Por Leonardo Ixim

Los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía nacional y trasnacional por apoderarse de los bienes públicos no tienen limites, ahora en este caso es la privatización de los caminos y carreteras del país, en ese sentido la población del municipio del Puerto de San Jose en el sureño departamento de Escuintla realizo una consulta municipal donde se expresó el rechazo a instalar un peaje en la carretera que unirá la cabecera departamental Escuintla, con el mencionado municipio.

En noviembre de 2018 el Congreso de la Republica aprobó con los votos del bloque conservador en el poder, durante el gobierno del FCN-Nación a través del decreto18-2021, la concesión para la construcción de esta carretera y el derecho a cobrar peaje en ella como parte de las denominadas alianzas público-privada coordinada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), una forma velada de privatización.

En el caso de esta importante carretera,  la empresa beneficiada es Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convia) bajo el proyecto “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla–Puerto Quetzal con Cobro de Peaje” por un monto entregado por el Estado  por Q1 mil 100 millones, sin embargo tal empresa está relacionada a la trasnacional mexicana Marhnos que opera desde la década de los noventa del siglo pasado la autopista Palin-Escuintla por medio de peaje, la diferencia es que en Convia existe además capital nacional involucrado.

El decreto legislativo mencionado dice, que el 60 por ciento de lo cobrado por el peaje pasara directamente al gobierno, a las municipalidades que afecta el proyecto, a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y al Consejo Municipal de Desarrollo (CODEDE) del departamento de Escuintla y el 40 % restante para la empresa,  para uso de operación y mantenimiento por 25 años, tiempo que pasara al Estado. Lo que nunca dicen claro es,  cuanto de esto es parte de la ganancia empresarial y si realmente todos estos montos son ciertos.

Recordemos que desde la década de los noventa dentro del plan de ajuste estructural neoliberal impulsado en el gobierno de Álvaro Arzú se redujo las intervención Estatal en materia de construcción de carreteras,  que era una función del CIV. Esto dio auge a una serie de empresas privadas muchas veces sin capacidades reales para eso y que fue caldo de cultivo para la corrupción y la compra de voluntades a funcionarios y  además para el financiamiento electoral ilícito. De tal forma que el CIV se quedó solamente como concesionario de obras y encargado de un fondo (COVIAL) que es una forma de financiamiento directo del Estado a estas empresas.

Sin embargo sectores tradicionales del capital fueron quedando relegados y es así que estos en los últimos años impulsaron las alianzas público-privado por medio de una instancia formalmente estatal, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE),  que no se centra solo en la construcción de carreteras y que obviamente, los sectores tradicionales de la burguesía manejan.

En el caso de esta carretera, las promesas de inversión social que seran distribuidas en la poblacion via gobiernos municipales y Consejos de Desarrollo se queda corto,  por los costos de peaje que se cobrara, el cual esta  más o menos Q20, un poco más de dos dólares, afectando directamente el bolsillo de la población. Es así, que diversas grupos como los COCODES del Puerto de San Jose y otros municipios, el Sindicato de Trabajadores del Puerto Quetzal (principal puerto de carga en el Pacifico),  el Sindicato de Transportistas de Puerto San Jose, la iglesia católica local y otros impulsaron esta consulta vecinal realizada por la municipalidad de Puerto San Jose.

Según reportó Prensa Comunitaria, en la consulta de un total de 35,001 votantes de este municipio, solamente participaron 4,861 votantes, de los cuales 4 mil 734 fueron en contra de la privatización de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, 55 votaron a favor, 64 votos nulos y cero en blanco. Sin embargo para que esta fuera valida,  debió haber participado el 20 % del padrón electoral municipal, un poco más de 7 mil votantes.

Pese a eso se demostró un abrumador rechazo de los que acudieron a votar,  evidenciando  un campaña de manipulación de parte de la empresa y el gobierno para lograr que buena parte de la población no acudiera a votar. Esta y otras consultas municipales como la realizada el año pasado contra un proyecto minero en Asunción Mita donde hubo una participación optima y se demostró también rechazo, pese a estar dentro del marco legal del Código Municipal, el gobierno de Giammatei y la burguesía irrespeta.

Es asi que solamente por medio de la movilización articulándose a otras demandas de la clase trabajadora y en contra del fraude que el partido Vamos piensa imponer,  se lograra detener estos planes de ajuste contra la clase proletaria y los pueblos que habitamos este territorio.