Por Armando Tezucún

En la actual coyuntura de intensas protestas populares contra las estructuras autoritarias que mantienen un status quo de corrupción, los acontecimientos se suceden con rapidez. Trataremos de dar una semblanza y comentar los sucesos más recientes.

La CC ordena liberar el bloqueo en la sede del MP

Sin duda uno de los hechos más importantes ha sido la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Ministerio de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) restituyan el “orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público” y proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de “delitos flagrantes”. Esta orden fue emitida el 18 de octubre y daba un plazo de seis horas para su ejecución; los magistrados de la CC ordenaron también al Ministerio de la Defensa Nacional a prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala (Prensa Libre 18/10/2023). La orden incluyó la amenaza de que, en caso de incumplimiento, los funcionarios responsables serían ipso facto separados de sus cargos.

Previamente, el 12 de octubre, el MP, por medio de un comunicado, instó a la PNC a liberar el acceso al edificio de su sede central, ocupado desde el 2 de octubre por un nutrido plantón de autoridades indígenas y otras organizaciones que protestan contra las acciones ilegales de la fiscalía general para afectar los resultados del reciente proceso electoral. En la nota, el MP recordó que el 8 de octubre había presentado ante la CC un amparo de debida ejecución promovido por el Procurador de los Derechos Humanos, resuelto favorablemente el 11 de octubre, ordenando la liberación de las carreteras del país, y avalando el uso de la fuerza pública, si es necesario, y el acompañamiento del ejército, si fuera necesario.

Sintiéndose inexpugnable e intocable, debido a las limitaciones legales que impiden al presidente destituirla (aparte de la obvia falta de voluntad de mandatario de hacerlo), la jefa del MP Consuelo Porras solicitó el 16 de octubre ante la CC la destitución del ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos por hacer desobedecido e incumplido la orden de esta corte, de liberar el paso y el ingreso al MP. El poder que ha adquirido esta corrupta funcionaria quedó de manifiesto en que horas después Barrientos presentó su renuncia al presidente Giammattei, la cual fue aceptada. El día 17 fue asignado como nuevo ministro de gobernación el general retirado Byron Bor Illescas, asesor de Barrientos.

La orden de desalojo emitida por la CC contenía aspectos que evidencia la intención de inculpar a los compañeros instalados frente a la sede del MP, de toda clase de delitos desproporcionados. La actitud altamente represiva de los magistrados de la CC se denota en la orden de investigar si los manifestantes han incurrido en delitos de Lesa Humanidad, como “exterminio de civiles” o “destrucción de reservas de agua potable”, de “graves violaciones a los derechos humanos de toda la población”, de “obstrucción de la justicia”, ordena que los manifestantes que cometan delitos como bloqueos pueden ser capturados y la PNC debe proceder a su aprehensión (Prensa Libre 18/10/2023).

El diálogo entre las autoridades indígenas y la PNC   

El nuevo ministro de gobernación dio muestras de mantener la misma línea de moderación y diálogo que su predecesor, que han expresado también los oficiales de la PNC, al evitar el uso de la fuerza contra los compañeros en lucha, aplicando los protocolos que obligan encontrar consensos antes que recurrir a la violencia; esto contrasta con el odio de clase y el ánimo represivo que exudan los comunicados y resoluciones del MP de Porras y sus aliados de la CC.

Previo a que se venciera el plazo dictado por los magistrados de la alta corte, se instaló una mesa de diálogo entre representantes del Ministerio de Gobernación, la PNC, el procurador de los Derechos Humanos y los compañeros dirigentes indígenas. Se analizó a profundidad el contenido de la orden de la CC, y los compañeros explicaron que ellos no tienen tomado el edificio del MP, y que las personas que llegan a realizar trámites tienen el acceso libre, que han sido las autoridades del MP las que decidieron que sus empleados trabajen a distancia. En seguida, todas las partes realizaron una inspección del lugar, y se procedió a retirar algunas pancartas y toldos; la PNC procedió a liberar un carril donde colocó vallas que permiten el ingreso al edificio, retirando unos metros las instalaciones del plantón. De esta manera se dio cumplimiento a lo ordenado por la CC, aunque la fiscal general Porras decidió que los trabajadores y fiscales continuarán trabajando de forma remota debido a la presencia de los manifestantes. El plantón continuará de forma indefinida.

Los líderes indígenas deciden levantar los bloqueos     

El jueves 19 de octubre tuvo lugar una reunión convocada por el presidente electo Bernardo Arévalo, entre representantes de los empresarios y autoridades de las comunidades indígenas en lucha, para encontrar una salida a la crisis actual.

