Por Armando Tezucún

El ataque del gobierno de Alejandro Giammattei y sus aliados contra las libertades democráticas, alcanzó un nuevo nivel al finalizar el mes de febrero.

El presidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora fue apresado en julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero; la detención de Zamora se dio cinco días después de que ese medio publicara denuncias de corrupción contra el mandatario guatemalteco. El 28 de febrero Zamora fue ligado a proceso por un nuevo caso, una supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia. Desde el 19 de enero la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) había señalado a la exdirectora financiera de El Periódico, a su presidente y a dos de sus abogados de intentar desviar una investigación, estableciendo una posible conspiración para obstruir la investigación en curso relacionada con lavado de dinero u otros activos que Zamora habría cometido en 2013.

Ese mismo día, el juez Jimi Bremer, quien está a cargo del caso de Zamora, a solicitud de la fiscal del Ministerio Público (MP) Cinthya Monterroso, ordenó la investigación de periodistas y columnistas de El Periódico, por haber incurrido supuestamente en el delito de obstrucción a la justicia. Los periodistas a quienes habría que investigar son Édgar Gutiérrez, Jerzón Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexánder Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar.

Según la fiscal Monterroso, todos ellos habrían colaborado con Zamora en una campaña de desinformación, mentiras y generación de odio para desprestigiar a miembros del organismo judicial. La fiscal afirmó que el caso no cae bajo la jurisdicción de la Ley de Emisión del Pensamiento y los Tribunales de Imprenta, sino que, al tratarse de amenazas y coacciones contra miembros del organismo judicial como jueces, magistrados, y otros funcionarios, hay un delito de obstrucción de justicia, “muy distinto es criticar a un funcionario público en el ejercicio de su cargo que a un funcionario de la administración de justicia, un testigo” (Prensa Libre 28/02/2023).

Monterroso fue más allá y planteó la posibilidad de que la investigación se extienda a otros medios, en la búsqueda del supuesto financiamiento de esta “campaña”: “…Pueden existir, pensando en abstracto, algunos otros medios que se dicen independientes que también reciben el mismo financiamiento. Siguiendo el dinero siempre se da algún rastro importante dentro de las investigaciones” (Idem).

Lo más preocupante es que los casos concretos que mencionó la fiscal en su solicitud al juez, son columnas de opinión y noticias que contienen la interpretación de las acciones ejecutadas contra Zamora y el diario El Periódico por los funcionarios judiciales, por parte de quienes las redactaron; la emisión de estas opiniones e interpretaciones constituyen la columna vertebral de la libertad de prensa y la libertad de expresión del pensamiento, que no son exclusivas de los periodistas, sino que son un derecho democrático de todos los ciudadanos.

Las estructuras corruptas de empresarios, políticos, funcionarios y militares, luego de barrer con los jueces, fiscales y funcionarios de justicia independientes, ahora inician un ataque contra los medios de comunicación independientes. La meta es intimidar y atemorizar a quienes denuncien y expongan los manejos sucios y corruptos de estos grupos de poder criminales, amenazando con persecución judicial y la cárcel.

El 1 de marzo la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sostuvo una reunión con la Asociación de Periodistas de Guatemala y con la Cámara Guatemalteca de Periodismo, para hablar sobre la decisión del juez Bremer. Los periodistas explicaron a la fiscal general que la acusación cae en el ámbito de la Ley de Emisión del Pensamiento y no constituye delito penal. Porras les aseguró que el MP no tiene una política de persecución contra la prensa, sino que es un procedimiento ligado al caso Zamora, por indicios de una campaña que buscaba crear obstáculos al proceso; que el caso pasará a otro juez, quien decidirá si existen o no indicios del caso, y que, además, el MP respeta los Tribunales de Imprenta.

Las palabras de Porras son falacias para encubrir la intención de los poderes corruptos para silenciar a quienes se atreven a denunciarlos. Ante este grave atentado contra las libertades democráticas, hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas y populares a organizar movilizaciones masivas de protesta para poner freno al giro cada vez más dictatorial que está tomando el gobierno de Giammattei y sus aliados. Las y los trabajadores debemos colocarnos al frente de la defensa de los derechos democráticos, encabezando al pueblo; el ataque al periodismo independiente es parte de un plan de agresión que pretende coartar todos nuestros derechos.