Por Armando Tezucún

El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo, interpuesto el 6 de octubre, que buscaba dar fin a la incertidumbre sobre el relevo del mando presidencial a efectuarse el 14 de enero de 2024; esto en vista de los continuos ataques judiciales de parte del Ministerio Público (MP) y las cortes de justicia contra los resultados del proceso electoral. La resolución de la CC ordenó a los poderes legislativo y ejecutivo garantizar “…imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución Política de la República … En caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes” (Prensa Libre 14/12/2023).

Con la decisión de los magistrados del alto tribunal, los diversos actores involucrados en el proceso electoral, incluida la comunidad internacional imperialista, respiraron aliviados, confiados en que la transición al nuevo gobierno estaría asegurada.

El statu quo maniobra para impedir que asuma el nuevo gobierno

Sin embargo, las estructuras corruptas de empresarios, militares, políticos y crimen organizado, hasta el último momento maniobraron para impedir que el binomio Arévalo-Herrera asumiera el poder.

Algunas de estas acciones se pueden considerar ataques vengativos contra funcionarios que se desligaron del llamado Pacto de Corruptos. Tal es el caso de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, a quienes el Congreso de la República despojó de su inmunidad el 30 de noviembre. Los cuatro magistrados solicitaron licencia para salir del país, sin que hasta el momento hayan regresado. La acusación contra los funcionarios electorales es por la compra sobrevalorada del sistema informático utilizado para la transmisión de los resultados electorales (TREP) utilizado en las votaciones de junio y agosto pasados. El 11 de enero se supo que, a petición del MP, un juzgado penal emitió sendas órdenes de captura contra los magistrados.

Sabemos, por fuentes internas del TSE, que efectivamente el sistema informático fue comprado con sobreprecio, y que además hubo un enorme despilfarro de fondos durante el proceso electoral, y utilización inapropiada de recursos de la institución. Aunque ahora los magistrados sean objeto de la ira del MP y sus intentos de descalificar el proceso electoral, no olvidemos que ellos fueron parte del proceso de control de las instancias del Estado por los poderes corruptos, y como vemos, no están exentos de malos manejos de los fondos públicos.

Otro caso de venganza e intención de dar un castigo ejemplar, fue la captura del exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos el 11 de enero. Barrientos fue acusado por el MP y la Fiscalía de Delitos Administrativos, de incumplimiento de deberes, por no haber removido por la fuerza los bloqueos de vías públicas realizados por las comunidades indígenas y la población en octubre del año pasado. El 16 de octubre el MP solicitó la destitución de Barrientos por no utilizar la fuerza pública para liberar los bloqueos de carreteras, tal como ordenó la CC, ante lo cual éste presentó su renuncia. El exministro se defendió diciendo: “Si hubiéramos actuado con violencia, hubiéramos podido incendiar el país en un marco de violencia que hubiera sido tal vez imparable” (Prensa Libre 11/01/2024). El 16 de enero un juzgado de instancia penal dictaminó falta de mérito a favor de Barrientos, dejándolo en libertad.

Otros intentos de impedir la toma de posesión del binomio Arévalo-Herrera

Ante la creciente evidencia de que el relevo de mando del 14 de enero era inevitable, se dieron intentos desesperados de parte de individuos e instituciones del status quo por impedirlo.

El 5 de enero, el diputado por el Partido Humanista Rudio Lecsan Mérida interpuso ante la CC un amparo contra el Congreso y el TSE por el “riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegítimo, antidemocrático y no representativo” (Prensa Libre 05/01/2024). Según el ahora exdiputado Mérida, el proceso electoral 2023 estuvo viciado y es objeto de una investigación penal, y esto lo invalidaría.

El mismo día, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, notificó por tercera vez al Congreso que el Movimiento Semilla, del presidente Arévalo, está suspendido provisionalmente por una orden de juez. Al amparo de esta suspensión, ya una vez la entonces Junta Directiva oficialista del Congreso había declarado como independientes a los diputados de Semilla, impidiéndoles ser parte de la Junta Directiva, dirigir comisiones y otras ventajas, pero la suspensión fue revertida por la CC. El 12 de enero la Comisión Permanente del Congreso declaró nuevamente independientes a los diputados de Semilla, disolviendo la bancada.

