Por Armando Tezucún

Una de las principales características del actual gobierno presidido por Alejandro Giammattei es su autoritarismo y proclividad a tomar medidas represivas contra la población. Y esto se debe no solamente a la retorcida personalidad del presidente, quien estuvo involucrado en el asesinato de reclusos cuando fue director del Sistema Penitenciario en 2006, en el caso de la Operación Pavo Real, en la Granja Penal de Pavón, caso por el que estuvo preso durante 10 meses. Un individuo de esa calaña ha venido como anillo al dedo al bloque de empresarios, militares, narcotraficantes y políticos que han lucrado durante años de los recursos del Estado; este bloque de intereses es el que ha impulsado el endurecimiento del régimen político en los últimos años, para evitar que el descontento popular encuentre un cauce para manifestarte, tal como lo hizo durante las masivas jornadas de protesta de 2015. Es a estos intereses que responde el autoritario gobierno de Giammattei.

Un nuevo Estado de Prevención

Una de las disposiciones favoritas del perturbado presidente Giammattei es el Estado de Prevención. Con el pretexto de contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid-19, el gobierno ha decretado nuevamente esta medida, que limita las libertades de movilización y expresión de la población, por 15 días a partir del 14 de julio.

El Estado de Prevención es una disposición legal establecida en la represiva Ley de Orden Público, aprobada por el Congreso de la República en 1965. Según esta ley, el presidente y su consejo de ministros puede decretar Estado de Prevención por 15 días sin que sea necesaria la aprobación del Congreso. Permite militarizar los servicios públicos, centros de enseñanza e intervenir los servicios particulares; fijar condiciones a los derechos de huelga, impedirlos o prohibirlos; también permite limitar celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos; disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública y exigir a los órganos de publicidad la difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público, a juicio de las autoridades.

Cuando anunció que decretaría la medida restrictiva, Giammattei dejó muy en claro que sería para frenar las protestas en su contra. Durante un acto oficial en Petén el 12 de julio, al ser preguntado por las protestas que reclaman su renuncia y la de algunos de sus ministros, el mandatario las minimizó, y declaró “Mi denuncia es contra esa gente que está promoviendo que el virus se alborote más, que es lo que ellos quieren y lo están promoviendo a través de una serie de manifestaciones ilegales…El día de mañana, en Consejo de Ministros, vamos a emitir un estado de Prevención en todo el país, donde vamos a limitar este tipo de cosas -manifestaciones- porque yo creo que ya basta, ya fue suficiente, pero ahora van a ver ustedes la respuesta..” (Prensa Libre 12/07/2021).

El último Estado de Prevención había sido decretado a mediados de abril, previendo la marcha de trabajadores del 1 de mayo, que al final las centrales sindicales tuvieron que realizar de forma muy reducida. Sin duda el reciente decreto fue planificado previendo las protestas contra la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, que ya se venía cocinando en las altas esferas.

El decreto 5-2021

Al final las verdaderas intenciones del gobierno fueron encubiertas, y la versión oficial fue que se atendió las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para detener el avance de contagios del Covid-19. El Decreto Gubernativo 5-2021 suspende la venta y consumo de alcohol de las 18 horas a las 6 horas del día siguiente; especifica que no se suspenden las manifestaciones siempre que se guarden las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, pero dice que las manifestaciones públicas que se lleven a cabo sin la debida autorización o si habiéndose autorizado no cumplan las medidas sanitarias, serán conminadas y disueltas conforme lo establecido en la Ley de Orden Público.

La población reacciona

El obvio ataque del gobierno a las libertades de manifestación, reunión y movilización fue inmediatamente rechazado por numerosos sectores y fueron presentadas acciones de amparo contra el decreto presidencial por el procurador de los derechos humanos, la organización Acción Ciudadana y un grupo de empresarios. Agrupaciones empresariales como la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala y la Gremial de Restaurantes y Bares también protestaron mostrando su inconformidad por la limitación a los horarios de atención a los clientes.

