Por Armando Tezucún

El desfile de funcionarios de Estados Unidos que visitan el Triángulo Norte de Centroamérica para impulsar la política de la administración Biden hacia la región no se detiene. La presencia más reciente en el área la tuvimos con la administradora de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), Samantha Power. La burócrata realizó un periplo por Honduras, El Salvador y Guatemala entre el 13 y el 17 de junio, una semana después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país.

¿Quién es Samantha Power?

Power es una académica y diplomática que tuvo una participación destacada en la administración de Barak Obama (2009 – 2017). Anteriormente a ello fue periodista y corresponsal en zonas conflictivas, con títulos universitarios en historia y derecho. Ganó un premio Pulitzer en 2003, y otros reconocimientos, entre ellos el de la revista Foreing Policy como una de las cien mejores pensadoras globales.

Fue directora sénior de Asuntos Multilaterales  y Derechos Humanos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos entre 2008 y 2013, siendo una persona clave en la decisión de la intervención imperialista durante la guerra civil en Libia en 2011, que culminó con el derrocamiento de Muamar El Gadafi; también tuvo el cargo de embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre 2013 y 2017, negociando sanciones impuestas a Corea del Norte y participando en las medidas que bloquearon las fuentes de financiamiento del grupo extremista ISIS.

Por otro lado, propuso medidas para garantizar la libertad religiosa, la prevención del tráfico ilegal de personas, los derechos de la comunidad LGBT, sobre todo en algunos países del continente africano. Al finalizar el gobierno de Obama, Power regresó a la docencia en la Universidad de Harvard.

Ahora está a cargo de la USAID, entidad que canalizará e implementará el grueso de la ayuda que el gobierno de Joseph Biden aportará al área para frenar la imparable ola migratoria hacia los Estados Unidos.

Power en Guatemala

Con el bagaje y la experiencia que hemos mencionado, Power arribó a Guatemala el 15 de junio, y durante dos días se reunió con el presidente Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, funcionarios de justicia y beneficiarios de los planes de asistencia impulsados por la agencia que dirige.

Siguiendo la tónica de las visitas de Harris y Zúñiga, la visitante enfatizó la necesidad de luchar contra la corrupción y mantener la independencia de las cortes de justicia y los fiscales. En estos temas mantuvo el tono prudente y moderado de sus predecesores, aunque lo suficientemente firme para que Giammattei y su gobierno se den por enterados de qué es lo que demanda el amo del norte.

En realidad, la actitud de ambos gobiernos puede describirse más bien de mutua tolerancia. Estados Unidos está urgido de contar con un gobierno aliado para impulsar su política anti migratoria en el área; con un irreverente Bukele en El Salvador y un Juan Orlando Hernández con nexos con el narcotráfico en Honduras, el mal menor es el gobierno guatemalteco. Éste escucha las críticas mordiéndose la lengua y con la cabeza agachada, mientras aprovecha algunos beneficios que le granjea su sumisión y procura hacer lo mínimo para remediar la corrupción y la impunidad que campean en el país (ver Kamala Harris en Guatemala: una visita por descarte, no por mérito, Plaza Pública 05/06/2021).

Apoyo al combate a la corrupción

Power hizo ver al presidente Giammattei la preocupación de la USAID y sus socios por la próxima vigencia de las reformas a la ley de Ongs: “Tuvimos la oportunidad de plantear no solo nuestras preocupaciones por la ley de oenegés y sus efectos…ninguno de nosotros sabemos cómo se va a implementar”; el mandatario contestó que aún no se ha puesto en vigor la ley, y “Ya veremos cuáles son los reglamentos y su normativa” (Prensa Libre 17/06/2021).

La enviada de la administración Biden anunció un apoyo de US$ 19 millones, de los cuales, más de US$ 12 millones serían para programas de lucha contra la corrupción e impunidad, incluyendo el fortalecimiento de la vigilancia de los sistemas financieros y de la sociedad civil que vela por la transparencia. Otros US$ 5 millones serán para programas de educación en colegios y universidades y más de US$ 2 millones para fomentar la participación de jóvenes y pueblos indígenas en la toma de decisiones.

