Por Armando Tezucún

Después de dos semanas de reuniones y negociaciones, finalmente el presidente electo Bernardo Arévalo dio a conocer el resultado de su proyecto de pacto interclasista entre organizaciones empresariales y líderes de los grupos indígenas. Bajo el nombre de Acción para la Democracia, el acuerdo de colaboración de clases fue definido como un “espacio de encuentro constante y permanente que facilita el diálogo para así lograr la acción en defensa de la democracia del país”. Según declaró Arévalo, este acuerdo marcará “una ruta de trabajo en el nuevo gobierno” (https://twitter.com/BArevalodeLeon/status/1719538647068791116).

El futuro gobernante está ya anunciando que su gestión se basará en un acuerdo entre clases, por ahora entre un sector de la burguesía y el liderazgo de los pueblos indígenas, pero sin duda Arévalo extenderá la invitación a los sindicatos de trabajadores. Bajo la bandera de la “protección de la democracia”, este acuerdo, como todos los que históricamente se firman entre la burguesía y las clases explotadas y oprimidas, lo que pretende es amarrar de pies y manos a las organizaciones populares para que las luchas por sus reivindicaciones, en los próximos cuatro años, no sobrepasen los límites aceptables para la debida preservación del orden burgués y el capitalismo. No nos sorprende que el pacto ya cuente con la entusiasta aprobación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA, representante de los intereses el imperialismo gringo), Luis Almagro.

Los “objetivos comunes” definidos mediante el diálogo están: “Garantizar el respeto a los resultados electorales definitivos e inalterables oficializados por el TSE … y garantizar la toma de posesión de todas las autoridades electas en el mismo en las fechas 14 y 15 de enero de 2024. Rechazar la criminalización y persecución arbitraria de quienes participaron en la implementación del proceso electoral de forma voluntaria. Defender la democracia, así como trabajar para proteger y fortalecer el sistema democrático del país. Rechazar la violencia y abogar por la solución de conflictos de manera pacífica (Prensa Libre 01/11/2023). El documento fundacional finaliza señalando que los firmantes buscarán “…la creación de estrategias complementarias para abordar estos retos de manera diversa mediante la creación de una agenda que detallará las acciones concretas que se llevarán a cabo” (Idem).

Entre las organizaciones firmantes, además de las principales representaciones de las comunidades indígenas y Arévalo, están la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, la Cámara de Turismo Guatemalteca, la Cámara de Comercio de Guatemala, y el Consejo Nacional Empresarial (CNA), además de otros grupos empresariales de menor importancia. Estos grupos empresariales no forman parte de la coordinadora que agrupa a las cámaras más importantes (Cacif), como la de industria, de la construcción o del agro, y, en especial, el CNA agrupa a medianos empresarios que rechazan al Cacif.

Sin embargo, el 21 de octubre, las principales cámaras agrupadas en el Cacif, y otras asociaciones de la burguesía publicaron una declaración en la que reclamaban el respeto al resultado del proceso electoral, y expresaban que las autoridades electas deberán tomar posesión de sus cargos el próximo 14 y 15 de enero. La Cámara del Agro, una de las más reaccionarias y conservadoras, no firmó este comunicado. Esto significa que una parte importante de la burguesía prefiere la estabilidad de un relevo ordenado de gobierno, a la incertidumbre que causaría coartar el derecho de Arévalo y Herrera a asumir el nuevo gobierno, y prefiere evitar la reacción de los imperialismos europeo y estadounidense ante la imposición de un gobierno que dé continuidad al status quo de corrupción; las consecuencias para los negocios y la economía serían nefastas.

Pero hay un sector de las élites empresariales, familias que detentan monopolios u oligopolios, que hacen parte del G8, que están vinculadas a los grupos emergentes corruptos que parasitan del Estado, y financian a los grupos ultraderechistas de exmilitares, como la Fundación Contra el Terrorismo, la Liga Propatria y Guatemala Inmortal. Estas poderosas corporaciones familiares controlan la producción de cemento, harina, bebidas alcohólicas, productos químicos, farmacéuticos, acero y la banca; aunque sus empresas estén registradas en las cámaras del Cacif, constituyen un poder por encima de éste, y estarían respaldando las maniobras de las instituciones de justicia, el ejecutivo y el legislativo para burlar el resultado de las elecciones (Prensa Comunitaria 30/10/2023, Radiografía de un Golpe Judicial Anunciado).

Las negociaciones entre los líderes indígenas y los grupos empresariales ya produjeron un primer resultado, que fue la suspensión de los bloqueos como forma de lucha; así lo reconoció la vicepresidente electa Karin Herrera, cuando afirmó que las negociaciones: “Están avanzando … ustedes … ya observaron otro tipo de acciones que tomaron desde 48 Cantones, entonces ellos hicieron un anuncio de ciertas medidas que iban a dejar de tomar y entonces yo creo que esto ya demuestra avances y un ponerse de acuerdo” (Prensa Libre 26/10/2023). Entre vacilaciones y falta de coordinación, el retiro paulatino de los bloqueos ha dado paso a la convocatoria a manifestaciones como nueva forma de protesta, las más significativas de las cuales tuvieron lugar el 3 y 4 de noviembre.

Aconsejamos fraternalmente a los líderes indígenas y de las organizaciones populares a mantener su independencia política con respecto a Arévalo y su futuro gobierno, y frente a los grupos empresariales. Es claro que la nueva administración del ejecutivo tendrá muchas dificultades para gobernar, y será esencial el respaldo que pueda tener de parte del empresariado, del imperialismo europeo y estadounidense; y también de los acuerdos que amarren a los sectores populares a su programa de gobierno, evitando las protestas cuando se evidencie que es incapaz de satisfacer las más sentidas demandas del pueblo trabajador. Las organizaciones indígenas, sindicales y populares deberán estar preparadas para levantar sus propias banderas de lucha cuando llegue ese momento.