Por Armando Tezucún

El rector ilegítimo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos deberá enfrentar una prueba de fuego, la huelga general legal de los trabajadores de la USAC, que está pronta a estallar.

El movimiento huelguístico de los trabajadores sancarlistas tiene que ver con la negociación de un nuevo pacto colectivo, iniciada en 2020. Entre octubre y noviembre de ese año inició el diálogo entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) y las autoridades universitarias en torno al pacto, finalizando en enero de 2021; las comisiones nombradas por ambas partes lograron un acuerdo, firmando el documento para que fuera conocido por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Sin embargo, en febrero de ese año fue arrestado el entonces rector Murphy Paiz, iniciándose una serie de cambios en la administración de la USAC y un período de inestabilidad hasta que Pablo Oliva quedó como rector en funciones. Fue hasta entonces que el CSU pasó a conocer el acuerdo, pero contra toda expectativa fue rechazado.

El nuevo CSU pidió la renegociación de 23 artículos del pacto, en especial rechazando un bono de Q500 para todos los trabajadores, y el aumento de la indemnización a 15 salarios en lugar de los 12 que estaban vigentes. En una asamblea general, los trabajadores decidieron judicializar el pacto colectivo. Se presentó una demanda ante el juzgado de trabajo, el cual generó un conflicto colectivo de carácter económico y social, o emplazamiento, contra la USAC. Al ser decretado el conflicto, el juzgado resolvió que la patronal de la USAC no podría efectuar despidos, ni hacer cambios en los contratos o condiciones laborales, ni tomar ningún tipo de represalias.

Ante el fracaso de posteriores negociaciones, el sindicato presentó una solicitud de declaratoria de huelga legal el 8 de octubre de 2021, iniciando un proceso que se ha ido prolongando. El 29 de octubre del año pasado el STUSC presentó una solicitud de declaratoria de legalidad del movimiento de huelga. Finalmente, el 22 de febrero el juzgado notificó que se iniciaría el conteo de votos de los trabajadores para la declaratoria de huelga.

Hay que mencionar que al asumir ilegalmente el gobierno de la USAC, Mazariegos y su pandilla iniciaron una serie de despidos, que ya ascienden a unos 100 trabajadores, violando la orden del juzgado de trabajo, lo que ha generado otras tantas acciones legales por parte del sindicato para la reinstalación de las compañeras y compañeros.

El Código de Trabajo estipula un procedimiento extremadamente engorroso para que una huelga sea declarada legal, obviamente con la intención de proteger a los patronos contra cualquier protesta, penalizar la suspensión espontánea de labores por parte de los trabajadores y que puedan efectuar despidos alegando ilegalidad de las huelgas.

El código estipula que toda huelga debe ser pacífica, que se debe haber agotado todos los procedimientos de conciliación y arreglo con la patronal, y que la mitad más uno de los trabajadores debe estar de acuerdo con la declaratoria de huelga.

El STUSC ya cumplió con los dos primeros requerimientos, y está a la espera de la votación, que convenientemente, debe ser efectuada por los juzgados de trabajo y/o juzgados de paz del interior del país; es decir, no es el sindicato el que procederá a la votación democrática de los trabajadores, lo que implica un trámite engorroso, pues con 15 días de antelación los juzgados deben informar a las sedes de la USAC que llegarán a hacer el conteo de votos.

El juzgado de trabajo tiene en su haber desde diciembre de 2021 los listados de trabajadores de la USAC, y aún así, la huelga no se ha hecho realidad. Luego del conteo de votos, el juez puede declarar la huelga legal, pero el expediente aún debe ser elevado a consulta a la Sala de Trabajo, que debe resolver en 48 horas; después los trabajadores tienen 20 días para declararse en huelga por medio de una asamblea general, y en un plazo de otros 20 días deberán informar al juzgado de trabajo la fecha en que iniciará la huelga. Al momento de estallar la huelga, el sindicato deberá presentar una solicitud de justicia del movimiento de huelga al juzgado de trabajo, que deberá resolver en 15 días; solamente si el juzgado declara la huelga como justa, el patrono está obligado a pagar los salarios correspondientes al tiempo que dure la huelga.

Respaldamos totalmente al STUSC en esta lucha claramente justa, en especial porque va a socavar la autoridad del usurpador Mazariegos y sus secuaces. Lo compañeros han tenido la paciencia de llevar todo el engorroso proceso legal que estipula el código laboral; debemos tener claro que el proceso es así precisamente para proteger a los patronos contra las luchas espontáneas de los trabajadores, y como se dice coloquialmente, hacerla cansada para que los compañeros desistan de sus luchas por exasperación.