Por Armando Tezucún

El ataque contra las libertades y derechos democráticos por parte de las estructuras de poder conservadoras y corruptas, tiene como uno de sus principales pilares la persecución de funcionarios del sistema de justicia que en el pasado tuvieron a su cargo casos de corrupción, enjuiciando y encarcelando funcionarios, políticos, empresarios y militares; recordemos que alrededor de 36 jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran en el exilio, en la cárcel o enfrentan acusaciones espurias en los juzgados.

El 16 de enero inició un nuevo episodio de esta vengativa caza de operadores de justicia, esta vez con implicaciones internacionales. Ese día, el Ministerio Público (MP), a través del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer la emisión de una orden de captura contra cuatro personas relacionadas con el caso Odebrecht por los supuestos delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Estas personas son Thelma Aldana, ex jefa del MP y ahora en el exilio; Mayra Véliz, exsecretaria general del MP; el exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Luis David Gaitán; y Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM) y exasesor de la empresa constructora Odebrecht.

Además, Curruchiche manifestó que la FECI iniciará acciones legales para que “…respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el exjefe de la CICIG Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón”, ambos de nacionalidad colombiana (Prensa Libre 16/01/2023). Pero sucede que Velásquez es ahora ministro de defensa del gobierno de Gustavo Petro, que asumió su mandato en Colombia en agosto de 2022, lo que lanzó el caso al terreno internacional.

Para que tengamos un atisbo de cómo está funcionando el sistema de justicia en Guatemala, diremos que la jueza que giró las órdenes de captura es Carol Patricia Flores Polanco, quien a solicitud de la CICIG perdió su inmunidad en 2015, acusada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deber de presentar declaración jurada patrimonial. Además, en 2011 cerró el proceso que se seguía contra el actual presidente Alejandro Giammattei por el caso de ejecuciones extrajudiciales, cuando fue jefe del Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007.

¿Cuál es la acusación?

De acuerdo a lo que Curruchiche afirmó, los acusados con culpables de haber negociado acuerdos de colaboración eficaz con los brasileños exdirectivos de la empresa Odebrecht, Marcos de Cerqueira Machado y Luiz Antonio Mameri. En virtud de estos acuerdos, los exdirectivos facilitarían la información sobre los sobornos que pagó la empresa a ministros, diputados y otros funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina (2012 – 2015), para que fuera aprobado el contrato de construcción de una carretera; a cambio, enfrentarían un proceso penal por cohecho activo y pagarían una multa de Q 500 mil. Estos acuerdos fueron legalmente aprobados en septiembre de 2017 por la jueza Claudeth Domínguez, de Juzgado de Mayor Riesgo A, y avalados por la Corte Suprema de Justicia.

El argumento del jefe de la FECI es que la negociación fue firmada en Brasil, donde los fiscales guatemaltecos no tenían la competencia para suscribir ese tipo de acuerdos de colaboración eficaz, y que el Estado de Guatemala perdió US$ 384 millones que Odebrecht recibió del Estado y debía pagarle como compensación el manejo corrupto del negocio. Curruchiche acompañó los cargos con epítetos como “oscuras y corruptas negociaciones”, “actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al Estado de Guatemala”, y más adelante acusó a Velásquez de ser parte de una “estructura criminal” que operaba dentro del MP (Prensa Libre 16-17/01/2023).

El caso de la empresa Odebrecht

Los manejos de la brasileña empresa constructora Odebrecht ejemplifican a lo grande el funcionamiento normal del capitalismo en todo el planeta, en mayor o menor medida, según cada país; deja en claro que los negocios de las empresas no marchan sin acuerdos fraudulentos y corruptos con los gobiernos, para obtener permisos, aprobaciones y sobre todo contratos para obra pública o fabricación de bienes para uso del Estado, es la naturaleza del orden burgués. 

Esta empresa pagó sobornos en al menos 12 países a funcionarios gubernamentales de todo tipo para obtener contratos de construcción de obras públicas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo la investigación a partir de 2016, en la que participaron fiscales de al menos 10 países. Entre los presidentes latinoamericanos implicados están Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Álvaro Uribe, Gustavo Noboa, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, Alan García y Ollanta Humala.

En Guatemala resultó implicado el gobierno de Otto Pérez Molina y el Congreso en funciones en esa época, que autorizó la construcción, por Odebrecht, de una carretera de cuatro carriles y cien kilómetros de longitud entre Suchitepéquez y San Marcos. El gobierno destinó el pago US$ 384 millones a la empresa por el proyecto, que no se concretó debido a las investigaciones realizadas por la FECI de ese entonces. Entre 2012 y 2013 se dieron las negociaciones entre Odebrecht y el entonces ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, que culminaron con el acuerdo de un pago de US$ 9.9 millones para el ministro a cambio de que avanzara el proyecto; el Congreso aprobó el primer borrador del contrato sin hacerle modificaciones, y del primer anticipo de la obra, por US$ 38 millones, salió el pago de coimas para los funcionarios, incluyendo diputados del Congreso. Entre los beneficiados por los sobornos están el exdiputado Manuel Baldizón, jefe del extinto partido Lider y excandidato presidencial en 2011 y 2015, y el exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti. Baldizón fue capturado en Estados Unidos en enero de 2018 bajo cargos de lavado de dinero y conspiración; en noviembre de 2019 fue condenado a cuatro años de prisión, pero fue liberado y deportado a Guatemala en junio de 2022, donde fue encarcelado por el caso Odebrecht.

