Por Marcos Galicia
La huelga de dolores de la USAC, en su 126 aniversario, reaparece en las calles de la capital. En medio de acciones violentas dentro y fuera del campus y en medio de persecución política, intentos de golpes de Estado, censura y controversia. Pero para narrar la situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), es necesario comenzar contando la historia de quiénes han sido criminalizados y criminalizadas injustamente por exigir un gobierno universitario más democrático y libre de mafias.
En otras ocasiones hemos narrado cómo el Consejo Superior Universitario (CSU) comenzó una persecución política en contra de quienes se manifestaron en contra del fraude electoral en el que Walter Mazariegos Biolis fue impuesto -violando la autonomía universitaria- como rector de dicha casa de estudios, en complicidad con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Recientemente, ese mismo CSU emitió una serie de sanciones en contra de 73 personas estudiantes, trabajadores y docentes de la USAC.
Estas sanciones podrían eventualmente desembocar en la expulsión de las y los estudiantes criminalizados, el despido de las y los trabajadores y docentes y la persecución penal hacia la oposición con el fin de instaurar un régimen totalitario dentro de la USAC. Paralelo a esto, se reactivan nuevamente las alarmas de un golpe de Estado que se había desacelerado. Nuevamente Consuelo Porras al mando del Ministerio Público (MP) y su fiscal Rafael Curruchiche, emprenden una serie de medidas legales para anular las elecciones generales del año pasado y con eso invalidar la presidencia de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y terminar de destruir a su bancada en el Congreso.
La situación es grave, pues vemos que la Organización de los Estados Americanos (OEA) podría intervenir nuevamente y también hubo una visita de alto nivel por parte de Guatemala hacia el gobierno de los Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden respaldó al actual gobierno en la lucha contra la corrupción, en medio de otros intentos de golpe de Estado. Los nuevos intentos de boicotear al gobierno actual provienen del sistema de justicia y el MP en donde buscaban reactivar los antejuicios contra el binomio presidencial.
Nuevamente entra la USAC en la trama del golpe de Estado, porque es a través del caso “Toma USAC: Botín Político” que se busca encarcelar al binomio y a algunos de sus diputados con el fin de reinstaurar al régimen anterior y detener la lucha contra la corrupción. La situación para las y los estudiantes que fueron sancionados tampoco es alentadora, puesto que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha fallado en brindar protección y garantizar sus derechos como estudiantes y personal de la USAC.
Y, por si fuera poco, nuevamente atestiguamos cómo los grupos de “encapuchados” que participan de la Huelga de Dolores protagonizaron una batalla campal entre los grupos de la Facultad de Derecho, Ingeniería y de otros bloques. Mientras un grupo de valientes estudiantes, catedráticos y sindicalistas enfrentan una persecución ilegal e injusta, un pequeño grupo de encapuchados salen a desfilar -muchos en estado de ebriedad- mostrando sin tapujos las latas de cerveza en mano.
Los intentos de golpe de Estado continuarán y no se detendrán hasta que expulsemos a Consuelo Porras y su camarilla del MP; si el régimen de Walter Mazariegos logra expulsar a la digna resistencia continuará la persecución y la censura dentro de la USAC. ¿En qué parte de la Historia nos abandonaron aquellos huelgueros que tenían consciencia y denunciaban las injusticias con coherencia?
El tiempo corre en nuestra contra. Se avecinan las elecciones en Estados Unidos con un Donald Trump que regresa fortalecido y con posibilidades de ganar nuevamente la presidencia frente a un desgastado Joe Biden, a quien sus incursiones bélicas en Ucrania e Israel le están pasando factura. Eventualmente el gobierno de Semilla se acoplará al status quo, si no es que son retirados antes, y la persecución política en Guatemala podría llegar a compararse con lo que sucede actualmente en Nicaragua. Recuperar la USAC es clave para prevenir un mal mayor para el país y la región.