Por Armando Tezucún

El desempeño de la economía guatemalteca en el año 2020 fue negativo, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) del -1.5%, frente al 3.5% del año anterior. Esto se debió a las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar la pandemia de Covid-19. El retroceso no fue tan grave como el experimentado por otros países latinoamericanos o algunos países desarrollados.

Pero para la clase trabajadora la contracción de la economía significó un desastre. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportó la pérdida de 60 mil empleos, en las empresas formalmente inscritas; cientos de pequeñas empresas informales cerraron, dejando sin trabajo a otros miles de trabajadores. Además, una enorme cantidad de trabajadores por cuenta propia se quedaron sin poder ejercer sus actividades, debido al cierre de la economía. Otros miles de asalariados no perdieron sus empleos, pero sufrieron recortes de salarios, y 191 mil contratos fueron suspendidos a través del programa Fondo de Protección del Empleo, recibiendo los trabajadores un apoyo mensual inferior al salario mínimo de parte del Estado durante varios meses. Aún no hay cifras oficiales sobre cómo todo esto afectó el nivel de pobreza y extrema pobreza de la población, ni los cambios en los porcentajes de desempleo en la mano de obra o del nivel de ocupación informal de la Población Económicamente Activa. Para terminar de agravar la situación de la población trabajadora, el gobierno decidió no incrementar los salarios mínimos para el 2021.

Por ello se hace necesario examinar la marcha de la economía en los 9 meses y medio transcurridos del año 2021, y sus efectos en las y los trabajadores.

La economía en recuperación

El 30 de septiembre, en conferencia de prensa, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat, la banca central del país), Sergio Recinos, anunció las perspectivas del desempeño económico del país para el presente año. Para Guatemala ratificó un crecimiento de entre 4 y 6 por ciento, con un valor central del 5% en el PIB. A inicios del año, el Banguat estimaba un crecimiento de entre el 2.5 y 4.5%, con un valor central de 3.5%. A medida que los índices económicos fueron creciendo, las estimaciones fueron aumentando, hasta llegar en agosto a un máximo del 5%, según el Ministerio de Finanzas.

Un indicador que toman en cuenta las autoridades del país en materia económica es el índice de confianza en el desempeño económico que manifiestan los empresarios, que en agosto se situó en 69.35 y en 69.89 en septiembre, manteniendo un nivel de crecimiento que beneficiaría la inversión y el clima de negocios.

Otro factor que mencionó el presidente del Banguat, es el crecimiento de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes a sus familias, que podrían crecer entre un 21 y un 24% con respecto al año pasado, es decir, podrían llegar a US$ 14 mil millones, en comparación a los US$ 11,340 millones recibidos el año 2020. Esta enorme cantidad significa ya un 15.5% del Producto Interno Bruto.

En cuanto a las exportaciones, podrían crecer entre el 10.5 y el 13.5%, con un valor central del 12%. Las importaciones también experimentan un crecimiento que podría llegar a un rango de 18.5 y 21.5%, con un valor central del 20%.

La percepción de la burguesía

Como mencionamos, el empresariado guatemalteco ha manifestado confianza en el mejoramiento de la economía. La segunda Encuesta de Percepción Empresarial 2021, realizada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), realizada en una muestra de 94 empresas de 8 diferentes sectores económicos, arrojó los siguientes hallazgos: cuatro de cada diez empresarios confirmaron un crecimiento en las ventas en el segundo trimestre con respecto al mismo período del año pasado, un 61% de los encuestados reportaron una recuperación del nivel de empleo, siete de cada diez patronos prevén estabilidad en el empleo en lo que resta del año. Muchos de los empresarios entrevistados confían en que mejorarán las ventas, la rentabilidad, la inversión y el empleo, superando las expectativas observadas en 2019, antes de la pandemia (Prensa Libre 30/09/2021).

¿A quién beneficia el crecimiento de la economía?

El gobierno y los empresarios se ufanan y hacen alarde de que los índices económicos van al alza, y que el crecimiento del PIB llegará este año al 5%, una tasa que no veíamos desde el año 2007. Lo que no resaltan la burguesía y sus representantes en el Estado es que la economía se está recuperando de una caída del 1.5% y el crecimiento real será del 3.5, una tasa que no se sale del rango que el país viene arrastrando desde 2008. Desde ese año hasta 2019, el crecimiento promedio de la economía guatemalteca ha sido del 3.13%.

Es evidente que este magro incremento en los índices de desarrollo económico se ha revelado insuficiente para resolver los graves problemas de pobreza y extrema pobreza que enfrenta la población trabajadora del país; es más, entre 2006 y 2014 el índice de pobreza aumentó del 51.2% al 59.3%, según la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, y la población en situación de extrema pobreza pasó del 15.3% al 23.4%.

