Por Armando Tezucún

En diversos artículos hemos ya señalado el creciente proceso de endurecimiento del régimen político guatemalteco. En términos generales, podemos decir que el año 2015 fue un punto de inflexión, con la defenestración y encarcelamiento del presidente Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti debido a acusaciones de corrupción por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el Ministerio Público presidido en ese momento por la exfiscal general Thelma Aldana, con el visto bueno de la embajada estadounidense.

¿Por qué se endurece el régimen político?

La crisis política generada por la caída del gobierno del Partido Patriota fue agravada por las manifestaciones y protestas multitudinarias de la población urbana, que empezaron a cuestionar al régimen político en su conjunto y a las estructuras de corrupción sustentadas por empresarios, políticos y el crimen organizado. El poder oligárquico y la embajada gringa lograron hábilmente encauzar el descontento hacia las elecciones generales de ese año, capeando el temporal.

Pero eso no era suficiente. La CICIG y el MP continuaron acusando y enviando a prisión a funcionarios, exfuncionarios y prominentes empresarios, incluso se abrió un proceso contra el hermano y un hijo del nuevo presidente Jimmy Morales. Las cúpulas de poder decidieron poner un alto a las persecuciones, retomar el control de las instituciones del Estado que lideraban las acciones anticorrupción y asegurarse de que las movilizaciones de 2015 no se repetirían. El presidente Morales encabezó la campaña contra la CICIG y el MP, que incluyó cabildeos en los círculos de poder de Estados Unidos. En 2018 nombró una nueva jefa del MP afín a los grupos corruptos, y el 2019 expulsó del país a la CICIG; las estructuras corruptas impidieron la elección de nuevos magistrados de las cortes de justicia en 2019, prolongando el período de funcionarios favorables a ellas. Los partidos de extrema derecha formaron una alianza en el Congreso de la República para impulsar leyes que limitaran las libertades democráticas e impidieran la penalización de actos de corrupción.

La tendencia iniciada por el gobierno de Morales se ha acentuado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, quien asumió en enero de 2020. Desde entonces, las fuerzas que se benefician de la corrupción lograron elegir a todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al nuevo rector de la Universidad de San Carlos, al nuevo Procurador de los Derechos Humanos, reeligieron a la jefa del MP, además de controlar el poder legislativo y las cortes de justicia. Esto ha dado como resultado la persecución de jueces y fiscales independientes, de defensores de derechos humanos, de luchadores sociales y el lanzamiento de propuestas de leyes represivas y/o que favorecen los manejos corruptos en el Estado. Además, numerosos exfuncionarios encarcelados han conseguido que se les otorgue arresto domiciliario, que se cancelen sus procesos u otros beneficios.

Si vemos las cosas desde una perspectiva más amplia, asistimos al fracaso de la apertura democrática iniciada en 1985 y continuada con los Acuerdos de Paz de 1996. La democratización del régimen político se mostró incapaz de cambiar las estructuras económicas y sociales, agudizándose, al contrario, la situación de pobreza y extrema pobreza de las y los trabajadores, dando como resultado, entre otras cosas, una migración masiva de mano de obra hacia Estados Unidos. La crisis generalizada hace que los grupos burgueses oligárquicos requieran cada vez más gobiernos autoritarios para evitar que la situación se salga de las manos y de paso a un ascenso generalizado de las luchas de las masas trabajadoras, que adquiera una perspectiva revolucionaria.

La Convergencia Nacional de Resistencia

Como respuesta, las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y populares han realizado continuas acciones de protesta, dando la batalla contra los empresarios y el gobierno corruptos. Las acciones unitarias entre las agrupaciones populares han estado a la orden del día, así como las propuestas de crear coordinaciones permanentes. La propuesta más reciente es la Convergencia Nacional de Resistencia (CNR).

Esta propuesta ha sido lanzada por sectores de la iglesia católica, y su vocero y figura visible es el cardenal Álvaro Ramazzini; entre los firmantes de su documento de lanzamiento están personajes que son o han sido integrantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, economistas y además ongs defensoras de derechos humanos, y notoriamente, el Comité de Unidad Campesina, CUC, de larga trayectoria de lucha.

La CNR fue lanzada en conferencia de prensa el lunes 3 de octubre. Las declaraciones brindadas por varios de sus integrantes enfatizaron en la resistencia contra las violaciones al Estado de Derecho, los derechos humanos, el alto costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios, la hambruna y la desnutrición, denunciando que “…el gobierno presidido por Alejandro Giammattei condujo al país hacia una dictadura y convirtió el Estado en disfuncional” (Prensa Libre 03/10/2022).

