Por Leonardo Ixim

La visita de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hace unos días, muestra la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la situación interna en Guatemala; recordemos que estamos en un punto estratégico sobre varios puntos de interés para la política exterior de esta potencia imperialista. Nichols fue acompañado por Marcela Escobari, administradora adjunta de la agencia USAID.

El gobierno de Biden ha llevado a cabo en Guatemala una política vinculada a la promoción de los derechos humanos y el combate a la corrupción, lo que se llama el soft power en la jerga de las relaciones internacionales. En ese sentido, las relaciones con el gobierno de Giammattei han sido tirantes, esto pese a los distintos gestos realmente lisonjeros de parte de este gobierno en temas como la guerra de Ucrania o recientemente el apoyo al Estado terrorista de Israel.

Peso a todo esto, la administración Biden ha sido crítica  del gobierno guatemalteco, y especialmente con la dirección que Consuelo Porras le ha imprimido al Ministerio Público y con el fiscal especial Rafael Curruchiche, a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad – hoy punta de lanza de la persecución estatal de la mafia corrupta en el gobierno – al no reconocer la victoria electoral del partido  Movimiento Semilla y del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y  Karin Herrera, intentando  imponer una narrativa de fraude, por medio de la fabricación de pruebas sobre supuestas ilegalidades en la constitución de ese partido, entre otras cosas.

Pero en ese sentido, el objetivo de Washington es claro, exige que asuma el gobierno de Semilla, al que consideran un partido aliado debido a la configuración ideológica de este, política promocionada por el ala del Partido Demócrata, y garantizar así la alternancia ante los intentos de fraude del bloque del poder iniciando por el partido VAMOS y el gobierno de Giammattei; eso, aunque públicamente parezca que tal gobierno estuviera comprometido con la transición.

Lo cierto es que Nichols no se reunió con el presidente, aunque sí con el canciller Mario Búcaro, reuniéndose también con el binomio electo, así como con cámaras empresariales y con las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, que han protagonizado las recientes movilizaciones; esta reunión ha permanecido casi en secreto, aunque se han develado algunos elementos.

 Nosotros consideramos el triunfo de Semilla como una expresión de parte de importantes sectores sociales urbanos, rurales, indígenas, mestizos, etc., aglutinando a diversas capas de las clases populares y capas medias contra el continuismo. En ese sentido sí existe un quiebre contra la casta gobernante mafiosa; pero a la vez también alertamos que aun con sus diversas corrientes en ese partido, pesa una dirección conciliadora que en última instancia busca cierta contemporización con algunos sectores denominados modernizantes de las élites burguesas, y que se imprimió en el curso que han asumido las movilizaciones sociales.

La reunión con Nichols, Arévalo, Karin y el liderazgo de los 48 Cantones dirigido por su presidente de la Junta Directiva Luis Pacheco, junto a algunos representantes cámaras empresariales, como el Consejo Nacional de Empresarial, la de Comercio, la de Turismo y la Alimentos y Bebidas, sirvió para desmontar las tranques de calles y carreteras, sumándose a un desgaste propio de este tipo de táctica de protesta. En los siguientes días circularon comunicados con el sello de estas organizaciones civiles llamando a que se respete la voluntad popular, asumiendo el discurso ideológico que colonizó en recientes días la opinión pública, de no hacer más bloqueos.

Hay un claro resquebrajamiento en la burguesía; por un lado, fracciones como las anteriormente mencionadas cercanas a Semilla y otras, la tradicional oligarquía que mantiene un doble discurso de respeto a la democracia pero que algunas familias poderosas como Castillo, Megly o Novella han apoyado grupos ultra derechistas como la Fundación Contra el Terrorismos, expresión que durante esta coyuntura llamo al ejército a dar un golpe de Estado contra el gobierno para reprimir las movilizaciones. Por su parte, oficialmente el CACIF (que aglutina diversas cámaras empresariales) llama al respeto de la institucionalidad democrática, mostrando una crisis orgánica que se mantendrá aun con el gobierno de Arévalo y Herrera.

Nosotros consideramos que los sectores populares deben asumir una política independiente de clase con respecto a estas expresiones de la burguesía y con respecto a la presencia gringa, donde ese soft power implica no cambiar nuestra condición neocolonial y más en momentos como este en que Biden y compañía apoyan las acciones genocidas de Israel sobre el pueblo palestino.