Por Ricardo Patzán

El 20 de abril del año en curso (2023), la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), en acción con el Ministerio Público (MP), giró una orden de detención contra los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez. Es necesario recordar que la FECI actualmente forma parte de los aparatos de justicia del Estado, que paradójicamente se dedican a perseguir a quienes denuncian la corrupción.

Esta detención es el resultado de la consolidación de la persecución contra opositores políticos del Estado de Guatemala, que lejos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, es el gran violentador de derechos humanos en el país. En el caso de Solórzano Foppa, cuando ejerció el cargo de Superintendente de Administración Tributaria logró que la empresa Aceros de Guatemala pagara un monto de Q 782.9 millones por concepto de reparos, intereses y multas debido a evasión fiscal.

Se puede considerar esta captura como un acto de venganza por parte de la élite empresarial del país que busca perpetuar la impunidad, el saqueo del Estado y la continuidad del inhumano modelo socioeconómico impuesto a la población. Además, Solórzano Foppa se postuló como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala por parte de la coalición URNG, WINAQ y Semilla; con esta acción se busca impedir su participación política y electoral en el país y revertir todos los cambios que son resultado de la lucha anticorrupción de décadas anteriores e impedir que esos cambios se repitan.

Se sabe que al momento de su detención no existía aún una orden de captura, evidenciando la politización del sistema de justicia. Mencionamos la politización y ahora también la nula existencia de independencia de poderes en el Estado, porque sí se ha permitido la participación política y electoral de diputados con procesos de antejuicio y de personajes ligados a la corrupción. Paralelamente, el binomio presidencial del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) no fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pese a cumplir todos los requisitos.

Los motivos de la orden de captura son falsificar documentos y justificar un presunto lavado de dinero que implica al periodista José Rubén Zamora, quien también ha sido encarcelado, lo cual se consideró como un ataque al periodismo crítico y a la libertad de expresión por muchos sectores populares. Otro proceso que también es muy cuestionable es la detención en contra de la exfiscal de la FECI Virginia Laparra, a quien se le acusa de revelación de información confidencial. Su proceso ha estado lleno de inconsistencias y se le ha abierto un segundo proceso en su contra, el cual se mantiene bajo reserva actualmente.

Al mismo tiempo en Europa, la ex abogada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Claudia González Orellana ha sido premiada junto al ex fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval con el premio “Abogados por Abogados” como reconocimiento por su lucha anticorrupción en Guatemala. Mientras se persigue y criminaliza a quienes denuncian la corrupción, estas mismas personas son reconocidas por su valentía para enfrentar a quienes se han enquistado en el Estado perpetuando sus malas prácticas.

Esto genera más desconfianza al proceso electoral del domingo 25 de junio del presente año, donde se elige al presidente y vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Las juventudes no se ven motivadas a participar y se prevé un ambiente tenso en las próximas elecciones.

Por eso, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos nuestra urgencia para reformar o cambiar el sistema judicial y socioeconómico del país. Guatemala, un país con más de la mitad de su población viviendo en pobreza, azotada por la violencia homicida y en donde 1 de cada 2 niños sufre desnutrición, necesita un nuevo sistema socioeconómico que dignifique al ser humano y al medio ambiente. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y populares a movilizarse para protestar contra los continuos ataques del gobierno corrupto de Alejandro Giammattei contra las libertades democráticas.

Por último, manifestamos nuestra solidaridad al estudiantado en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica (FEUCR) y a todas las personas y comunidades que valientemente salen en defensa de la única universidad pública de Guatemala, amenazada por un grupo de personas que utilizaron un fraude electoral como método para usurpar la toma de decisiones en la USAC y así beneficiarse a ellos mismos y a quienes pretenden utilizar los mismos métodos para seguir cooptando el Estado otros 4 y muchos años más. Pero los pueblos que habitan este país triunfarán y la verdad y la justicia prevalecerán.