La intención de perjudicar al partido que llevó a la presidencia a Arévalo se evidencia por el hecho de que Semilla está suspendido provisionalmente, pero no ha sido cancelado, y otros partidos que fueron cancelados en el pasado, como el narcopartido Unión del Cambio Nacional, aliado de los corruptos, no vieron disuelta su bancada, e incluso sus diputados han integrado la Junta Directiva del Congreso. De cualquier manera, las maniobras para meter zancadilla a la bancada de Semilla no dieron resultado, pues los partidos de derecha del status quo no lograron controlar la nueva Junta Directiva del Congreso, la cual quedó conformada por diputados de pequeños partidos burgueses de centro, ahora aliados del nuevo oficialismo.

El grupo de ultraderecha Liga Pro Patria presentó el 9 de enero una acción de amparo ante la CC contra el Congreso, ante la “amenaza” de que éste diera juramentación y posesión del cargo al presidente y vicepresidente electos. Según esta liga, la juramentación y toma de posesión de Arévalo y Herrera no procedían porque la elección es “nula ipso jure” (La Hora 09/01/2024).

Estas acciones legales fueron rechazadas por la CC el 12 de enero, confirmando que el binomio podría asumir sus cargos el día 14.

La composicion social del frágil gabinete de gobierno de Arévalo

El 8 de enero el binomio electo presentó a la población el gabinete de ministros que le acompañarán en su gestión. Es una mezcla de tecnócratas, exfuncionarios de gobiernos anteriores, y personajes ligados a las organizaciones de la burguesía, en especial al Comité coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El cuerpo de ministros refleja, por un lado, el acuerdo del nuevo gobierno con las organizaciones internacionales de los imperialismos estadounidense y europeo, sin cuyo apoyo no hubiera podido asumir; y por otro lado, los acuerdos con los empresarios, y autoridades indígenas logrados durante el mes de octubre, bajo el título de “Acción por la democracia”, cuyo primer resultado fue la suspensión de los bloqueos de carreteras, la acción de protesta popular que más ha impactado al país en lo últimos años.

Entre los nuevos ministros cabe destacar a: Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, quien tuvo el mismo cargo en el gobierno de Álvaro Colom (2008 – 2012); en 2012 fue señalado por la extinta Cicig por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad cuando fue parte del directorio del Registro Nacional de las Personas.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega; este es uno de los ministerios clave por los jugosos negocios que se juegan entre empresas constructoras y funcionarios. De la Vega ya tuvo un cargo en este ministerio durante el gobierno pro-oligárquico de Óscar Berger (2004-2008), siendo antes diputada por este partido; fue destituida de su cargo acusada de pedir Q 5 mil a las empresas interesadas en recoger las bases de licitación para la construcción de cárceles, para la compra de un vehículo que serviría para supervisar las obras. De la Vega sostiene que varias auditorías no hicieron reparos sobre su desempeño. Actualmente tiene vínculos con el Cacif, a través de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Ministerio de Energía y Minas, Anayté Guardado, quien dirigió la Asociación de Generadores de Energía Renovable. Esta asociación incluye a empresas hidroeléctricas que han tenido serios conflictos con comunidades indígenas a apropiarse de recursos hídricos. El 10 de enero, Guardado presentó su renuncia al cargo, debido a que fue víctima de una “campaña de desprestigio” en los medios sociales, aduciendo que ya no está agremiada a ninguna organización. Algunos medios incluso la vincularon a la persecución y encarcelamiento del líder comunitario Bernardo Caal, defensor de los recursos hídricos de su comunidad contra megaempresas hidroeléctricas. En su lugar fue nombrado Víctor Hugo Ruiz, ingeniero eléctrico con una larga trayectoria como técnico en instituciones internacionales y nacionales.

En conferencia de prensa el 8 de enero, Arévalo aseguró que nunca fue un eslogan de campaña de su partido Semilla “un futuro sin Cacif”, en el sentido de que su gobierno prescindiría a acuerdos y alianzas con las organizaciones de la burguesía. El nuevo presidente aseguró que su promesa era construir “un gabinete de unidad para gobernar este país en unidad” (La Hora 08/01/2024), es decir con una alianza interclasista que se empezó a perfilar en octubre del año pasado.

Nuestro llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y populares es no dar su confianza a este pacto del nuevo gobierno con la burguesía, y estar alertas para defender nuestros derechos cuando Arévalo privilegie los intereses de los empresarios.