Por Javier Fonseca

Los días 24 y 25 de enero el país se vio sacudido por numerosos bloqueos realizados por transportistas de la Unión de Transportistas Guatemaltecos, acciones que incluyeron a conductores de mototaxis, tuc tuc, taxis estacionarios y rotativos, fleteros, camiones pequeños medianos y grandes, cabezales, microbuses urbanos y de transporte turístico de todo el territorio nacional.

Los tranques tuvieron lugar en 32 puntos carreteros, y algunos centros urbanos como Sololá y Quetzaltenango. El motivo fue la exigencia de que el gobierno derogue el acuerdo 17-2020, que obliga a toda la variedad de empresarios del transporte colectivo urbano o de carga autorizados para circular por la vía pública, a contratar un seguro anual de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para indemnizar por muerte, lesiones y daños y perjuicios en casos de accidentes.

La medida, originalmente decretada por el gobierno de Jimmy Morales (2016 – 2020) ha generado ya varias acciones de protesta por parte de los afectados, de modo que su entrada en vigencia había sido postergada tres veces, siendo la última fecha acordada febrero de 2022. El 21 de enero, luego de que el día 9 el gremio del transporte anunciara los nuevos bloqueos, el presidente Alejandro Giammattei y su ministro de gobernación postergaron por cuarta vez la medida, prorrogando por seis meses la entrada en vigencia de su reglamento y otorgando un plazo de 30 meses para que los empresarios lo contraten, por medio del acuerdo 9–2022. Esta decisión la tomaron los funcionarios pese a una ola de accidentes de tránsito que desde hace 5 meses ha causado 167 muertes, 748 personas heridas y Q 30 millones en daños; se justificaron con la situación de la pandemia de Covid-19 y asegurando que continuarán conversaciones con los empresarios en febrero, marzo y abril.

A pesar del acuerdo 9-2022, los transportistas decidieron no suspender la realización de bloqueos, aduciendo que ellos no quieren prorrogar el acuerdo, sino que sea suspendido definitivamente. De este modo, desde las 6 de la mañana del 24 las carreteras fueron bloqueadas.

Pero no todos los miembros del gremio estuvieron de acuerdo con las acciones. La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, la Asociación de Transportistas Internacionales y la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) no acuerparon la medida, asegurando que están de acuerdo con que se contrate el seguro, pero no con los altos precios que quieren cobrar las compañías aseguradoras, que en el caso de los cabezales de varios ejes llega a Q 9 mil anuales; esperan que se llegue a un acuerdo por medio del diálogo, no por medidas de fuerza. La CNT aseguró que el transporte pesado sí cumple con tener un seguro de responsabilidad civil desde antes de la promulgación del acuerdo 17-2020. Quienes procedieron a interrumpir el tráfico en las carreteras son pues, empresarios pequeños, como taxistas, mototaxis, tuc tuc y fleteros, que no cuentan con recursos para pagar el seguro.

Los bloqueos del 24 y 25 finalizaron con un par de incidentes con policías heridos, dos agentes secuestrados y varios huelguistas detenidos. El propio 25 se reanudó el diálogo entre el gobierno y empresarios, con la finalidad de reformar el acuerdo 17-2020 y trabajar un nuevo reglamento que se adecúe a las necesidades de la población, los usuarios y los transportistas.

Está claro que las víctimas de accidentes deben ser protegidas y se debe garantizar su atención médica, resarcimiento a las familias en caso de fallecimiento y reparación de daños materiales. El punto es que esto no resulte en un jugoso negocio para las empresas aseguradoras, en contubernio con el gobierno. La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros aseguró que han propuesto tarifas accesibles en la mesa de diálogo; pero estas son las mismas que rechazó la CNT y que obviamente rechazan los transportistas que bloquearon carreteras. El mismo presidente Giammattei reconoció que el reglamento del decreto 17-2020 no es justo en cuanto a precios y escalas de tarifas.

Una solución sería que el banco del Estado, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se haga cargo del seguro. Sin embargo, tenemos el precedente de que este mismo banco ha estado a cargo del Seguro Escolar, creado en tiempos en que no hay clases presenciales, que no da cobertura a la totalidad de niños escolares, ni a la totalidad de enfermedades que puedan padecer y atiende principalmente mediante consultas telefónicas; pareciera que es un negocio para enriquecer a los burócratas del CHN. Se debe proceder cautelosamente, bajo la vigilancia de las asociaciones de transportistas, de los sindicatos y organizaciones populares para abortar cualquier intento de hacer negocio de la tragedia de la población, ya sea de parte de las aseguradoras privadas o de la burocracia del CHN.