Power aseguró que hay empresas estadounidenses interesadas en invertir en Guatemala, pero “estas empresas desean un estado de derecho y un buen gobierno” …  “Es fundamental que dé (Giammattei) prioridad a la lucha contra la corrupción y garantice que las ONG y la sociedad civil puedan operar libremente a raíz de la nueva ley que impone requisitos de presentación de informes” (La Hora 16/06/2021). Enfatizó también su apoyo al fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señalando la importancia de su actuación independiente.

El impulso a la pequeña y mediana empresa

Como un punto central de las acciones a ser implementadas, Power presentó el programa Innovación para el Desarrollo y el Emprendimiento en Guatemala (Gedi), que contará con un fondo de US$ 37 millones. Este plan coincide con el anuncio de la vicepresidente Harris de incrementar el apoyo a los pequeños y medianos empresarios con el propósito de generar más empleo y desarrollar el país.

La iniciativa se basa en la alianza entre inversores privados, organizaciones civiles y la Usaid. Sin embargo, la mayor parte de los fondos provendrá de empresarios privados, básicamente en la forma de préstamos, por un monto de US$ 30 millones, y la agencia gringa aportará solamente US$ 7 millones. La embajada estadounidense proporcionó a Power el dato de que cada año 150 mil jóvenes se incorporan a la población económicamente activa en Guatemala, pero el sistema económico solo general 30 mil empleos anuales. Ante eso, la funcionaria expresó: “La brecha del mercado laboral es muy grande. Por lo tanto, los emprendedores representan un motor importante de la economía de Guatemala, porque son quienes poseen el potencial de generar nuevas ideas y de crear nuevos empleos” (Prensa Libre 16/06/2021).

Así, el Gedi tiene como propósito el acceso de las pequeñas y medianas empresas a financiamiento y asistencia técnica. Se dará preferencia a negocios orientados a la agricultura y la energía renovable, fomentando la resiliencia al cambio climático, el acceso a energías renovables, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el desencadenamiento de la innovación. En el acto de lanzamiento del programa fueron presentados pequeños negocios que crecieron gracias al apoyo de Usaid, en las áreas de venta de bicicletas, producción de café, salud digital, certificación de calidad de productos, artículos y juguetes para perros, elaboración de artículos de cuero y fabricación de snacks a base de maíz. Power afirmó “Los negocios pequeños y medianos tienen una función muy importante en la economía guatemalteca porque ofrecen bienes y servicios cruciales y más del 80%, según entiendo, del empleo en Guatemala. Esto permite a los guatemaltecos triunfar” (La Hora 15/06/2021); o como afirmara el embajador gringo Popp, “Las pequeñas y medianas empresarios (sic) son el corazón para crear empleos y crecimiento económico” (Idem).

¿Los pequeños y medianos negocios son la solución?

No es casualidad que los representantes del imperialismo presenten como la gran solución para frenar la migración la creación de pequeñas y medianos negocios, es decir el fortalecimiento de la pequeña burguesía, utilizando como justificación una serie de falacias.

Obviamente tienen que hacerse de la vista gorda frente a la realidad de que la miseria y la precariedad que empuja a los trabajadores a buscar mejor vida en el extranjero, es provocada por un sistema económico capitalista peculiar. Este sistema se fue forjando desde finales del siglo XIX, con el apoyo, aval, complicidad y asociación de las empresas, multinacionales y gobiernos de Estados Unidos (republicanos y demócratas). Las familias oligárquicas guatemaltecas han afianzado su poder amparadas por sucesivas componendas con el imperialismo, incluyendo el respaldo a los gobiernos militares en la guerra interna que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos.

La economía guatemalteca está controlada por ocho o diez familias que administran grandes grupos corporativos, y por multinacionales que monopolizan sectores vitales, como las comunicaciones o energía. Estos grandes conglomerados invierten en los negocios que les reportan mayores ganancias, sin importarles las necesidades de la población. De esta manera han creado enormes empresas que utilizan poca mano de obra, como las extensas plantaciones de palma africana, uno de los negocios más lucrativos de la oligarquía; el negocio del azúcar es otro de ellos, que genera miles de empleos en la temporada de zafra, con salarios miserables, sin ninguna protección social, y en condiciones deplorables. Al igual que en la época de corte del café, estos trabajos son temporales, y el resto del año estos semiproletarios deben regresar a sus pequeños terrenos, a una vida de extrema pobreza, mientras las mejores tierras son acaparadas por las grandes empresas de mega-cultivos de agroexportación.

