Por Armando Tezucún

El día 13 de octubre, después de 12 jornadas de bloqueos, manifestaciones, plantones y tomas de vías públicas, las protestas populares continúan sin detenerse. Este día amanecieron 80 puntos bloqueados, y en días anteriores han llegado a hasta 150. En los puntos bloqueados el espíritu de rebeldía y solidaridad de los manifestantes es remarcable, y la gente celebra el espíritu contestatario generalizado con música, bailes, concursos y algarabía, dando muestras de increíble creatividad en las formas de protesta.

Sin embargo, las fuerzas retrógradas han tratado, desde inicios de esta semana, de implementar una represión generalizada contra la rebelión popular. El lunes 9, la cuestionada fiscal general Consuelo Porras publicó en redes sociales un video en el que expresó su desacuerdo y desagrado con las protestas que exigen su renuncia, calificándolas de ilegales; Porras reclamó que no se ha cumplido el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que autoriza reprimir los bloqueos, y amenazó con interponer nuevas acciones legales para obligar a las fuerzas del orden a disolver por la fuerza las protestas.

En efecto, el Ministerio Público (MP) dirigido por Porras solicitó a la CC una “debida ejecución de amparo”, para presionar al organismo ejecutivo para que dé cumplimiento al amparo provisional emitido por la CC, a petición de las cámaras empresariales para que sean desalojados los bloqueos de carreteras. Este amparo ordenaba al presidente Giammattei, al ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) a reprimir esas protestas, utilizando la fuerza pública “cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales”. El MP de Porras solicitó, entonces, que se ordene a estas autoridades “que den efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte…”, y que en caso de incumplimiento se certifique lo conducente conforme establece la ley (Prensa Libre 8/10/2023).

En una guerra de amparos, el día 10 la CC otorgó otro amparo provisional interpuesto por varias organizaciones indígenas y Acción Ciudadana, para garantizar a la población el derecho a manifestar. En esta resolución, los magistrados del alto tribunal ordenan al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa Nacional, a la fiscal general, al director general de la PNC y al Procurador de los Derechos Humanos, garantizar este derecho. También se ordenó que se cumpla con el derecho de las personas a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción, de industria, comercio, trabajo y propiedad, y habilitar carriles para el paso de vehículos; además, la resolución reitera que la fuerza pública podrá utilizarse cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales.

A pesar de esta resolución, el día siguiente la CC conoció la solicitud de debida ejecución interpuesta por el MP y ordenó a las autoridades competentes la liberación de las carreteras del país y que se garantice la libre locomoción de todos los guatemaltecos, avalando el uso de la fuerza pública si fuere necesario y el acompañamiento del ejército, si fuere necesario también. La CC se adhirió a la visión del MP y de los empresarios, de que los bloqueos han vulnerado los derechos a la vida, salud, seguridad, paz, libre locomoción y un largo etcétera, que se puede resumir en que las protestas populares están afectando los bolsillos y las ganancias de los capitalistas, que no pueden soportar una merma en sus beneficios. Además, la CC ordenó al MP iniciar investigaciones para responsabilizar a las personas que cometan actos delictivos haciendo uso del derecho de la manifestación pacífica, mandato que indudablemente será utilizado para perseguir a los líderes de las protestas.

Pese a lo ordenado por la CC, la actuación de la PNC y el ejército no ha sido efectiva para finalizar con los bloqueos. En algunos lugares, como Chimaltenango, después de haber lanzado gases lacrimógenos, las fuerzas represivas se han tenido que retirar, al ser numéricamente sobrepasadas por la población en rebelión. En la zona 7 de la capital, en la entrada de la colonia Bethania, los antimotines fueron también incapaces de disolver el bloqueo; por otro lado, está el hecho de que los agentes no están fácilmente dispuestos a agredir a la población, en algunos casos, los oficiales han dicho “nosotros también somos pueblo”. En carretera a El Salvador un intento de hombres encapuchados por disolver un bloqueo fue evitado por la policía. Solamente en algunas ocasiones donde se ha dado el diálogo los tranques han sido retirados, pero la gente los vuelve a instalar al poco tiempo.

A partir del lunes 9 el gobierno empezó a implementar la estrategia de colocar infiltrados para provocar a la policía. Esto funcionó ese día en la Plaza Central, cuando encapuchados atacaron a los policías que vigilaban un nutrido plantón, quienes respondieron lanzado gases; el disturbio continuó con los infiltrados causando destrozos a los edificios aledaños. En otros lugares, como en Cayalá, hubo presencia de hombres fuertemente armados intimidando a las personas que protestaban; una investigación reveló que uno de los sujetos está vinculado a la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo. En Petén un bloqueo tuvo que ser disuelto cuando hombres armados y con el rostro cubierto empezaron a disparar a los manifestantes.

Llena de rabia y desesperación, el día 12 Porras se dirigió al Ministerio de Gobernación para exigirle que cumpla con lo ordenado por la CC, pues “no se ha recibido información de que alguna fuerza de seguridad haya intervenido en algún bloqueo”; además le exigió “garantizar el ingreso y egreso a las instalaciones centrales y todas las sedes del Ministerio Público con el fin de continuar la investigación y presentar los resultados al pueblo de Guatemala” (Prensa Libre 12/10/2023).

Las movilizaciones populares no pararán en el futuro inmediato; los intentos de diálogo con el gobierno han sido infructuosos porque el presidente Giammattei se niega a despedir a los funcionarios cuestionados.

Ahora más que nunca urge la conformación de una coordinación general de las organizaciones en lucha. En muchos puntos han sido los vecinos los que espontáneamente han salido a las calles; se hace necesario iniciar la ardua labor de coordinarlos por localidad, departamento y a nivel nacional. Hasta ahora las autoridades indígenas han sido el referente, por haber dado la convocatoria inicial al paro. Una coordinación general podría dar paso a una Asamblea Popular, que empiece a tomar medidas administrativas en los lugares controlados por los manifestantes, incluyendo la conformación de piquetes de autodefensa.

La demanda de renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana deberá ser complementada con la demanda de anulación de todo el proceso legal iniciado contra el Movimiento Semilla, el Tribunal Supremo Electoral, y los resultados del proceso electoral.