Aún no se conoce oficialmente el resultado concreto de este diálogo, y se habla de un documento que se está preparando. Se sabe que estuvieron presentes líderes indígenas, delegados de la burguesía organizada, Arévalo, y actuando como mediador el cardenal Álvaro Ramazzini. Un portavoz de los empresarios refirió que “Hubo varios miembros de diferentes organizaciones del sector empresarial y básicamente se tuvo la oportunidad de conversar de nuevo con todas las autoridades indígenas que estuvieron presentes y los empresarios como tal” … “resultado de esto -diálogo- hay cosas en las que seguimos teniendo diferencias entre unos y otros, hay otros que si estás de acuerdo (…) lo que se va a buscar es que haya un documento que lo revisemos entre todos” (Prensa Libre 19/10/2023).

En el plan de gobierno del Movimiento Semilla se habla del establecimiento de pactos nacionales en diferentes temas para encontrar consensos para la construcción de un Estado Democrático. Históricamente, estos “pactos nacionales” se establecen, no entre los sectores populares y de trabajadores y los gobiernos, sino fundamentalmente entre las clases poderosas y los gobiernos que desean realizar cambios significativos, para contar con la venia de la burguesía, embaucando a representantes de los sectores populares para que firmen acuerdos que al final lo que hacen es garantizar la preservación del orden capitalista frente a procesos reformistas.

Pues Arévalo parece haber iniciado el primero de esos pactos con la burguesía, que convenientemente no mencionó en el enardecido discurso que pronunció frente a las organizaciones sindicales en la grandiosa manifestación del 20 de octubre.

No es casualidad que el mismo 20 de octubre el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, anunciara el levantamiento los bloqueos, iniciando un proceso de reorganización de la lucha. “Todos somos pueblo y el pueblo debe demostrar de alguna y otra manera una resistencia pacífica en las manifestaciones que se tienen, esto no significa que nosotros nos hemos dado por vencidos. Vamos hacia adelante y mantenemos nuestra postura de mantener el objetivo” dijo el líder indígena (La Hora 20/10/2023). Aunque no está definido cómo continuarán las luchas, al parecer una de las nuevas tácticas es que las comunidades del interior viajen a la capital a reforzar la presión en la sede del MP y realizando manifestaciones.

En los últimos días los bloqueos habían disminuido significativamente a nivel nacional: 35 lugares bloqueados el 18 de octubre, 23 el día 19, 27 el día 20, y 3 el 21 de octubre. El día 20, coincidiendo con la multitudinaria marcha en conmemoración a la revolución democrática de 1944, fue levantado el bloqueo en el lugar estratégico denominado Cuatro Caminos. El 21 fue levantado el bloqueo que mantenían compañeros estudiantes de la USAC, el último que quedaba en la capital, aparte del plantón frente al MP, que continúa de forma indefinida.

El 21 de octubre 18 organizaciones empresariales dieron su respaldo tácito a Arévalo mediante un comunicado en el que llaman al “…respeto hacia la voluntad popular, la cual fue manifestada con claridad por medio de las urnas … Exigimos a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a todas las instituciones que conforman el tejido institucional del estado de Guatemala, a respetar y hacer cumplir la ley y fortalecer y proteger el proceso electoral”. Los órganos de la burguesía también dijeron “Respetamos el derecho de manifestación pacífica, el cual es incompatible con bloqueos que generan caos e incertidumbre. En consecuencia, es imperativo que liberen los bloqueos que aún persisten en todo el territorio nacional” (La Hora 21/10/2023).

Es inevitable concluir que en la reunión del 19 se acordó el retiro de los bloqueos a cambio del respaldo de los empresarios organizados al presidente electo. Esta es una muestra del futuro gobierno burgués de Arévalo y los acuerdos que inevitablemente hará con la burguesía. Es cierto que los bloqueos, como táctica de lucha, estaban llegando a un límite, y en varios puntos los compañeros fueron objeto de agresiones por parte de grupos armados vinculados a alcaldes, o a narcos o personas particulares.

Si los compañeros de las autoridades ancestrales decidieron cambiar la táctica a manifestaciones, tienen todo nuestro respaldo. Pero tendrían que ser marchas masivas, con el respaldo de estudiantes, organizaciones barriales, populares y los sindicatos. La experiencia de los bloqueos nos enseña que debe haber una coordinación centralizada, y al menos un mínimo de organización de piquetes de seguridad que garanticen el resguardo de los manifestantes.