Samantha Power, la Usaid y la administración Biden vuelven el rostro hacia otro lado ante esta realidad, pues no pueden romper sus acuerdos con la oligarquía guatemalteca y las multinacionales. Prefieren agarrarse de la falacia de que los negocios pequeños y medianos “permiten a los guatemaltecos triunfar”.

Sin servicios básicos gratuitos y de calidad, los trabajadores informales no pueden tener una vida digna

Obligada a encontrar soluciones que dejen intactos los negocios de la oligarquía y las multinacionales, Power toma el dato de que el 80% de la población económicamente activa vive de la economía informal, como algo positivo, para ensalzar las bondades de la pequeña y mediana empresa. La burócrata gringa ignora a propósito que una gran parte de esos trabajadores informales se sostiene precariamente de micronegocios, de ventas pequeñas de alimentos, y variedad de artículos que comercian en las calles de las ciudades, en los mercados y en los buses del transporte colectivos. Otra parte de estos trabajadores informales son en realidad asalariados de pequeñas empresas cuyos dueños no se inscriben en el sistema de seguridad social; es muy probable que los negocios impulsados por la Usaid estén en esta categoría, y los famosos empleos que se crearán de esta forma sean empleos precarios que no gocen de protección social ni del salario mínimo de ley.

Y este es un punto vital. Es una realidad que el proletariado, entendido como trabajadores asalariados que trabajan en empresas capitalistas, es una minoría en Guatemala, aproximadamente un 25 o 20% de la población económicamente activa, si nos atenemos a los que están formalmente inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss). El porcentaje se incrementa si tomamos en cuenta a los trabajadores agrícolas temporales y trabajadores de empresas no inscritas al Igss, que por lo general no gozan del salario mínimo de ley ni de prestaciones sociales.

Guatemala es en realidad un país donde predomina la pequeña burguesía, en su mayoría pauperizada y empobrecida. Para mejorar realmente las vidas de los trabajadores informales, a quienes ni la oligarquía ni las multinacionales son capaces de proveer empleos decentes, el Estado debe garantizarles una serie de servicios básicos que de otra manera no son capaces de obtener. Pero resulta que los mismos poderosos grupos empresariales que controlan el país han conformado un Estado débil, sin recursos, porque sistemáticamente se han negado a pagar suficientes impuestos. De allí que, tal como hemos presenciado en la actual pandemia de Covid-19, el Estado guatemalteco es incapaz de proveer a la población de servicios eficientes y gratuitos de salud, ni un sistema educativo de calidad, ni vivienda decente y asequible, no digamos un servicio de energía eléctrica eficiente (actualmente en manos de multinacionales), ni acceso al agua potable; la lista puede continuar indefinidamente, incluyendo la falta de prestaciones de vejez, por maternidad, por accidentes o invalidez, o seguro de desempleo. En otras palabras, el 75 u 80% de la población guatemalteca está librada a su suerte todos los aspectos que hemos mencionado, que constituyen realmente un derecho para que los seres humanos tengamos una vida digna. No sorprende entonces que la población prefiera aventurarse en un viaje incierto y riesgoso para buscar mejor vida en Estados Unidos. 

Por un programa democrático revolucionario que incluya a la pequeña burguesía empobrecida

Los socialistas revolucionarios no podemos ignorar el potencial revolucionario es este enorme contingente no proletario cuyo nivel de vida ha sido sistemáticamente deteriorado por el capitalismo peculiar que impera en Guatemala y la región centroamericana. Esta pequeña burguesía es un aliado esencial en el proceso de profundas transformaciones que conducirá al socialismo; y tiene un fuerte componente indígena, con sus propias reivindicaciones. Para ganar a este aliado debemos presentar un programa de lucha democrático revolucionario que incluya sus demandas más sentidas. Este programa deberá contemplar una dinámica de transformaciones anticapitalistas, que aseguren el papel protagónico del Estado, un nuevo Estado que represente la participación consciente de las y los trabajadores, y los sectores pobres de la población en la toma de decisiones.