Por Ricardo Patzán

Este año 2022 está estipulada la elección de nuevo o nueva fiscal general y titular del Ministerio Público (MP). Este cargo debe ser desempeñado por cuatro años, y quien lo ocupe debe tomar posesión un 17 de mayo y entregarlo el 16 de mayo de su cuarto año de gestión.

El proceso de elección de fiscal general está regulado en la Constitución de la República y debe ser por medio de una Comisión Postuladora, que escoge, entre los aspirantes que presenten su candidatura, a una nómina de seis que es presentada al presidente de la república, quien hace la escogencia final.

Como ya hemos expuesto en otros artículos de nuestro quincenario, este sistema de comisiones de postulación para elegir a diversos funcionarios estatales ha degenerado en tráfico de influencias, compra de votos, luchas de poder al interior de las instancias que participan en las mismas. La intención inicial era que diversos sectores de la sociedad participaran en la escogencia de puestos claves del entramado estatal, pero como en todo Estado burgués, en Guatemala han predominado los intereses de empresarios, de las redes del crimen organizado, de la oficialidad del ejército que busca impunidad por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, y de políticos corruptos que buscan eludir la justicia. Por ello este sistema de elección se deterioró con el tiempo, y en la actual elección se está viendo el mismo esfuerzo de los grupos de poder por influir en el nombramiento de nuevo fiscal general.

El 18 de enero el pleno de diputados del Congreso de la República juramentó a 14 integrantes de la comisión que estará a cargo de elegir la nómina de candidatos a jefe del MP. Por ley, esta comisión está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del Colegio de Abogados (Cang), el presidente del Tribunal de Honor de este colegio, y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de 12 universidades de Guatemala.

El primer síntoma de manejos dudosos se dio con el retiro del decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rural de la comisión, aduciendo problemas de salud. En su lugar fue nombrada Lorena Flores Estrada como nueva decana y participante de la comisión postuladora. Pero resulta que Flores es también asesora parlamentaria del diputado Fidel Reyes Lee, jefe de bloque del partido Bienestar Nacional (Bien), que es parte de la alianza oficialista. ¡Sorpresa! Reyes Lee también es rector de la Universidad Rural, y además, en legislaturas pasadas fue denunciado por cargos de falsedad material, usurpación de atribuciones y falsificación de documentos públicos, según la organización Guatemala Visible (Prensa Libre 19/10/2021). Todo el asunto apesta feo, y es muy cuestionable que personajes de esta calaña se involucren en la elección de fiscal general; incluso, el sistema de comisiones de postulación ha derivado en que universidades de poca monta como esta, quiten y pongan decanos en función de la injerencia en la elección de funcionarios del Estado. Flores fue juramentada por el Congreso el 25 de enero.

Otro cambio sospechoso de decano lo efectuó la Universidad del Istmo de Guatemala el 21 de enero, cuando a última hora cambió a Jary Leticina Méndez por Alejandro Arenales Farné en la decanatura y como integrante de la Comisión Postuladora.

La actual fiscal general María Consuelo Porras, aliada de las estructuras corruptas en el Estado, empezó a intervenir en la elección de su sustituto, cuando admitió en tiempo récord una denuncia espuria de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo contra la Universidad Da Vinci y su decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas David Gaitán, incluyendo una solicitud de captura; la denuncia era porque Gaitán no cuenta con una maestría, requisito para integrar la comisión. Por la presión, Gaitán tuvo que renunciar a la decanatura y a la comisión.

Esta universidad y el exdecano habían presentado una propuesta de metodología a la comisión, que aparentemente no fue del agrado de los grupos de poder. El planteamiento incluía la presentación de un formulario con toda la información relevante de los candidatos y ampliar el espectro de datos solicitados para conocer la trayectoria personal, la experiencia profesional y las vinculaciones familiares, laborales o económicas de los mismos, y otras disposiciones que ampliaban el proceso de elección haciéndolo más trasparente.

La podredumbre del actual sistema de comisiones de postulación es evidente y obliga a reformar de raíz el proceso de elección de estos funcionarios públicos. Reiteramos nuestra propuesta de que el fiscal general y los integrantes de las cortes de justicia sean electos por el voto del pueblo, libre, directo y secreto; y que puedan ser destituidos en cualquier momento por decisión popular.