Por Armando Tezucún

El lunes 9 de octubre se instaló en Guatemala la Comisión Mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la misión de facilitar acuerdos entre las organizaciones que desde el 2 de octubre han mantenido acciones de protesta en todo el país, y el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta comisión del organismo internacional del imperialismo llegó al país a solicitud del gobierno guatemalteco, petición hecha el 6 de octubre, ante una imparable ola de protestas y bloqueos convocada por organizaciones indígenas que casi han paralizado las actividades económicas en todo el territorio nacional; las organizaciones en lucha demandan la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthya Monterroso y del juez séptimo de primera instancia penal, Fredy Orellana. Se exige la renuncia de estos funcionarios porque han realizado acciones ilegales que amenazan con anular los resultados del proceso electoral realizado en junio y agosto, irrespetando el voto popular emitido en la primera y segunda vuelta.

La Comisión mediadora ha tenido un bajo perfil. Se sabe que el martes 10 las autoridades indígenas se reunieron con los delegados de la OEA, reiterando las demandas de renuncia de los funcionarios cuestionados. Fue hasta el viernes 12 que se dio una reunión formal entre las partes en conflicto.

Giammattei amenaza e intimida

En días previos, Giammattei emitió una serie de declaraciones confrontativas, atacando las protestas sin mencionar siquiera las demandas de los compañeros en lucha. El día 9, mientras el gobierno introducía infiltrados en las protestas con el fin de provocar disturbios, el presidente declaró en cadena nacional que “lo único que puede poner en riesgo el orden democrático son las exhortativas a los bloqueos” … “no son muchos, son pequeños piquetes en todo el país muy consecutivos”; criticó los actos de violencia realizados por los agentes infiltrados “…contra comercios, empresarios y particulares en medio de incidentes que han empezado a salirse de control de los que han promovido el paro nacional, que han hecho llamados a los bloqueos que amenazan con llevarnos al caos”, y en el mejor estilo de la guerra fría y el conflicto armado interno, informó que hay evidencia que han reunido, comprobando que “fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a oenegés nacionales de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación, servicios sanitarios portátiles y la logística de los bloqueos”.

En su ofuscación, Giammattei afirmó que el gobierno ha tenido ataques cibernéticos “de estos mismos países”, y personas extranjeras han asesorado y participado en los bloqueos. Hasta el momento, Giammattei no ha presentado pruebas de la existencia de esos fondos provenientes del extranjero ni ha dicho de qué países provienen. Finalizó haciendo un llamado al presidente electo Arévalo a reunirse en presencia de la comisión de la OEA y discutir una ruta “para asegurar la entrega del poder el 14 de enero de un país en paz y no confrontado entre el pueblo” (Prensa Libre 9/10/2023).     

Luego de un intercambio de declaraciones y acusaciones entre Arévalo y Giammattei, este último pidió al presidente electo que declarara una tregua, asumiendo los pueblos originarios están acatando una orden de Arévalo: “De la orden de liberar, le repito, una tregua que nos lleve 5, 6, 7, 15 días, pero con el país caminando, juntémonos, hagamos esa hoja de ruta que le dije para que el país pueda volver al sendero de la tranquilidad…” (Soy502 10/10/023). En numerosas ocasiones los dirigentes originarios que mantienen las protestas han manifestado que no defienden ni a Arévalo ni al Movimiento Semilla, sino que reclaman el respeto al voto popular y a los derechos democráticos; el mandatario ha hecho el ridículo, revelando que ni lee las noticias, ni se interesa en estar al tanto de lo que plantean las organizaciones populares que lo adversan, o, en todo caso, pretende ignorar e invisibilizar la capacidad de liderazgo y de protagonismo político de los pueblos indígenas, como buen racista que es.

Arévalo reiteró que con quien tiene que reunirse el gobierno es con las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, que dirigen las protestas, y se ofreció a acompañar como testigo el diálogo auspiciado por la OEA.

Inicia el diálogo

Finalmente, el 12 de octubre se llevó a cabo la primera reunión formal entre las autoridades indígenas y el presidente Giammattei, con la mediación de la OEA, en la Casa Presidencial. El gobierno había invitado al MP de Consuelo Porras, pero no envió delegados, aduciendo que la invitación llegó muy tarde y no pudieron hacer los arreglos para acudir.

El encuentro, que duró cuatro horas, no tuvo ningún resultado, pues Giammattei dijo que no tiene la potestad de destituir a la fiscal general, pues no existe un “marco regulatorio” que lo permita (Prensa Libre 12/10/2023), y que al juez solo lo puede remover el organismo judicial. En efecto, en 2016, para proteger a la entonces fiscal general Thelma Aldana de una destitución por parte del presidente Jimmy Morales, fue modificada la Ley Orgánica del MP, estableciéndose que el responsable del MP podría en adelante ser destituido por el presidente de la república, solo en caso de que haya sido condenado en juicio por la comisión de un delito doloso. Esto implica un complicado proceso jurídico que podría durar años. Sin embargo, Giammattei omitió mencionar que esto no implica que no pueda solicitar la renuncia de la fiscal general.

Por su parte, el MP aceptó la invitación a reunirse con los dirigentes indígenas la semana siguiente, pero a condición de que la reunión tenga lugar en la sede del MP, y que previamente se levante el bloqueo a este edificio, y se permita el ingreso de sus funcionarios y trabajadores, lo que implicaría que el proceso e investigación en contra del Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento Semilla y el evento electoral, seguiría libremente su curso, que es precisamente lo que adversan los compañeros en lucha.

Continuarán las acciones contra el gobierno

Al salir de la fracasada reunión, los líderes indígenas informaron que los bloqueos y manifestaciones continuarán por tiempo indefinido, asegurando que no hicieron ningún compromiso. Los compañeros anunciaron que tomarían en adelante 10 medidas, entre ellas buscar reuniones con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y con la fiscal general Porras; evitarán que infiltrados causen disturbios; en los bloqueos se permitirá el paso de unidades de emergencias como ambulancias, y vehículos que transporten alimentos, combustibles y productos de consumo diario.

Después de esta reunión, la cantidad de bloqueos ha disminuido paulatinamente. El sábado 14 se contabilizaron 40, el domingo unos 20, el lunes unos 13, y los puntos bloqueados fueron liberados por horas para permitir el paso del transporte de productos vitales para la población.

Sinn embargo, se anuncian nuevas formas de lucha. El lunes 16 una nutrida marcha de pobladores y comerciantes de San Juan Sacatepéquez marchó hacia la capital en protesta contra los funcionarios corruptos; y otros vendedores de los mercados de San Miguel Petapa, Villa Hermosa, Villa Canales y Villa Nueva (municipios cercanos a la capital), se unieron al plantón que desde el 2 de octubre permanece bloqueando la sede central del MP. Ese mismo día las autoridades ancestrales de Sololá dieron un plazo de 24 a 48 horas para recibir respuesta sobre la solicitud de destitución de la fiscal general Porras. Lo mismo hicieron líderes comunitarios de Quetzaltenango, específicamente de San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y La Esperanza; los compañeros reiteraron su apoyo a los 48 Cantones de Totonicapán y expresaron: “Hay una actitud de desgaste y retardo por parte del presidente de la República … para darle solución a nuestros planteamientos, no asumiendo de manera seria e inmediata las peticiones que como pueblo estamos planteando” (Soy502 15/10/2023). Para el miércoles 18 se espera una marcha multitudinaria desde el interior hacia la capital, y, por supuesto, el día 20, conmemoración de la revolución de octubre de 1944, se espera una enorme manifestación en la capital.