Por Úrsula Coj

La lucha por la tierra y el territorio en Guatemala ha sido parte del clamor de los pueblos indígenas y de la clase campesina por el reconocimiento de sus derechos, que el Estado neo-colonial ha conculcado en función de un proceso de acumulación capitalista, favoreciendo a diversas fracciones oligarcas y burguesas de la clase dominante.

La defensa de la tierra ha sido histórica. Podemos retomar el tiempo largo, desde la colonización, donde la corona se cuidó de dejar reservorios (pueblos de indios y tierras comunales) de tierra para fines relacionados a tributos y trabajo para los hacendados. Pero esto se dio con mayor intensidad desde el despojo de las tierras comunales durante la reforma liberal de finales del siglo XIX, en función del cultivo y la exportación de café, momento en que Guatemala se inscribió en la nueva división internacional del trabajo capitalista.

Durante el gobierno de Árbenz en 1952 se trató de subsanar esta situación de despojo realizando una reforma agraria con características democráticas, pero la contrarrevolución de 1954 retornó la tierra a la mayoría de finqueros y al monopolio de exportación bananera, aplicando políticas de terror a quienes osaron obtener tierra. Posteriormente los gobiernos militares, para disminuir la presión por la demanda de tierra, trataron de promover un programa de colonización territorios despoblados en el norte del país sin tocar la concentraron de la tierra. Y a partir de la firma de los Acuerdos de Paz se buscó entregar tierra a grupos campesinos por medio de la compra-venta de tierra de propietarios privados y estatales, de igual forma sin tocar los intereses de los grandes propietarios de cultivos extensivos.

La lucha por el territorio ha sido una demanda estructurada más recientemente, aunque con una visión integral influida desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, de su derecho a la autodeterminación y al disfrute de los bienes naturales. Esto por la apropiación realizada por diversos proyectos de extracción de recursos naturales, sobre todo minería, petróleo e hidroeléctricos. A raíz de eso, las comunidades indígenas, pero también mestizas, se organizaron a partir de 2004 contra este nuevo despojo, por medio de consultas enmarcadas en su legítimo derecho a la organización y al manejo de su territorio.

En ese sentido, una nueva afrenta se acaba de realizar con el desalojo de 35 familias campesinas Maya Q`ekchi`s en la Finca agropecuaria Canaán Sociedad Anónima, en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, movilizando a tres mil agentes de la Policía Nacional Civil. Durante el desalojo, elementos de la policía, pese a no realizar ninguna detención, actuaron destruyendo las propiedades personales de las familias allí asentadas (Prensa Comunitaria 16/06/2021).

No se tiene información sobre si las familias estaban negociando la titularidad de esta finca; pero la acción del juzgado que impartió la orden de desalojo muestra cómo los jueces asumen la defensa de los intereses de la burguesía. Recordemos que también en ese municipio las comunidades campesinas y de pescadores del lago Izabal, tienen una lucha contra la minera Compañía Guatemalteca de Níquel de origen ruso-suizo, que desde hace décadas -primero fue una empresa de capital canadiense- explota níquel y otros minerales importantes.

Por otro lado, está la situación del maestro y líder comunitario Bernardo Caal Xol, en el departamento de Alta Verapaz, detenido bajo cargos falsos de agresión, por el hecho de coordinar la resistencia contra la hidroeléctrica Oxec S.A., que opera sobre los ríos Cahabón y Ox-eek, cuya propiedad es del grupo Energy Resources Capital. Esta empresa, junto a la firma NETZONE S.A., contratista de la primera, ha logrado que el sistema de justicia criminalice y encarcele a este líder. Atrás de estas empresas esta Florentino Pérez, dueño del club Real Madrid de España.

Así, el pasado cuatro de junio se realizó una gran movilización hacia la cabecera de ese departamento, Cobán, desde el municipio de Cahabón, Chamelco, y desde las denominadas vertientes de Santa Cruz al sur y Chisec desde el norte. Esta manifestación de repudio protagonizada por las comunidades mayas contra el poder estatal asentado en Cobán, se realizó mientras que Caal participaba en una audiencia pública por su caso, en la Ciudad Capital.

Como PSOCA exigimos la liberación inmediata de Bernardo Caal y de todos los líderes comunitarios presos y la restitución de tierras usurpadas históricamente a la población campesina. Pero la solución de fondo es una reforma agraria realizada por los trabajadores, campesinos y los pueblos mayas e indígenas, que reconozca a las comunidades como titulares de sus territorios.