda como la poetisa Alaide Foppa, desaparecida por ejército en la guerra interna.

Durante su gestión obligó a pagar a Aceros de Guatemala unos Q800 millones por evasión fiscal e iniciar procesos contra otros grupos oligarcas que hacen de esa forma de operar, una práctica común. Foppa fue sacado de la SAT cuando el rumbo del gobierno de Morales fue mostrando su verdadera cara, acosado por procesos penales a raíz de actos de corrupción de sus familiares y delitos electorales cuando fue candidato, lo cual a la larga fue el causal de no renovar el mandato de la CICIG.

Con el gobierno de Giammatei, el proceso de cierre de espacios democráticos adquiere más fuerza. El desmantelamiento de las instituciones de la paz, el control total de la Corte de Constitucionalidad, el compromiso de la actual fiscal general Consuelo Porras con las fuerzas más reaccionarias y el acoso constante de ésta y otros actores a la FECI.

Recientemente un abogado, Otto Rolando Gómez interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo de creación de la FECI en la CC, el cual fue aceptado. De igual forma, fue detenido Foppa junto a otras personas, algunos ex miembros de la CICIG, por participar en la formación de un partido político en 2020, bajo cargos de falsificar ciertas actas de constitución partidaria; sin embargo, el verdadero motivo, es la venganza de los grupos oligárquicos, por su accionar al frente de la SAT.

En este trascurrir el Estado nunca fue reformado, lo cual era casi una imposibilidad. Las fuerzas de izquierda y sociales creyeron el cuento del democratísimo y centraron su estrategia en la defensa de personajes e instituciones burguesas. Nosotros consideramos, que el ataque a la FECI y la detención de Foppa atentan contra las libertades democráticas; por ende, urge la conformación de un frente común contra ante estas amenazas que pesan contra los derechos políticos de la clase trabajadora y luchar por una Asamblea Constituyente Originaria y Plurinacional, como órgano de poder para los pueblos y la clase trabajadora.