Por Ricardo Patzán

La crisis económica internacional, vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado un proceso inflacionario global, encarecimiento de granos industriales como trigo, soya y maíz, de los fertilizantes y el alza de los precios del petróleo, está incidiendo significativamente en la economía guatemalteca.

Las autoridades en materia económica ya avizoran un segundo semestre complicado, pues el conflicto Rusia-Ucrania se está prolongando más de lo esperado, y las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia repercuten en alzas constantes en los precios de los combustibles, afectando a países importadores como Guatemala.

El presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT, la banca estatal guatemalteca), Sergio Recinos, declaró que las reacciones en materia de la tasa de interés y la inflación en Estados Unidos y otras economías avanzadas ejercerán presión sobre la economía de Guatemala. De hecho, el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) fue recientemente revisado a la baja, de entre un 3.5% y un 5.5% con un escenario base de 4.5%, al 4%; esta tasa es superior al crecimiento del 3.8% al que se tuvo en 2019. Recinos considera que la economía va bien, con un crecimiento de las remesas del 25%, exportaciones dinámicas, créditos al sector privado del 15% y una inflación del 4.62% en abril.

En este punto los trabajadores no coinciden con las expectativas oficiales, pues ya están sintiendo en carne propia los efectos de la inflación. El Instituto Nacional de Estadística publicó el 8 de junio que la inflación a mayo se ubicó en un 5.82%, con una inflación acumulada de enero a mayo, del 3.77%; el ritmo inflacionario ha sido influido, lógicamente, por las sucesivas alzas en los precios de las gasolinas. El costo de la canasta básica alimentaria ascendió a Q 3,234.62 (unos US$ 418) y la canasta ampliada llegó a Q 7,468.53 (US$ 965). La inflación ya superó al rango esperado para este año por el BANGUAT, que es del 3% al 5%.

El 16 de junio el gobierno dio a conocer el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania, que tendrá un costo de Q 6,741.8 millones, destinado a enfrentar la crisis. Algunos aspectos del plan ya están en ejecución desde hace varios meses, como los subsidios a los combustibles, al gas propano y la energía eléctrica.

Contiene seis ejes, que son: política fiscal, que incluye contención del gasto público, prevenir el desabastecimiento de productos alimenticios e incentivar la inversión física para generar empleo; protección social, creando transferencias monetarias para 15 mil familias en pobreza extrema, ampliación del programa de dotaciones de alimentos, y subsidio temporal a las gasolinas y el gas propano; políticas sectoriales, con la implementación de la reserva de granos básicos, atención a 400 mil familias vulnerables a seguridad alimentaria, apoyo a 300 mil agricultores, activación de contingentes de importación de granos básicos, ampliación de la tarifa social de energía eléctrica; política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, con medidas adicionales de apoyo a la liquidez monetaria y solvencia financiera manteniendo la disciplina fiscal; cooperación internacional, priorizando proyectos de cooperación orientados a la inversión y la generación de empleos. 

Los subsidios y los gastos en infraestructura han sido cubiertos por el saldo de caja por Q 12,800 millones con que el gobierno inició el año, que ya se agotaron. Para el resto del plan, es posible que se haga uso de dos préstamos contemplados por US$ 590 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Los subsidios a los derivados de petróleo no están resultando suficientes para frenar la escalada inflacionaria, pues los precios internacionales están constantemente al alza; además, los recursos con que cuenta el gobierno para subsidiar estos bienes son limitados. Por ello, proponemos que se cree un impuesto especial a las ganancias de los bancos, transnacionales y grandes empresas para financiar estos subsidios y los apoyos directos a la población más necesitada. Además, el gobierno debe implementar una política agresiva de control de precios y evitar la especulación. Pero, sobre todo, los trabajadores debemos iniciar una lucha seria por un aumento general de salarios para enfrentar el deterioro del nivel de vida y los altos precios de bienes básicos. Llamamos a las principales coordinadoras sindicales, Autónomos y Globales, a que establezcan un plan de lucha para presionar al gobierno a incrementar los salarios mínimos como medida extraordinaria ante el alza de precios, e iniciar en cada centro de trabajo revisiones de los pactos colectivos en el tema de salarios.