Por Armando Tezucún

Desde que asumió el poder, el gobierno de Bernardo Arévalo ha procedido con cautela ante el Ministerio Público (MP) y su fiscal general, María Consuelo Porras; esta entidad jugó un papel crucial en las maniobras impulsadas por las estructuras de poder mafiosas para anular los resultados electorales que dieron como ganador a Arévalo y su Movimiento Semilla.

Aunque el mandatario anunció que pediría la renuncia de Porras, y esa fue una de las principales demandas durante las protestas populares de finales del año pasado, la nueva administración ha dado muestras de indecisión al respecto, de no saber qué estrategia tomar para destituir a la jefa del MP. Incluso, por momentos, el gobierno ha dado la impresión de haberse resignado a convivir con este enemigo, que en cualquier momento puede volver al ataque buscando desestabilízale. Porras, por su parte, aparenta estar muy confiada y segura, e incluso ha invitado al presidente Arévalo a reunirse con ella cordialmente, como si los acontecimientos del año pasado no hubieran tenido lugar.

El ejecutivo reconoció que el cargo de fiscal general está legalmente blindado, pues la Ley Orgánica del MP establece que el presidente de la República solo puede remover al funcionario de su cargo si fuera condenado por un delito doloso durante el ejercicio de sus funciones. El secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, lo expresó de la siguiente manera: “Quisiéramos someter a un proceso para destituir a la fiscal general, pero no lo podemos hacer porque, legalmente, a partir de la reforma de 2016, el presidente de la República no está facultado para poder destituirla [...]. En su momento el presidente le pidió la renuncia, es lo más que podemos hacer hasta ahora” (Plaza Pública 26/02/2024).

El ejecutivo presenta antejuicio contra la fiscal general

Buscando cómo atrapar a la fiscal Porras en una falta legal, y actuando en acuerdo con el punto de vista expuesto por el secretario general Guerrero, el 29 de febrero el ejecutivo presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra la fiscal general. Ese día, el jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, y el secretario Guerrero presentaron ante el Organismo Judicial una querella penal contra Porras. El asunto es más bien un tecnicismo, acusando a la fiscal general por no atender a una convocatoria hecha por el presidente a que participara en una reunión de gabinete el pasado 29 de enero. Porras acudió a dicha reunión, pero permaneció solo por 25 minutos, pues Arévalo inició una reunión de Consejo de Ministros, y según ella, la ley establece que éste no puede ser integrado por personas distintas a las que establece la ley.

El MP, en defensa de Porras, luego señaló que se dio una irregularidad legal ese día, pues  “el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como el artículo 18 de la Ley del Organismo Ejecutivo, únicamente regulan la obligación del Fiscal General de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en un Acuerdo Gubernativo que le dé vida", y que en dicha reunión no se había emitido ningún acuerdo gubernativo al respecto (Prensa Libre 20/02/2024).

El procurador Saavedra resumió la postura del gobierno de la siguiente manera: “ el rehusarse a participar en esa junta de gabinete podría enmarcarse en una conducta delictiva que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes, ya que es obligación de la fiscal general atender las convocatorias del presidente de la República para coordinar políticas de Estado en los temas para los cuales se le invitó”, añadiendo que Porras debía participar con voz, aunque sin voto, en la deliberaciones del consejo de ministros obligación que incumplió al salirse de la reunión el 29 de enero (Prensa Libre 29/02/2024). El delito de incumplimiento de deberes es penado con entre 3 y 6 años de prisión.

El trámite de la solicitud de retiro de inmunidad de la fiscal general ya está en curso, siguiendo los pasos estipulados por la ley. Un juez competente recibió la denuncia y se inhibió de conocerla, trasladando el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ésta, si acepta la denuncia, deberá trasladarla al Congreso de la República, que integrará una Comisión Pesquisidora integrada por cinco diputados elegidos por sorteo; esta comisión presentará un informe circunstanciado al pleno del Congreso, el cual, por mayoría de votos (las dos terceras partes), declarará con o sin lugar dicho informe. Si se declara con lugar, el expediente retornará a la CSJ, que designará un juzgado que conocerá el caso.

