Por Armando Tezucún

El martes 2 de noviembre autoridades comunitarias indígenas y ancestrales de la región Norte del país anunciaron la realización de un paro indefinido (bloqueo de carreteras) en solidaridad con las comunidades de El Estor, Izabal, que se encuentran sufriendo represión bajo el Estado de Sitio decretado por el gobierno criminal de Alejandro Giammattei. El paro iniciaría el jueves 4 de noviembre a partir de las seis de la mañana.

Las autoridades anunciaron que a través de estas acciones pedirán al gobierno y al Congreso de la República la anulación inmediata del acuerdo que originó el Estado de Sitio, al Ministerio de Energía y Minas le pedirán la anulación del proceso de preconsulta a realizarse los días 4 y 5 de noviembre, pues está siendo manipulado por esbirros de le empresa minera CGN-PRONICO; además se solicitará que se incluya en el mismo a las 94 delegaciones de las comunidades de El Estor, Izabal, de los municipios de Panzós, Senahú y Cahabón, de Alta Verapaz.

Los dirigentes afirmaron “Hemos concluido que la situación en El Estor, en estos momentos es complicada, sin nuestro apoyo y solidaridad estaríamos dejando a nuestros hermanos y hermanas de ese territorio en manos de un Estado criminal, una empresa depredadora, para dejarlos libres a que persigan, asesinen y encarcelen a nuestros hermanos” (Prensa Comunitaria 02/11/2021). Además indicaron: “Nosotros los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizos de Guatemala nos compete actuar frente a la opresión del Estado de Guatemala de forma sistemática y permanente contra nuestros pueblos, como lo ocurrido contra el Pueblo Q´eqchi´ de El Estor, Izabal, que estaba en resistencia pacífica contra la violación de sus derechos al ser excluidos del proceso de la preconsulta, incumpliendo de esta manera la sentencia 697-2019 de la Corte de Constitucionalidad en relación a la Minería Fénix” (La Hora 03/11/2021). Los compañeros aseguraron que dejarían libre el paso a los vehículos de transporte de verduras, granos, animales y ambulancias, pues pertenecen a sus hermanos que trabajan en el campo.

El día de inicio de las protestas, el gobierno represivo una vez mas agredió a la población que pacíficamente mostraba su solidaridad con las comunidades de El Estor. El Alta Verapaz, un grupo de personas, algunos de ellos pertenecientes al Comité de Unidad Campesina (CUC) y al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), bloqueó la carretera principal en San Julián, Tactic. Hasta ese punto llegaron elementos antimotines y agentes de la Policía Nacional Civil, que desalojaron violentamente a las compañeras y compañeros que protestaban. Después del desalojo los manifestantes se dirigieron al centro de la población de Tactic, donde denunciaron que la policía capturó personas sin orden judicial y agredió a varias mujeres, apartándolas del camino a rastras.

Otros puntos bloqueados fueron la Ruta Balbatzul, Cobán, donde los participantes declararon: “la actividad fue convocada por la comunidad, las autoridades ancestrales también convocaron para solidarizarnos con El Estor, Izabal, que está sufriendo. Son compañeros, vecinos, son personas indígenas que están sufriendo. ¿Qué nos queda a nosotros? Unirnos y solidarizarnos con ellos, porque son hermanos que están sufriendo” (Prensa Comunitaria 04/11/2021. Fotografías, Prensa Comunitaria).

Otros lugares donde hubo protestas solidarias fueron la aldea San José Icbolay, Cobán, donde mediante carteles los pobladores pidieron la renuncia del presidente Giammattei y de los diputados que aprobaron el Estado de Sitio; aquí fue cerrado el puente Icbolay. También hubo acciones en Santa María Cahabón; en la Zona Reina, Uspantán, Quiché; y en el pueblo de Lachuá, Cobán.

Luego de que fuera decretado el Estado de Sitio en El Estor, más de 800 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ejército, la armada y la Fuerza Aérea fueron destacados en la zona; a partir del 25 de octubre estas fuerzas represivas han allanado las casas de miembros del Consejo Ancestral Maya Q´eqchi´ y los hogares de periodistas que cubrieron las protestas de los días anteriores. Hasta el momento se han producido unas 17 capturas, pero ninguna de ellas relacionada con las protestas de los comunitarios. Las personas capturadas lo han sido por delitos comunes, como violencia intrafamiliar, estafa, portación ilegal de arma de fuego y hasta homicidio, pero bajo acusaciones que datan de meses o años atrás. Se dio el caso de la captura de Eduardo Bin Poou, quien tenía una orden de captura de 2017 que ya había sido ejecutada, recibiendo medidas sustitutivas y quedando sujeto a proceso; sin embargo, bajo el Estado de Sitio fue capturado de forma ilegal. El 30 de octubre fueron capturados tres líderes comunitarios de Chichipate, al sur de El Estor, con el pretexto de un conflicto por tierras con el finquero y pastor Carlos Ruiz; la comunidad realizó un bloqueo en la carretera exigiendo la libertad de sus compañeros

En la región hay una larga serie de denuncias de desalojos, agresiones, abusos y asesinatos por parte de la empresa minera, que datan de 2007, 2009 y 2017. Durante las recientes protestas que fueron reprimidas por el decreto del Estado de Sitio fueron agredidos los periodistas Carlos Choc, Baudilio Choc Mac, Juan Bautista Xol y Nelton Rivera González, de Prensa Comunitaria. Personas defensoras de derechos humanos y otros periodistas fueron víctimas de 14 allanamientos a sus viviendas entre el 24 y el 28 de octubre, por parte del ejército, la PNC, fiscalías del Ministerio Público y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Fueron violentadas las viviendas del periodista Juan Bautista Xil, Carlos Choc, de la defensora de derechos humanos Angélica Choc y su hijo el profesor Luis Adolfo Ich Choc, el defensor de derechos humanos German Chub Choc, y la defensora de derechos humanos Olga Marina Ché, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (Prensa Comunitaria 05/11/2021).

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares y de la sociedad civil para que sea creada una amplia coordinadora que realice acciones contundentes para exigir al gobierno criminal de Giammattei la suspensión del Estado de Sitio en El Estor, el cese inmediato de todo tipo de represión contra los comunitarios y el respeto de la decisión de la Corte de Constitucionalidad que suspendió las actividades de la empresa minera.