Por Armando Tezucún

La destitución ilegal del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval le está saliendo cara a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras. El 20 de septiembre el secretario de estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció en su cuenta de Twitter que Porras y el secretario general del MP, Ángel Pineda, fueron incluidos en las lista de personajes corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre las personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, y obstrucción de investigaciones sobre corrupción, lista que es mejor conocida como Lista Engel, por su patrocinador el exlegislador Eliot Engel.

La decisión de la administración Biden

Blinken escribió: “En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, el fiscal general Porras de Guatemala y el secretario general Pineda a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353” (Prensa Libre 20/09/2021). En cuanto a Porras, el twit dice que “…obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial contra la impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido de fiscales que investigan la corrupción” (Idem). Dávila fue acusado de obstruir investigaciones de casos de corrupción al alertar a los sindicados sobre los casos que se estaban construyendo en su contra.

Para Porras y Dávila, su inclusión en la lista implica la suspensión de la visa para ingresar a Estados Unidos y la prohibición de ingresar al país, incluyendo a sus familiares cercanos. Esta sanción se suma a la suspensión de la cooperación con el Ministerio Público, decidida luego de la destitución del exfiscal Sandoval, acompañada de la declaración de que Estados Unidos había “…perdido la confianza en el fiscal general y la intención de cooperar con el gobierno de EE. UU. y luchar contra la corrupción de buena fe” (La Hora 23/09/2021). Blinken enfatizó el compromiso de los USA en fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas en el Triángulo Norte centroamericano, como claves para un mejor futuro.

En los últimos tres años, los gobiernos de Trump y Biden han sancionado con esta medida a 22 individuos, incluyendo exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, exministros, ex candidatos presidenciales, ex presidentes, diputados en funciones, miembros de la Corte de Constitucionalidad, alcaldes y miembros de una organización de extrema derecha.

El MP de Porras responde

El MP reaccionó rechazando las acusaciones como “totalmente falsas e infundadas”, pues están basadas en información obtenida de medios de comunicación y personas que evaden la justicia (en referencia a Sandoval), y no se han realizado acciones para verificar la veracidad de lo dicho por las fuentes. Lo que el MP no puede negar es que desde que las estructuras de funcionarios y personajes corruptos lograron controlar el MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, hay un engranaje perfecto que está tomando decisiones para beneficiar a los acusados de corrupción. Los casos más recientes son los del exdiputado Armando Escribá, quien luego de año y medio de cárcel por concusión y fraude (por favorecer a empresas constructoras), logró el arresto domiciliar y otras medidas sustitutivas; el otro caso es el del hermano y el hijo del expresidente Jimmy Morales, a quienes la Sala Tercera de Apelaciones absolvió del caso Botín Registro de la Propiedad, en el cual los estaban implicados por el cobro de un servicio de alimentación que no se realizó.

Curiosamente, el MP defendió a Porras diciendo que por ser ella la fiscal general, es imposible que pueda obstaculizar las investigaciones, como si el nombramiento al cargo implica automáticamente que un funcionario es incapaz de cometer ilícitos al ejercer sus funciones, algo que se contradice con el extenso listado de jueces, ministros, diputados, magistrados, etc. que han sido condenados precisamente por esa razón. El comunicado del MP agregó “resultan lamentables este tipo de acciones cuyo objetivo no es la lucha contra la corrupción, sino que se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas que están perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el Ministerio Público” (Prensa Libre 20/09/2021).

La reacción de Giammattei 

El presidente Giammattei, aliado y amigo de Porras, reaccionó airadamente contra la decisión del gobierno gringo: “Es una falta de respeto hacia las relaciones (entre ambos países) que: primero, se acuse sin pruebas o sustentos; segundo, violar los derechos humanos…y, tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendiente en Guatemala” (Prensa Libre 20/09/2021).

El enojo del mandatario llegó al extremo de atacar indirectamente a Estados Unidos durante su intervención en la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante su discurso acusó a Estados Unidos de ser uno de los principales países consumidores de drogas y responsables del narcotráfico. Giammattei dijo: “nuestra región continúa sufriendo un tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas…me refiero al tráfico de drogas; un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente en los Estados Unidos de América” (La Hora 22/09/2021).

En otra parte de su intervención hizo un llamado a no violar la soberanía y pidió respeto a la democracia, “Un mundo en donde la equidad sea tangible y la aspiración del ser humano a mejorar sus estándares de vida se logre como producto de la solidaridad de los países más desarrollados con los menos favorecidos, sin condicionantes, presiones o intentos de violentar la soberanía a cambio de apoyo, ayuda o cooperación…nunca sujeta a ser un elemento que ponga en riesgo el principio de la auto determinación de los pueblos y el respeto a la democracia, así como a la no intervención de los países en los asuntos internos de otros” (La Hora 22/09/2021).

Lo que el ofendido presidente no mencionó son las acusaciones de corrupción de que son objeto un sinnúmero de funcionarios de su gobierno y de gobiernos anteriores, incluyéndolo a él. Este discurso recuerda a la perorata nacionalista de derecha que desplegaron el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados cuando empezaron a enfrentar las acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Cuando los corruptos son expuestos por gobiernos o entidades de otros países les surge la vena nacionalista y patriótica, pero en otras circunstancias no tienen empacho en vender el país a transnacionales y a políticas impulsadas desde el extranjero.

La administración Biden ante una disyuntiva

Como hemos señalado en otras ocasiones, el vigoroso discurso anticorrupción que blandió el gobierno de Joseph Biden al inicio de su mandato para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ha venido quedando en eso, puro discurso. La nueva administración jamás imaginó que la llegada de un gobierno demócrata en sustitución del energúmeno Donald Trump despertara las esperanzas de un futuro mejor en las empobrecidas masas trabajadoras centroamericanas, desatando una escalada en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Recientemente, a los migrantes de la región se han sumado miles de haitianos que huyen de un país asolado por la crisis política y social.

La aguda crisis migratoria ha llevado a la administración Biden a retomar algunas de las políticas anti migratorias de Trump, como el Protocolo de Protección al Migrante; esta medida, implementada por el gobierno de Trump en enero de 2019, llevó al hacinamiento de miles de migrantes en territorio fronterizo de México, en condiciones extremadamente precarias. El gobierno de Biden retomó la medida, expulsando a miles de solicitantes de asilo a una pequeña localidad llamada El Ceibo, en la frontera entre Guatemala y México, dejándolos en el total abandono.  

La grave crisis de los migrantes ha obligado también a Biden a privilegiar la alianza con los gobiernos corruptos del área para frenar las oleadas de trabajadores centroamericanos, atándose las manos en cuanto a las acciones contra la corrupción. De esta forma, vemos cómo la dictadura Ortega-Murillo desata impunemente una feroz represión contra sus opositores ante la mirada impotente de Estados Unidos. En Guatemala, personajes que han sido incluidos en la Lista Engel, como el diputado Felipe Alejos o el director de la derechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, continúan como si nada atacando a los defensores de derechos humanos o a jueces probos.  

Reiteramos que en la lucha contra la corrupción no debemos estar esperanzados en lo que haga el imperialismo gringo, que actúa por sus propios intereses, sino que deben ser las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas y populares las que llamadas a defender los derechos democráticos y el buen uso de los recursos del Estado. La verdadera solución va más allá de la corrupción, que es solamente un aspecto de un sistema injusto que lleva a la miseria las clases populares. Debemos impulsar la transformación total del país en favor de los oprimidos y explotados, en primer lugar, a través de la instauración de una Asamblea Constituyente de los trabajadores y los pueblos.