Por Leonardo Ixim

Una serie de luchas de empleados públicos se han realizado en los últimos días, muy a tono a la grave crisis económica que afecta a la población como producto de los efectos de las medidas aplicadas en torno a la pandemia.

Así mientras que el gran empresariado corporativo prevé mejores expectativas económicas y que las autoridades del Banco de Guatemala señala una situación  estable y a Guatemala como de los países que menos se estancó económicamente a nivel mundial, para la clase trabajadora la ambiente es otra.

Tanto en el ámbito privado donde los puestos de trabajo a penas se están recuperando tal como estaba el año 2019, pero en condiciones laborales mucho más difíciles y con salarios estancados pese a la cada vez más} costosa vida que se manifiesta en una constante subir de los precios de productos de primera necesidad.  A eso se agrega una serie de leyes anti laborales que el empresariado y el gobierno de Giammatei planea imponer.

De esa forma en el sector público, en las últimas semanas, se han realizado importantes luchas. Primero fueron las enfermeras del sistema público de salud que se manifestaron en la Plaza de la Constitución en el centro capitalino, exigiendo mejoras condiciones laborales y traspaso al renglón 011, es decir tener un contrato de trabajo con derechos y beneficios acumulados.

De igual forma el Sindicato de Empleados San Juan de Dios, realizo una movilización el pasado cinco de octubre para exigir por una serie de peticiones, tales como asegurar el derecho a vacaciones, así como derecho al descaso para compañeras en estado de gestación exigiendo que se le otorgue el pre, postnatal y una hora de lactancia para trabajadoras que asisten a los centros de trabajo con sus bebes.

También el fundamental tema de trasladar a trabajadores de los renglón 021 y 022 (el cual carece de muchos beneficios como si tiene el 011)  a una cantidad de más de 40 mil trabajadores del sistema público. En ese sentido este sindicato ha tenido una serie de reuniones con diputados de varias bancadas, sobre todo de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y la Unidad Nacional de la Esperanza, en el marco de las discusiones del presupuesto general para 2022, el que según el Ministerio de Salud Pública estaría pidiendo un monto para este ministerio de Q12 millones.

Otra demanda, ha sido en torno a un bono, de tres mil quetzales, el cual es una necesidad ante el costo de la vida, pero que pasa  por un tema de estrategia sindical, que consiste en centrarse no solo en exigir bonos compensadores sino también en aumentar el salario base, ante el hecho que dentro de salud existe empleados que ganan solamente el salario mínimo.

Este sindicato que aglutina a salubristas,  así como personal de enfermería  y que junto a médicos han estado en la primera línea para combatir la pandemia de COVID 19, han realizado asimismo exigencias para que se le otorgue el equipo personal de protección, al cual pese a la verborrea gubernamental, se sigue sin cubrir total y constantemente.

Por otro lado, está el espinoso tema de los pactos colectivos, en recientes días salió a relucir que en el Ministerio de Educación se estaría negociando la renovación de este pacto entre las autoridades ministeriales y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige el polémico Joviel Acevedo. Sin embargo la ministra de educación,  Claudia Ruiz negó que se estaba negociando como tal, sino que el punto con este sindicato era nuevamente sobre el traslado de maestros a plazas bajo contratos 011.

En un país con rezagos educativos, es importante aumentar la cobertura y la presencia de maestros en todo el territorio nacional, garantizándoles derechos laborales básicos como los que contiene el renglón presupuestal 011. Por su puesto la derecha, sus corifeos mediáticos y los opinadores en redes sociales destacan los compromisos de Joviel con los distintos gobiernos de turno para mantener el magisterio amaestrado, pero niegan los importantes logros para las y los trabajadores de educación conseguidos por este personaje. En ese sentido Acevedo un burócrata hecho y derecho, sabiendo que sus intereses se garantizan paliándose con los medios de comunicación ataca a periodistas, cuando estos indagan por las particularidades del pacto colectivo en discusión.

En otro ámbito donde se está discutiendo la renovación del pacto colectivo es en la Universidad de San Carlos, entre la administración y el Sindicato de Trabajadores de la USAC, el cual realizo una asamblea general en el campus central de la universidad en la ciudad capital, para exigir una tercera negociación colectiva. La U que tiene autonomía administrativa, las autoridades llevan años sin renovar este pacto, este sindicato muchas veces cae en el juego de acuerdos con las autoridades de turno, sin embargo las y los empleados adolecen de los mismos problemas que en otras instancias del Estado, muchos trabajadores en renglones donde no se reconocen derechos adquiridos y prestaciones sociales, exigencias de trasladar a 011 una cantidad grande de empleados,  así como algunos que  ganan aún menor que el mismo salario mínimo, sobre todo en fincas y en establecimientos rurales de la USAC.

Consideramos que toda negociación laboral debe ser publica como forma de apertura hacia la población y a las y los trabajadores. Además, nos solidarizamos con las demandas de que todos los empleados sean incorporados al renglón presupuestario 011, con contratos que se renueven automáticamente cada año, con seguridad social, vacaciones, salarios superiores a la canasta básica y demás beneficios contemplados en los tratados internacionales  y leyes en defensa del trabajo.