Por Marcos Galicia

Ligia Hernández fue diputada del Movimiento Semilla durante el periodo anterior, pero debido a desacuerdos a lo interno del partido, declinó su participación para una segunda legislatura. Después de la sorpresiva victoria electoral de Semilla, y el tortuoso camino para la toma de posesión, Ligia fue elegida para ser la directora del Instituto de la Víctima. Este instituto debería ser el encargado de brindar asistencia y atención a las víctimas de delitos, apoyándoles en el acceso a la justicia y a recibir una reparación digna.

Antes de que Ligia fuera elegida para dirigir dicha institución, Alejandra Carrillo, exdiputada del infame Partido Patriota, fue la directora. Carrillo utilizó al instituto como un botín y bolsa de empleo para familiares y amigos de políticos y magistrados cuestionables (Prensa Comunitaria 7/02/2024). Carrillo también fue muy cercana a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales y, por si fuera poco, también es esposa de Felipe Alejos, sancionado por la ley Magnitsky de Estados Unidos por corrupto y antidemocrático.

Fue difícil remover a Carrillo de dicho puesto debido a que el sistema de justicia (al servicio de las mafias) y la Corte de Constitucionalidad impidieron durante varios días que el presidente Bernardo Arévalo la removiera del cargo. Finalmente, después de una larga batalla legal, Carrillo fue destituida y Ligia fue nombrada directora.

Pero ocho meses después del cambio de gobierno, en medio de ataques antidemocráticos por parte del Ministerio Público, Ligia fue detenida debido al caso “Corrupción Semilla” (Prensa Libre 13/08/2024), en el que se le acusa de la comisión del delito de financiamiento electoral no registrado. Este es otro de los ataques de un Ministerio Público cooptado por Consuelo Porras -sancionada internacionalmente por corrupta y antidemocrática- en contra del gobierno actual.

El presidente condenó esta detención “…actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional”. El gobierno de los Estados Unidos de América también condenó el arresto de Ligia "Condenamos enérgicamente el arresto de Ligia Hernández, un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala", escribió en X, Bryan Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos.

Entonces, no solamente en Guatemala se denuncia que el actual sistema de justicia se está utilizando para perseguir a quienes denuncian la corrupción y a quienes fueron electos democráticamente en las urnas y motivo por el cual, el año pasado, se manifestó un levantamiento popular en defensa de la democracia liderado por los pueblos indígenas y originarios del país, a  quienes, paradójicamente, poco les ha beneficiado la escasa democracia de Guatemala.

Ligia indicó en su cuenta de X que “Este desesperado ataque de la fiscalía no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir, todo intento por recuperar nuestro país que sigue capturado por un grupito de criminales”. Y todo esto ocurre en medio de las elecciones del sistema judicial en donde se elegirá a los magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Nuevamente este contexto invita a cuestionar al sistema de justicia del país y no solamente hacia quienes lo manejan y dirigen a favor de las mafias criminales y la oligarquía, sino que también su proceso de elección, porque evidentemente no hay personas probas y honradas en esos puestos y si los hubo, ahora se encuentran en el exilio. El llamado otra vez es para que se elijan a jueces y magistrados por voto popular, pues Guatemala ya demostró que cada vez más está despertando.

Las consignas democráticas comienzan a sonar y eso podría abrir paso a plantear una revolución socialista con un futuro más seguro y libre de persecución judicial de este tipo o también una propuesta de Estado Plurinacional a través de una Asamblea Plurinacional, Popular y Constituyente en el que se tome en cuenta los sistemas de justicia de los pueblos indígenas.