Más notoria fue la protesta de la organización indígena de los 48 cantones de Totonicapán, con un importante historial de luchas. El 12 de julio, en un acto oficial, fue entregada al grupo indígena la silla perteneciente al líder Atanasio Tzul, quien encabezó una rebelión indígena en 1820, y que había estado en poder del Estado. En presencia del presidente Giammattei y funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes, el actual presidente de los 48 cantones, Martín Toc, advirtió que si el gobierno impone Estado de Prevención o se prohíbe manifestar, convocarán protestas; “No se vayan a enojar cuanto manifestemos, porque hay una creencia en este país de que el Estado y el gobierno aún puede resolver el problema, pero recuerden mis palabras: el día que no haya manifestaciones, ese día el gobierno habrá dejado de ser funcionar para la gente” (Prensa Libre 13/07/2021). En declaraciones posteriores, Toc se mostró aún prudente, “48 Cantones no es que decida en estos momentos bueno salgamos o por ejemplo yo en mi caso yo venga y diga hoy salimos, no es tan así, porque nosotros salimos de las asambleas comunitarias desde las asambleas de alcaldes” (La Hora 15/07/2021). El sábado 17, a pesar de la medida represiva del gobierno, unos tres centenares de personas nuevamente se manifestaron en la Plaza de la Constitución contra Giammattei y sus funcionarios.

La destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval

El factor que ha agudizado el descontento popular es la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. La Feci empezó a funcionar como apoyo del Ministerio Público a la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y cuando ésta fue expulsada por el gobierno de Jimmy Morales, la FECI se hizo cargo de dar seguimiento a los casos de corrupción de alto impacto.

El 23 de julio un comunicado del Ministerio Público (MP) dio a conocer que Sandoval ya no forma parte del MP, justificando el despido por una serie de “vejámenes” contra la fiscal general Consuelo Porras. Lo cierto es que Porras había venido ejerciendo una serie de presiones contra la FECI y su jefe, discrepando en una serie de decisiones y disponiendo que ninguna decisión de la fiscalía sería tomada sin su aval, en especial los casos que involucraran al presidente Giammattei y sus funcionarios; hace algunas semanas Porras incluso se instaló durante varios días en las oficinas de la Feci para investigar sus actividades.

Durante la madrugada del sábado 24 Sandoval abandonó el país, ante el peligro de sufrir agresiones por su trabajo al frente de la fiscalía. Pero antes, en conferencia de prensa, dio a conocer que la FECI tenía abiertos cerca de 200 expedientes contra personas del más alto nivel político y económico, involucradas en actos de corrupción. Informaciones recibidas involucraban a miembros del partido oficial Vamos en actividades corruptas. Porras rechazó que el exsecretario de la presidencia Gustavo Alejos, con varias acusaciones por corrupción, se convirtiera en colaborador eficaz, por su conocimiento del involucramiento de funcionarios del actual gobierno en diversos delitos; la fiscal general obstaculizó sistemáticamente las investigaciones de la FECI en casos relacionados a partidos políticos y empresas.

Se incrementan las protestas

La destitución de Sandoval ha exacerbado la inconformidad de la población con el gobierno. El sábado 24 cerca de un millar y medio de personas se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de la fiscal general y Giammattei, y para mostrar su solidaridad con el fiscal Sandoval. Similares protestas se dieron en Quetzaltenango y Totonicapán. El domingo 25 se conformó una mesa permanente de acción política y social, entre los partidos Winaq, Semilla, Urng, la Asociación de Estudiantes Universitarios, organizaciones indígenas, campesinas y grupos de la sociedad civil, para planificar acciones contra las medidas autoritarias del gobierno.

La dirigencia de los 48 Cantones de Totonicapán ya puso sobre la mesa la realización de un “paro nacional”. Normalmente por paro nacional lo que entienden las organizaciones sociales es la realización de bloqueos de carreteras; este tipo de acciones normalmente afecta el transporte de mercancías de las empresas, y la circulación de la población en general. Nosotros pensamos que los bloqueos, si bien son una forma válida de protesta, tienen un efecto limitado; para sacudir a los grupos corruptos hay que golpear donde mas les duele a los grupos de poder: en los centros de producción. Por ello hacemos un llamado a las centrales sindicales a organizar una huelga general de 24 horas que paralice las fábricas, empresas, comercios y dependencias del Estado, que acompañe los bloqueos de carreteras por parte de las organizaciones indígenas y campesinas. De esta manera, la clase trabajadora se estará poniendo al frente de las luchas democráticas e imprimiendo su sello de clase.