Por Ricardo Patzán

Desde 1986 el gobierno municipal de la ciudad capital de Guatemala ha sido ejercido por la misma corriente política de extrema derecha, utilizando diversas denominaciones como Partido de Avanzada Nacional (PAN) hasta el actual Partido Unionista (PU). El líder de esta corriente fue Álvaro Arzú Irigoyen, de familia oligárquica, quien ejerció como alcalde de 1986 a 1990, fue presidente de la república de 1996 a 2000 y regresó a la alcaldía de 2004 hasta su fallecimiento en 2018. Su sucesor es el actual alcalde Ricardo Quiñónez, del PU.

Arzú y su clan político han gobernado la ciudad de Guatemala en total hermetismo, asignándose sueldos astronómicos y realizando negocios dudosos. Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) abrió un caso en su contra por el uso de fondos municipales para la campaña política de su partido, Arzú se convirtió en enemigo a muerte de esta entidad y su comisionado Iván Velásquez, y fue el mejor aliado del expresidente Jimmy Morales en sus esfuerzos por expulsar a la Cicig del país.

Uno de los negocios oscuros de la administración Arzú es la Empresa Municipal de Transporte, que administra la línea de buses Transmetro, que, si bien ofrece a la población un servicio satisfactorio y barato, no está exenta de sospechas.

El 3 de noviembre, un grupo de choferes del Transmetro realizó una marcha para exigir el respeto a sus derechos. Los compañeros pertenecen al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (SITRAEMT), y aseguran que “tenemos más de 5 años de estar en la lucha, exigiéndole a la municipalidad que se respete la misma ley municipal que ellos crearon, la Constitución y que respeten los convenios internacionales” (La Hora 03/11/2021). Por haber protestado contra la violación de sus derechos laborales, varios sindicalistas han sido despedidos.

Los compañeros explicaron que las autoridades municipales firmaron un pacto colectivo sin la autorización de la asamblea general del sindicato, nombrándolos “empleados de confianza”. Contra los que se podría pensar, esta categoría permite que la administración cometa arbitrariedades contra ellos, y les niegue privilegios o incentivos que restituyan el riesgo que enfrentan en sus puestos de trabajo. De esta forma, cuatro de sus compañeros han sido despedidos al haber entrado en esta extraña categoría.

Los sindicalistas advirtieron que es posible que las autoridades tomen represalias contra ellos por haber protestado públicamente. “Claro, si toman represalias nosotros seguiremos manifestando porque no es justo que despidan a la gente solo por el hecho de exigir que sean respetados sus derechos” (Idem). El día 5 los compañeros reanudaron las protestas, esta vez frente a las instalaciones centrales de las oficinas municipales.

Nuestra solidaridad para los compañeros pilotos del Transmetro; ya era hora de que los trabajadores municipales se levantaran contra el estilo administrativo paternalista y autoritario impuesto por Arzú.