Por Leonardo Ixim

En los últimos días ha habido sucesos que demuestran la incapacidad del gobierno de Alejandro Giammattei para encontrar una salida a la crisis social agravada por las consecuencias económicas de la pandemia, en un ambiente donde el alto costo de la vida ahoga cada vez mas a la población.

La naturaleza de este gobierno, apoyado por los principales grupos de capital, y su partido, el VAMOS, que ha logrado mayoría en el Congreso de la República, por medio de alianzas con otros bloques legislativos conservadores, ha sido gobernar bajo estados de excepción, instrumento usado por distintos gobiernos después de la firma de la paz para ahogar la resistencia contra proyectos de inversión en bienes y recursos naturales.

Esto queda claro en el plan de seguridad del partido oficial; lo que se reditúa es el posicionamiento del enemigo interno para perseguir a todo sector, ya sean obreros, campesinos, estudiantes, comunitarios, que resistan la aplicación de las políticas neoliberales neocoloniales.

Recordemos el incidente de los veteranos militares, que la semana pasada incendiaron una pequeña porción de las instalaciones del Congreso y varios carros de diputados opositores al gobierno, producto de los ofrecimientos que Giammattei demagógicamente realizó en campaña de entregarle a estos nada menos que Q125 mil por persona, por lo que ellos llaman servicios a la patria durante la guerra interna. En los hechos de la semana pasada se denunció que la Policía Nacional Civil actuó con mucha cautela hacia ellos, a diferencia de la feroz represión desatada en El Estor; lo cual da la idea que estas huestes formadas en la ideología anticomunista pueden ser usadas como fuerzas de choque por los políticos derechistas demagogos.

La oposición de las comunidades campesinas y de pescadores mayas quekchíes del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, escaló de tono tras un plantón protagonizado por estas contra el Proyecto Minero Fénix de la Compaña Guatemalteca de Níquel (CGN) y la empresa PRONICO (dedicado al procesamiento de ese mineral), propiedad de la empresa ruso-suiza Solway.

Esta empresa es heredera de varios emprendimientos mineros existentes desde la década de los setenta, originalmente en mano de la canadiense Exmibal, que en su tiempo fueron denunciados como una forma de expolio, resultando en el asesinato de Julio Camey Herrera y Adolfo Mijangos, el secuestro de Rafael Piedrasanta Aradi, quienes denunciaron los hechos.

Pero a partir de que el actual conglomerado, conformado por empresarios rusos, con nacionalidad israelí, kazaja y lituana e inscrita en Suiza asumió el control, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le han entregado licencias para explotación minera sin generar una consulta con los pueblos indígenas de la zona según el convenio 169 de la OIT, ratificado en 1996.

En junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó el cierre de operaciones tras dictaminar que el MEM le otorgó licencias ilegalmente a la CGN sin consultar a las comunidades. Recientemente, en marzo de 2021 emitió un comunicado reiterando que el Estado debe realizar tal consulta, esto pese a que esta misma rechazó la solicitud de ampliación y aclaración solicitada por varios amparistas sobre la ampliación de la licencia.

Pero la empresa continuó operando, lo cual hizo reaccionar a los comunitarios, manifestando su oposición, hasta haber escalonado en los hechos actuales. Así, el gobierno tuvo el aval del Congreso con solo 80 votos de las bancadas aliadas y de algunos diputados de bancadas que votaron fragmentadamente, para ratificar el Estado de Sitio, donde legalizan una serie de violaciones a los derechos humanos, como la autorización de interrogatorios sin orden de aprehensión por un juez, así como detenciones, las cuales asumen un carácter ilegal y prohibir el derecho a la reunión.

En ese sentido se ha denunciado que han sido allanados las casas de los periodistas del medio informativo Prensa Comunitaria, Carlos Choc y Juan Bautista Xol, lo cual obliga al gremio periodístico a solidarizarse; también se ha denunciado el allanamiento a Olga Marina Che, autoridad del Consejo Ancestral Quekchí de ese municipio. Por otro lado, el Ministerio de la Defensa declaró el establecimiento de un destacamento militar, lo cual es una  forma de control tal como menciona el plan de seguridad del partido VAMOS, a partir de desempolvar las viejas teorías contra-insurgentes a partir de la llamada defensa del territorio.

Consideramos aumentar los plantones de denuncia como los realizados enfrente de las oficinas en CGN, realizando movilizaciones en las principales ciudades del pais, para lograr articular acciones con las principales organizaciones campesinas, sindicatos, grupos estudiantiles y autoridades comunitarias y ancestrales, para detener esta embestida represiva.