Por Leonardo Ixim

Con la promulgación del decreto gubernamental donde se reforma el reglamento a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano Rural el pasado 29 de enero por el presidente Bernardo Arévalo para elegir a los gobernadores departamentales, se abrió la caja de pandora y la discusión sobre la vigencia de esta figura.

Estos funcionarios tienen la función de representar al mandatario por delegación de éste en el departamento, presidir los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDES), velar por la ejecución presupuestaria asignada a cada departamento, y sobre todo, es una pieza más del centralismo presidencial que ha caracterizado a los sistemas políticos centroamericanos.

Con la emisión de la ley del sistema de Consejos de Desarrollo en el gobierno de Alfonso Portillo, como marco de las reformas relacionadas con los Acuerdos de Paz, sistema que se estructura desde lo local, pasando por lo municipal, lo departamental, lo regional (varios departamentos) y lo nacional, con la participación de organizaciones civiles de trabajadores, campesinas, empresariales, cooperativas, etc., se buscaba la democratización del Estado, pero en la práctica no se ha dado.

Con esta ley, esta antigua figura centralista pretendió cambiar este panorama para que los CODEDES eligieran una terna de tres personas, y en última instancia el presidente en funciones designaría al gobernador departamental. Sin embargo, la fragmentación del mecanismo de partidos políticos, el caudillismo local, y sobre todo el clientelismo donde influyen los alcaldes y diputados distritales, han hecho de este sistema un caldo de corrupción para partidos y políticos, que lo usan para ganar elecciones, como se vio en la última elección donde los partidos VAMOS y UNE fueron mayoritarios en el Congreso y en los Consejos Municipales.

Tras esta reforma, que fomenta más participación, fue aprovechada por una serie de dirigentes y líderes vinculados a los Pueblos Indígenas que fueron fundamentales en la lucha contra el golpe de Estado que pretendía que el Movimiento Semilla no asumiera el ejecutivo. Sin duda una forma de cooptación de estos liderazgos, pues Semilla está necesitado de crear bases orgánicas, sobre todo en los departamentos de mayoría maya, que, como se vio, fueron fundamentales para que Arévalo y Herrera asumieran el gobierno.

Lo paradójico del caso ha sido que líderes como Luis Pacheco, de 48 Cantones de Totonicapán, Edgar Tuy, de la Alcaldía Indígena de Sololá, Angelina Aspuac, del Movimiento Nacional de Tejedoras del departamento de Chimaltenango, Rigoberto Juárez Mateo, importante líder contra proyectos mineros en el departamento de Huehuetenango, Wilberth Marroquín, líder vinculado contra la actividad minera en lago de Izabal en el departamento homónimo, ninguno fue calificado por sus respectivos CODEDES en la terna finalista.

Por el contrario, a quienes calificaron los CODEDES fueron a políticos vinculados a los partidos tradicionales del bloque conservador, que fueron los artífices del intento de golpe de Estado, aunque algunos de estos se hayan desligado en el proceso. Esto evidencia que los mecanismos clientelares usados por estas facciones llamadas partidos políticos están vivos, siendo producto de lo más podrido de la política burguesa. El control de los CODEDES es una mina de oro que maneja en fondos 4 mil millones de Quetzales, unos 500 millones dólares (Sofía Menchu, en El País, 15/02/2024), por ende, es un botín que los partidos clientelares quieren conservar.

Por esta razón, el presidente Arévalo ha querido dar la apariencia de democratizar el nombramiento de los gobernadores, una institución verticalista al servicio de la presidencia, pero en el fondo que quiere manejar los recursos de las alcaldías, decidiendo por encima de las necesidades de las municipalidades

Con la calificación de personajes ligados a partidos políticos han aumentado las objeciones, y el gobierno salió al paso anunciando que no designará a personas con tachas y cuestionamientos. Los CODEDES, por su parte, tienen como fecha límite el 1 de marzo para remitir a la presidencia las ternas respectivas; además pesa la amenaza de judicialización por las reformas al reglamento de la Ley de Consejos De Desarrollo. Arévalo anunció que en caso donde las ternas no estén integradas se repetirá el proceso

Recientemente salió a relucir la propuesta de que los gobernadores fueran electos por la población, tal como en Colombia. Podría ser una salida democrática, hasta cierto punto, pero el problema es que los gobernadores no tienen capacidad de decisión, simplemente ejecutan las políticas de la presidencia.

La figura de los gobernadores es superflua. Una opción democrática sería transformar radicalmente a los CODEDES, que sus miembros sean nombrados directamente por la población y que se conviertan en una gran asamblea popular o parlamento departamental para elevar las exigencias de los municipios al presidente y vigilar si el Poder Ejecutivo cumple con las demandas de los municipios. Su misión esencial debe ser controlar al presidente y que el presupuesto se distribuya de manera equitativa entre las municipalidades. No es necesario reformar la Constitución cuando el pueblo recupera la soberanía y decide por sí mismo. Debemos luchar para que el nombramiento de los CODEDES no se convierta en otra fiesta clientelar de los actuales grupos de poder.