El documento fundacional de la CNR hace énfasis en que el actual régimen autoritario ha dado al traste con el régimen democrático: “El principio de legalidad no se respeta … la sociedad no es regida por el derecho … los tres poderes del Estado actúan en forma conjunta … Las instituciones están cooptadas, debilitadas y actúan a favor del Poder Político …”. Y más adelante afirma que “La Convergencia Nacional de Resistencia es una plataforma cívica ciudadana … integrada sin exclusiones por sectores sociales … identificados por la preocupación común de defender la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala...”

El sello de la iglesia católica se manifiesta en el rechazo al “…uso de la violencia física para lograr un cambio social o político … La CNR promueve la resistencia no violenta como método de lucha y el diálogo incluyente como dinámica de participación para generar propuestas factibles. La acción estratégica no violenta es una forma poderosa para que las personas y los pueblos defiendan y luchen por sus derechos, la libertad, la justicia, la paz…”.

¿Democracia burguesa o democracia revolucionaria?

Consideramos que la creación de la CNR es un notable esfuerzo por dar respuesta a la necesidad real de un movimiento de unidad para enfrentar al gobierno autoritario de Giammattei. De acuerdo al documento fundacional, la Convergencia aún tiene pendiente la elaboración de una estrategia de lucha, un pliego de demandas y actividades a realizar.

Sin embargo, por los objetivos mencionados y la autodefinición que se presenta en el documento, podemos deducir que la aspiración de la CNR es defender la democracia y el Estado de Derecho burgués, ya que no mencionan qué tipo de democracia defienden. Vale decir que en Guatemala el régimen democrático burgués nunca funcionó como se esperaba en los Acuerdos de Paz, debido fundamentalmente a que el poder oligárquico y militar siguió controlando el país, bloqueando, para empezar, las reformas progresistas que debían implementarse según el mandato de los acuerdos. Pero podemos suponer que la CNR busca más bien la instauración de un régimen democrático burgués que funcione satisfactoriamente y promueva un “desarrollo humano, social, integral y sostenible”. Esto lo hará desalojando del poder político a las redes criminales, de corrupción e impunidad que mantienen capturado al Estado.

En este punto encontramos un concepto muy popular entre los analistas de las ongs y las asociaciones de la “sociedad civil”: la captura del Estado. Este concepto presupone la existencia de una entidad estatal pura, situada fuera del contexto social, que puede ser tomada, capturada o cooptada por cualquier sector o grupo social lo suficientemente astuto como para tomarlo por asalto. Nosotros nos inclinamos por la concepción marxista del Estado como un andamiaje institucional al servicio de los intereses de las clases dominantes, y, por tanto, moldeado de acuerdo a las necesidades de estos grupos. De acuerdo a esta concepción, un cambio social radical no implica la “recuperación” de un Estado “capturado”, sino su destrucción, y la erección de un nuevo Estado acorde con las necesidades de las clases trabajadoras y populares insurrectas.

A pesar de que el documento fundacional de la CNR habla de la construcción de un nuevo Estado, mediante una Asamblea Nacional Constituyente y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la premisa central de la defensa del Estado de Derecho y la democracia burguesa nos hace dudar del alcance de la transformación del Estado que piensan lograr. De ella se deriva la concepción de la resistencia no violenta, puesto que solo contempla recuperar lo que han capturado las mafias corruptas. ¿Cómo piensa enfrentar la CNR al poder oligárquico-militar-mafioso que defenderá su estado capturado a sangre y fuego? No lo sabemos.

Esta concepción democrática central de la CNR y la intención de “recapturar” el Estado, sin duda hará que pronto sea vista con buenos ojos por la embajada estadounidense y la administración Biden, pues coincide con su estrategia de promover la democracia y el desarrollo para frenar la migración masiva de trabajadores centroamericanos hacia el norte.

Por lo pronto no sabemos si la propuesta de la CNR se convertirá en un polo atractivo para otras organizaciones, como las centrales sindicales, las comunidades indígenas, grupos campesinos y estudiantiles, etc. Si fuera así y se transformara en un actor importante que enfrente al gobierno autoritario y corrupto, los revolucionarios deberemos procurar que gire hacia la izquierda, con un programa democrático revolucionario que busque transformar de raíz el orden social.