Los funcionarios de los gobiernos burgueses han remarcado continuamente que los datos de la macroeconomía se mantienen estables, en cuando al tipo de cambio frente al dólar, los niveles de inflación que crecen pausadamente sin sobresaltos, etc., pero eso no le sirve a nadie; mas bien las condiciones de vida del pueblo trabajador se ha ido deteriorando. En la economía real, cada año unos 200 mil jóvenes se incorporan a la Población Económicamente Activa, pero solamente se crean unos 20 mil nuevos empleos, lo que hace que 180 mil jóvenes sean candidatos a migrar, a ser trabajadores informales o a unirse a las pandillas violentas.

El crecimiento que necesitaría la economía sería de un rango de entre el 8 y 9% durante varios años, para que se creen suficientes empleos formales, y se generen suficientes ingresos fiscales para que el Estado invierta en salud, educación, vivienda, servicio de agua potable y energía eléctrica para elevar el nivel de vida de la población.

Pero la experiencia muestra que no basta el crecimiento de la economía; hace falta la voluntad política para que el crecimiento beneficie a las y los trabajadores. Y la oligarquía chapina y el resto de la burguesía están a años luz de tener esa voluntad. Los ingresos fiscales del Estado guatemalteco tienen el nivel más bajo de Latinoamérica. En 2019 el porcentaje fue del 13.1% del PIB, por debajo de la media de América Latina y el Caribe, que fue del 22.9%; incluso en Guatemala bajó del 13.2 en 2018 al 13.1 en 2019. El mayor porcentaje de ingresos fiscales proviene de impuestos indirectos, como el IVA, y la oligarquía tradicionalmente se ha opuesto ferozmente a cualquier reforma fiscal que implique incremento a los impuestos directos, favoreciendo un Estado débil que dependa de la empresa privada para proveer servicios a la población, transformándolos en un vil negocio.

En los últimos 20 años, el crecimiento más elevado del PIB fue en 2007, que se incrementó en un 6.33%. Ese fue el último año del gobierno proempresarial del presidente Óscar Berger, siendo él mismo un empresario oligárquico del sector azucarero. A pesar del buen desempeño económico, en diciembre decidió beneficiar a los exportadores y maquileros creando un salario mínimo diferenciado para los trabajadores del sector, inferior al salario no agrícola. El incremento en los salarios mínimos fue inferior al 6%, y a pesar de la buena marcha de sus negocios, los empresarios protestaron diciendo que el aumento provocaría despidos y desempleo (Albedrío 06/01/2008).

La discusión sobre los salarios mínimos de 2022 ya inició, y como era de esperarse, la postura de los empresarios es que no haya aumento, manteniendo los de 2019, frente a la propuesta de los representantes de los trabajadores, que abogan por un salario mínimo de Q 150 diarios.

El caso de las remesas

El sistema económico y social de Guatemala y la región centroamericana se caracteriza por que expulsa a Estados Unidos y México a sus trabajadores, que huyen en busca de mejores oportunidades de trabajo e ingresos. El dinero que envían a sus familias ha venido creciendo en forma exponencial a través de los años, y en 2020, tras una revisión y ajustes de los datos sobre las exportaciones hechas por la Superintendencia de Administración Tributaria, se determinó que, por primera vez, los ingresos por remesas superaron a los de exportaciones. El dinero enviado por los trabajadores en el extranjero fue de US$ 11,340.4 millones, mientras que las exportaciones cerraron en US$ 11,101.3 millones (La Hora 30/09/2021).

Como mencionamos arriba, para 2021 la expectativa es que los envíos lleguen a US$ 14 mil millones, con una tasa de crecimiento a octubre del 36.6%. En promedio, las familias de los migrantes reciben unos US$ 400 mensuales, que invierten sobre todo en construcción de viviendas y consumo de artículos básicos. Lo más probable es que este año las remesas sobrepasen de nuevo a las exportaciones, reafirmando el hecho de que los trabajadores migrantes se han convertido en un factor de primer orden en el sostenimiento de la economía.

Por la defensa de los salarios y el empleo

A pesar de que la economía está regresando a la normalidad, para muchos trabajadores no hay recuperación de sus empleos ni de sus niveles de ingreso. Las y los trabajadores debemos alzarnos en primer lugar por la defensa de los salarios, respaldando a las centrales sindicales en la discusión de los nuevos salarios mínimos, y exigiéndoles que organicen acciones contundentes en las calles y centros de trabajo, más allá de las mesas de negociaciones.