El MP y la FECI manipulan el caso Odebrecht

Las estructuras de poder antidemocráticas y corruptas están empeñadas en revertir los procesos legales impulsados por los organismos de justicia cuando aún eran independientes. Así, en noviembre de 2022 el juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin materia legal la audiencia desarrollada el 8 de septiembre de 2017, en la que los exdirectivos de Odebrecht rindieron declaración implicando a una serie de funcionarios en actos de corrupción, poniendo en práctica el acuerdo de colaboración eficaz firmado por la FECI de ese momento, perdiendo validez su testimonio. Así, el caso iniciaría desde cero y el acuerdo de colaboración quedó anulado.

La primera consecuencia fue que Baldizón se vio beneficiado con arresto domiciliar y una multa, y lanzó su candidatura a diputado por el partido Cambio. Sinibaldi también fue beneficiado con medida sustitutiva, pero no puede dejar la cárcel porque pesan sobre él acusaciones por otros casos. Y Curruchiche quedó con las manos libres para iniciar una nueva persecución contra los exfuncionarios del MP, la FECI y la CICIG.

El gobierno colombiano reacciona

La administración del presidente Gustavo Petro reaccionó vivamente al anuncio de que el MP guatemalteco iniciaría acciones legales contra su ministro de defensa. La primera medida fue llamar a consulta a la embajadora colombiana en Guatemala, Victoria González Ariza. Petro defendió airadamente a su ministro: “Jamás aceptará la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta” (Prensa Libre 16/01/2023).

Por su parte, Velásquez afirmó que contaba con “la tranquilidad de que el trabajo en Guatemala se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparó el funcionamiento de la CICIG” y que aún no había sido notificado sobre algún requerimiento de las autoridades guatemaltecas (La Hora 16/01/2023).

En respuesta, el gobierno de Giammattei reaccionó llamar también a consulta a su embajadora en Colombia, Reagan Vega. En un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que “lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes … hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas” (Prensa Libre 17/01/2023).

En los siguientes días se dio un agrio intercambio de declaraciones, Petro y su vicepresidente Francia Márquez defendiendo a Velásquez: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, “Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al ministro de defensa … un ser humano ejemplo de dignidad y entereza…” (Prensa Libre 17/01/2023). Curruchiche acusando en entrevistas a radios colombianas a Velásquez de ser parte de una estructura criminal, aunque reconoció que no tiene pruebas de que haya recibido dinero por la negociación de los acuerdos de colaboración eficaz.

El presidente guatemalteco Giammattei intentó llamar a la cordura y a una solución diplomática, pero con su habitual imprudencia declaró: “voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político” … “En este caso le diría al señor Petro -tal vez el problema es que después de haber sido perseguido y traficante y todo no comprenda mucho la situación…”. A esto el mandatario colombiano respondió: “Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad al genocidio” (Prensa Libre 17/01/2023).

Se calman las aguas

Con los días, las cosas se fueron calmando. La ONU, organismo al que perteneció la CICIG, aclaró que los exfuncionarios de la misma gozan todavía de impunidad, a pesar de que el ente ya no existe; por tanto, Velásquez no puede ser sujeto de persecución penal. Ambos gobiernos acordaron que sus cancilleres se reunirían durante la cumbre de la CELAC realizada en Buenos Aires, donde ambos funcionarios tuvieron una reunión cordial para empezar a normalizar las relaciones bilaterales.

El gobierno de Petro, un exguerrillero cuyo gobierno de centro se propone “desarrollar el capitalismo colombiano”, ganó las elecciones de 2022 con el apoyo de organizaciones populares y sociales, capitalizando el descontento de las masas manifestado en el Paro Nacional del primer semestre de 2021. Las acusaciones del gobierno guatemalteco contra el ministro Velásquez fueron aprovechadas por la extrema derecha para atacar acremente al gobierno de Petro.

La burguesía colombiana tiene un importante papel en la inversión extranjera de la economía guatemalteca, y podemos afirmar que existe una identidad de intereses entre la oligarquía conservadora guatemalteca y los capitalistas colombianos que se expresan a través de la extrema derecha adversaria de Petro.

Es de primera importancia reforzar la lucha contra el avance del autoritarismo y el ataque a las libertades democráticas por parte de las fuerzas conservadoras representadas por el gobierno de Giammattei. Reiteramos nuestro llamado a las organizaciones sindicales, campesinas indígenas populares a que nos movilicemos incansablemente por la defensa de los derechos democráticos y frenemos la creciente instauración de un régimen dictatorial.