Actualmente el trámite se encuentra en la CSJ, en espera de ser conocido por el pleno de sus magistrados. Debido a que el pleno tiene pendiente de conocer otros casos, el expediente referido a la fiscal Porras aún no ha sido agendado. Tomando en cuenta que la mayoría de los magistrados de la CSJ, electos en noviembre de 2023, tiene vínculos con casos de corrupción de diversa naturaleza, es de prever que no darán trámite a la solicitud de antejuicio contra Porras, pero ya veremos.

La fiscal Porras se cura en salud

Por su parte, la fiscal general, previendo que tarde o temprano sería objeto de ataques legales por parte del gobierno de Arévalo, decidió curarse en salud, figurando activamente en la vida pública, como no lo hacía antes. Porras ha brindado conferencias de prensa al finalizar reuniones con otras instancias del Estado, como el Ministerio de Gobernación, el Consejo de Bienes en Extinción de Dominio y la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades; pero en especial las reuniones que ha tenido con varias instancias del Congreso de la República, como jefes de bloques y la Comisión de la Mujer del Legislativo.

La jefa del MP busca, en primer lugar, reposicionar al desprestigiado Ministerio Público ante la opinión de la población; y, en segundo lugar, agenciarse de aliados en otros órganos del Estado en caso de que se agrave el enfrentamiento con el ejecutivo, en especial en el Congreso, que, como señalamos, es crucial en el proceso de antejuicio en su contra.  

El gobierno denuncia al MP y al expresidente Giammattei

El 7 de marzo, el secretario de la presidencia Juan Guerrero presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) una solicitud para que se realice una auditoría contra el Ministerio Público y su secretario general Ángel Pineda, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas, por la supuesta contratación de un bufete internacional de abogados para investigar a dos guatemaltecos exiliados en Estados Unidos.

De acuerdo con Guerrero, “Por instrucciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, vengo a denunciar ante la población y ante la Contraloría General de Cuentas el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero” (Prensa Libre 07/03/2024). Según la denuncia, el secretario del MP, con el aval de la fiscal general Porras, en noviembre de 2021, solicitó por medio de un oficio al entonces presidente Giammattei, la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos, para actuar contra guatemaltecos exiliados, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado. La presidencia accedió a la petición, involucrando a la PGN y al Ministerio de Finanzas, asignándose la cantidad de Q 461,600 mensuales para ese fin. El bufete cobraría entre US$ 2 millones y US$ 2.5 millones por sus servicios (La Hora 08/03/2024).

Los personajes exiliados afectados son la exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal Juan Francisco Sandoval, y la firma de abogados es Greenberg Trauring, LLP. El secretario del MP Pineda reconoció la existencia de ese oficio, pero que el objetivo del mismo no era perseguir a los mencionados personajes, sino defender al Estado de Guatemala por las sanciones internacionales contra funcionarios como la fiscal Porras, diputados y ministros, bajo la interpretación de que dichas sanciones afectan al Estado, no solo a los corruptos.

La nueva administración de la PGN dio a conocer el contenido del oficio, en el cual se solicita que "se efectúe la defensa internacional del Estado de Guatemala en contra de las acciones de propaganda sistemática que ha devenido en la afectación del sistema de justicia de Guatemala, así como del bien común de la población derivado de las acciones de desprestigio internacional que han sido instigadas, en su mayoría, por estos dos ciudadanos guatemaltecos residentes en los Estados de América" (Prensa Libre 07/03/2024).

Este segundo caso es más serio y tiene más sustento para alcanzar consecuencias penales contra los líderes del MP y el expresidente Giammattei. Se avecina un enfrentamiento agrio a nivel legal entre la administración de Arévalo y las estructuras corruptas que lo adversan. El gobierno debe cumplir con las exigencias que hizo la población en las protestas de los últimos meses del año pasado.  Pero no se trata solo de la lucha contra la corrupción; la población trabajadora enfrenta también el ataque de empresarios voraces contra los salarios, el derecho de sindicalización, altos niveles de inflación, y un decreciente nivel de vida. Arévalo y su equipo han llegado a acuerdos con el Cacif y otras organizaciones empresariales, con la mediación de los imperialismos gringo y europeo. Hay que ponerlo contra las cuerdas, para presionarlo a que realmente se sitúe del lado del pueblo trabajador.