Po Marcos Galicia

Las redes digitales del país reflejaron indignación después de que el medio de comunicación Vox Populi presentara una investigación que involucraba a la hija de la ex ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), María Fernanda Iturbide “Mafer”, quien con carros del Estado hacia viajes personales como “pasear a sus perros”. Mafer también tenía designados a pilotos del Estado. Esto parecía concluir con la destitución de la ministra días después de que la noticia saliera a la luz.

En su lugar, asumió Patricia Orantes, quien se desempeñaba como diputaba del partido oficial, bióloga con amplia experiencia en materia de medio ambiente y recursos naturales. El escándalo de la ministra anterior ocurre días antes del informe de los primeros cien días del gobierno del partido Movimiento Semilla, que de alguna forma representó una esperanza frente al hartazgo de la población hacia la corrupción de los partidos de derecha. Este escándalo debilitó nuevamente la imagen del nuevo gobierno.

Como en otras ocasiones, hemos mencionado que este gobierno es de carácter burgués y goza del apoyo de los imperialismos estadounidense y europeo, sin embargo, sirve de contención para hacer frente a las mafias que se han enquistado en el aparato estatal, proveyendo cierto margen de maniobra política para la reivindicación independiente de la lucha popular y de clases. Pero, ¿Cuál es el estado actual de las luchas ambientales y de los territorios en el país? La situación no pareciera muy alentadora y los cambios prometidos parecen distantes aún, pese a que hay esfuerzos, como mesas de diálogos y actos simbólicos donde se invita a sectores campesinos e indígenas.

Como ejemplo, traemos el caso del Río Machas, ubicado en Puerto Barrios Izabal, en donde existen dos operaciones que dragan al río y alteran su caudal. Estas operaciones ponen en riesgo el acceso al agua de cuatro comunidades: Machacas Carretera, Limones, Champona la INTA y Veracruz. Además, esto también pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico del sector. Las comunidades afectadas se organizan, pero existen casos de intimidación y amenazas hacía, principalmente, mujeres lideresas.

Uno de los dos proyectos encargados del dragado está rodeado de anomalías, pues no cuenta con estudios de impacto ambiental y tampoco se realizaron consultas previas e informadas a las comunidades afectadas. Las comunidades han recurrido al MARN, a la municipalidad y al Ministerio Público (MP) para esclarecer los hechos, sin embargo, no han obtenido respuesta alguna. Se contactó a diputadas del congreso para obtener más información y poder fiscalizar dichos proyectos, pero tampoco se han obtenido resultados.

Este caso es uno de los cientos que existen en Guatemala, en donde ha habido, criminalización y persecución e incluso asesinatos de líderes y lideresas ambientales quienes defienden los territorios y el medio ambiente.

Cabe mencionar que los pueblos originarios sostienen una cosmovisión que contempla una sana convivencia con el medio ambiente, donde los bosques, ríos y montañas son seres vivos con derechos. Sin embargo, desde la imposición capitalista-neoliberal, los bienes naturales no son más que recursos, mismos que necesitaremos más adelante para hacer frente a la crisis climática que lentamente avanza sin que nada la detenga.

Existen líderes presos por la defensa de los ríos como Misael Sen, mártires de organizaciones como el Comité de Desarrollo Campesino CODECA o el Comité de Unidad Campesina CUC, cuyas muertes siguen en la impunidad. Difícilmente el nuevo gobierno entenderá la importancia del resguardo de los bienes naturales ante el extractivismo voraz, y como ejemplo ponemos la mina Cerro Blanco en el oriente del país, misma que según la ex ministra continuará operaciones, pese a que existen resistencias que piden su cierre definitivo.

Una deuda pendiente del nuevo gobierno es la destitución de la infame fiscal general Consuelo Porras y su camarilla del MP. La recuperación del sistema de justicia es una tarea titánica que se avecina en los próximos meses, en donde la recuperación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es clave.

Sin embargo, existen casos esperanzadores, como la cancelación de la prórroga del contrato con PERENCO, empresa con capital europeo que operó en medio de anomalías y de un área protegida rica en biodiversidad, gozando de impunidad con el aval de los gobiernos anteriores. Apoyar a los pueblos originarios y la resistencia universitaria es clave para luchar contra la oligarquía atrincherada en el CACIF y para hacer frente a la crisis climática que ya está aquí y que representa una de las mayores amenazas existenciales para la humanidad.