Por Marcos Galicia “Chicharrón”

Imágenes de multitudes protestando en las carreteras del país encabezaron los principales titulares de muchos medios de información y en las redes digitales de Guatemala y el mundo. Ante el avance de un golpe de Estado orquestado por los tres poderes del Estado: organismo ejecutivo, judicial y legislativo -usando como punta de lanza a las instituciones de justicia e investigación como el Ministerio Público- la población guatemalteca se pronunció en contra de la corrupción que impera en la institucionalidad pública y por el respeto a los resultados electorales.

En las recientes elecciones generales atestiguamos cómo el partido político Movimiento Semilla ganó las elecciones a la presidencia, vicepresidencia y cómo logró convertirse en la tercera bancada más grande en el congreso. Esto no fue bien recibido por la clase corrupta que está parasitando las instituciones de gobierno al servicio de las élites económicas y el narcotráfico. Inmediatamente desde el Ministerio Público -MP- dirigido por Consuelo Porras -a quien se le acusa de plagiar sus tesis y no ser apta para el cargo- comenzó una persecución judicial en contra de Semilla.

Esto desató una serie de protestas en todo el país, principalmente desde las áreas rurales en donde los liderazgos indígenas tuvieron un rol protagónico. Sin embargo, la clase política dirigida por el mismo presidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, retorcieron la legalidad y poca institucionalidad que quedaba, luego de años de cooptación de las instituciones del Estado para debilitar la lucha contra la corrupción, uno de los logros del ex mandatario Jimmy Morales durante su nefasta gestión.

En octubre del presente año, vimos cómo el Ministerio Público secuestró documentación de los resultados electorales, desatando una de las olas de protestas más grandes que ha visto el país. Es de recordar que solo el Tribunal Supremo Electoral puede resguardar la documentación pertinente a las elecciones bajo la mirada jurídica y legal, sin embargo, esto fue transgredido por esta clase política corrupta. Durante las primeras semanas de octubre presenciamos más de 100 expresiones de resistencia en el país.

Lo que más resaltó -y que más controversia generó- fue la manifestación que consiste en bloquear carreteras. Esto es con el objetivo de paralizar el sistema económico y que la oligarquía guatemalteca -la clase dominante- preste atención y escuche las demandas de la población -pues ellos fundaron el Estado criollo a su servicio- y paradójicamente, las demandas por el respeto a la democracia fueron lideradas por los pueblos originarios y ellos han sido excluidos históricamente de la fachada de democracia que existe en el país.

A 36 días del comienzo de esta oleada de protestas -que no habíamos visto en la historia reciente del país- vemos cómo las exigencias de la renuncia de quienes están dirigiendo el golpe de Estado no han tenido el objetivo deseado y cómo estos funcionarios -incluyendo al presidente- no han renunciado ni han dado marcha atrás a sus acciones. El presidente saliente y su régimen deben asegurarse impunidad cuando dejen sus cargos, es por ello que el éxito de Semilla no garantiza que se libren de la justicia por los actos de corrupción durante su gestión.

La guerra judicial lleva años en curso, no es nueva, porque hemos visto la persecución en contra de periodistas, líderes campesinos, estudiantes, ex fiscales anticorrupción y organizaciones interreligiosas. Con el objetivo de infundir terror, la maquinaria judicial utiliza una receta que le ha resultado muy efectiva para neutralizar a todo aquel que se pronuncia en contra de la corrupción. Si no logran asesinar a quienes lideran las luchas sociales proceden a perseguirles penalmente y curiosamente utilizan una misma receta que incluye atribuirles los delitos como:  invasión y daños a la propiedad privada, instigación a delinquir y falsedad ideológica.

La cancelación de la personería jurídica de Semilla es solo un paso pequeño de esta maquinaria de corrupción. Desde el Partido Socialista Centroamericano -PSOCA- no desestimamos la posibilidad de que giren órdenes de captura en contra del binomio electo -Bernardo Arévalo y Karin Herrera- y las principales figuras del partido y de los liderazgos indígenas. La posibilidad se hace más latente, pues las manifestaciones disminuyeron considerablemente y quienes están en los alrededores del MP sufren un desgaste el cual es bastante notorio.

A eso debemos agregar que no todos los intentos de alianzas y articulaciones por parte de las organizaciones indígenas y sociales han tenido éxito. Hemos presenciado cómo algunos liderazgos -por diversas razones- no logran ponerse de acuerdo y no se comprometen a la unidad para vencer a este régimen que nos llevará a una dictadura -al ritmo actual-. La desconfianza por los “infiltrados” que informan al régimen de las acciones ha crecido y ha afectado la capacidad de confiar en otros.

Muy pocas veces hemos visto -entre las demandas recientes- el giro hacia un sistema económico y social distinto, mucho ha girado en torno a la democracia, y poco se ha planteado de la posibilidad de construir el socialismo o de las propuestas de Estado Plurinacional. El imperio estadounidense y los europeos se han pronunciado en contra de las acciones del régimen de Giammattei pero a estos parece no importarles en absoluto. Pues las sanciones estadounidenses no generan el efecto deseado en la clase corrupta.

La batalla por un futuro más digno se definirá en las próximas semanas. Con el diagnóstico actual prevemos que el régimen de corrupción saldrá triunfante y con ello comenzarán periodos de persecución aún mayores. Pero el diagnóstico no es pronóstico, resguardamos la esperanza de que derrotaremos a este régimen y lograremos ponernos de acuerdo para construir un país libre de pobreza, corrupción y colonialismo.