Por Martín Escobedo

Desde el PSOCA (Partido Socialista Centroamericano) hemos denunciado la naturaleza depredadora y acaparadora del capitalismo. Como muestra de ello, hemos descrito el avance del neoliberalismo en Centroamérica, que ha privatizado servicios esenciales como salud y educación. Sin embargo, desde hace décadas atrás -paralelamente con el desarrollo del neoliberalismo en la región- a finales de los noventas, se aprueba la comercialización de semillas genéticamente modificadas desde el norte global.

Actualmente en el congreso de la República de Guatemala se discute la Iniciativa de Ley 6283: “Ley de protección de obtenciones vegetales” que es antecedida por la Ley Monsanto. Ambas pretenden privatizar las semillas nativas en el país, alterarlas genéticamente y acaparar el mercado de alimentos. No olvidemos que Guatemala es un país agrícola y que las clases campesinas han sido empobrecidas, explotadas y despojadas. La privatización de las semillas les pondría en aún mayor desventaja frente a las corporaciones que pretenden apropiarse en su totalidad del origen y suministro de alimentos.

¿Cómo funciona este sistema de privatización? Esta iniciativa propone crear un Registro de Obtentores, otorgando la protección y reconocimiento de los “obtentores” y las semillas registradas bajo su propiedad. Legalmente, los obtentores podrán comercializar exclusivamente del derecho de propiedad de la variedad vegetal que adquieran, pero lo peligroso es que pueden registrar como su propiedad cualquier vegetal en el que no hay ningún tipo de invención o modificación; entonces, quien quiera sembrar dicha variedad vegetal, deberá pagar para su uso, de lo contrario podría ser perseguido penalmente. 

Pero esto no es nuevo, en el año 2014, durante la gestión del expresidente Otto Pérez Molina se promovió desde su gobierno el decreto 19-2014 o la Ley Monsanto, que pretendía hacer lo mismo, pero retrocedieron frente a la organización popular -liderada por agricultores- que se opuso a dicha ley. En esa ocasión engavetaron dicho decreto en el congreso, pero han intentado sacarlo a flote en reiteradas ocasiones desde ese entonces.

Las consecuencias de sembrar sin autorización una variedad que “tiene dueño” van desde multas hasta prisión. El peligro radica en que se pueden registrar incluso las semillas nativas y criollas como propiedad del obtentor. Esto abre paso a otra fase aún más agresiva del capitalismo en el país, modificando los organismos y formas de vida y transformándolos en productos patentables, comerciables y altamente rentables. 

El negocio es redondo, las variedades modificadas genéticamente necesitan de fertilizantes y plaguicidas que genéticamente solamente responderán a los productos producidos por la empresa que ostenta su producción, y es necesario mencionar que estas variedades no se pueden reproducir naturalmente, por lo que será obligatorio comprar las semillas constantemente. Eso implica que los agricultores se verán forzados a comprar el paquete de semillas, fertilizantes y plaguicidas que muchas veces son dañinos para la salud humana como en el caso de aquellos que contienen glifosato, que se ha asociado al cáncer -prohibido en el norte global pero promocionado en Latinoamérica-.

La humanidad ha llegado a un punto de no retorno en donde el socialismo es la única opción para hacer frente al capitalismo, que nos ha conducido a la actual crisis climática y a la explotación y despojo, especialmente de los pueblos originarios y el campesinado. Paradójicamente, podríamos necesitar las semillas genéticamente modificadas en las próximas décadas. La crisis climática ya está aquí y podríamos necesitar semillas que resistan a los climas extremos, las sequías y las plagas que tienden a empeorar. 

El riesgo de la aprobación de esta ley no es solamente para los agricultores, es para toda la población del país, golpeando directamente al bolsillo de las personas -especialmente las masas empobrecidas- porque los dueños de las semillas pueden poner precios exorbitantes en complicidad con el gobierno de turno, con la aprobación de este último o bien, al no denunciar dicho atropello. El riesgo también está para la biodiversidad y también la salud humana.